En un comunicado, la central sindical ha acusado tanto a las Diputaciones como a los Ayuntamientos de “tener desprotegidas” a las trabajadoras de este colectivo, “cuando trabajan en los domicilios de personas dependientes o ancianos, colectivos en riesgo de Covid-19”.
La central sindical ha vuelto a exigir la realización de test PCR “de inmediato” al personal de ayuda domicilio “y a las personas usuarias”, para “evitar la transmisión a partir de casos asintomáticos, y la cadena de contagios”.
También ha reclamado la elaboración de “un protocolo específico para estas trabajadoras”, como se hizo para las residencias geriátricas, “que establezca unas medidas de protección suficientes y adecuadas”, y “controles exhaustivos por parte de los Ayuntamientos de las empresas concesionarias, verificando que las trabajadoras desempeñan su trabajo con elementos y garantías de seguridad adecuadas”. En caso de no ser así, insta a “sancionar los incumplimientos en materia preventiva, incluso con la pérdida de la concesión”.
La central sindical ha insistido en la entrega de EPIs a las trabajadoras “en número suficiente”, de manera que “puedan trabajar en condiciones de seguridad sanitaria”.
El sindicato ha lamentado que las trabajadoras de ayuda a domicilio están englobadas en el personal socio-sanitario y son consideradas “servicio esencial”, pero “no disponen de un protocolo adecuado y tampoco se incluyen entre las actividades con mayor exposición al riesgo de contagio por coronavirus Covid-19, lo que hace que desarrollen su trabajo en unas condiciones difíciles”.
UGT-Euskadi ha advertido de que “denunciará ante los organismos competentes todas aquellas situaciones de desprotección que supongan un riesgo para estas trabajadoras, que no están recibiendo la atención que merecen durante esta crisis sanitaria”.