El informe sugiere seguir la normativa comunitaria en certificación energética, que establece que los certificados de eficiencia energética de los edificios se deben realizar por expertos independientes (agentes no implicados en el proceso edificatorio).
Además, se explica que en Euskadi el control externo de los certificados solo es obligatorio para los edificios de nueva construcción con calificación A, B y C.
La normativa europea establece que el control externo debe realizarse sobre una parte significativa de todos los certificados emitidos anualmente independientemente de la calificación obtenida, siendo de esperar que la nueva legislación autonómica tenga en cuenta estas consideraciones.
La investigación concluye que llevando a cabo medidas de rehabilitación energética en la vivienda, y mejorando por tanto su calificación energética, se pueden lograr ahorros de hasta el 60 por cien de la demanda energética de la misma.
En este sentido, plantea como hipótesis que se rehabilitasen anualmente entre el uno y el tres por ciento de las viviendas de clase E y F existentes en el País Vasco, se estima un potencial de ahorro energético anual entre el 0,36 y el 1,60 por ciento sobre el consumo energético del sector residencial.
En lo que respecta al coste de invertir en eficiencia energética en los edificios, se señala que es necesario realizar una inversión media anual hasta 2025 de 1.328 millones al año para cumplir con los objetivos de los planes de Euskadi, mientras que en el escenario tendencial, se tendría que acometer una inversión de 731 millones anuales.
Por otro lado, según el estudio “la mayor inversión se compensaría, en parte, con mayores ahorros energéticos, teniendo periodos de recuperación de las inversiones menores respecto al escenario tendencial”.