El juzgado del concurso de Tubos Reunidos activa la venta y abre el plazo para la presentación de interesados
La jueza de lo mercantil de Vitoria, María Teresa Trinidad Santos, que se ocupa del concurso de acreedores de Tubos Reunidos, ha iniciado el proceso para intentar la venta de la empresa. En un auto con fecha de este lunes día 15 de junio publica las reglas del proceso para una eventual adquisición, en las que da a los posibles interesados cinco días hábiles de plazo desde la recepción mediante correo de su interés para que presenten la carta de confidencialidad firmada con la que se iniciarán los contactos, visitas y acceso a documentación para que pueda materializarse la venta.
La publicación de las reglas con las que se pone en marcha el proceso, a las que la jueza ordena dar la mayor difusión, se ha conocido este jueves, cuando la matriz de Tubos Reunidos ha entrado oficialmente en concurso de acreedores. Era la sociedad que faltaba de entrar en proceso concursal porque al ser cotizada estaba a la espera de que la CNMV enviara una terna de posibles administradores entre los que la magistrada debería elegir. El administrador concursal de la matriz será PKF-Attest, que es también el designado para el resto de las sociedades del grupo, siete en total, el pasado mes de mayo.
La jueza señala en el auto en que fija las bases de la posible venta que “la transmisión de la empresa insolvente pero económicamente viable”, constituye en principio la solución que “mejor satisface el interés del concurso, entendiendo que desde una perspectiva exclusivamente económica la venta del conjunto es la forma de obtener el mejor valor de mercado de la masa activa en beneficio de los acreedores”. “Al mismo tiempo, además de la mejor satisfacción de los acreedores se pretende mantener la actividad productiva o empresarial con conservación de contratos de trabajo y capacidad de generar rendimientos futuros”, indica.
En cualquier caso, todo este procedimiento está condicionado a que se presenten ofertas por la empresa, que en estos momentos está en el punto de mira por la investigación abierta en la Audiencia Nacional en relación al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021, valorado en 112,8 millones de euros. Se analiza si se abonaron comisiones ilegales al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y a su grupo Hirurok, conformado también por Leire Díez y Antxon Alonso.
En principio, se priorizarán las ofertas por el conjunto de la empresa, ya que considera que “la transmisión íntegra de la unidad productiva permite garantizar, en mayor medida, la continuidad de la actividad empresarial, la conservación del mayor número posible de puestos de trabajo y la optimización del valor global de los activos transmitidos, evitando riesgos de desagregación, pérdida de sinergias o deterioro del valor económico que podrían derivarse de transmisiones parciales o fragmentadas”. Esto supone que, “sin perjuicio de la admisibilidad de ofertas estructuradas sobre perímetros intermedios, la valoración de las mismas tendrá en cuenta, entre otros criterios, su impacto en la continuidad de la actividad, la cohesión del negocio y la maximización del retorno para el conjunto de interesados, primándose aquellas propuestas que se ajusten al marco máximo y supongan una transmisión unitaria de la unidad productiva o, la compra de todas las compañías”.
En cuanto al procedimiento se estructurará en tres fases. Si hay potenciales compradores lo primero que tendrán que hacer es enviar, en el plazo máximo de cinco días hábiles a contar desde la recepción mediante correo, de la carta de confidencialidad debidamente firmada por persona con poder de representación. Esta carta de confidencialidad permitirá la organización de la primera visita a las instalaciones de las sociedades incluidas en el perímetro para que “los interesados formarse un conocimiento directo y suficiente de la realidad operativa, técnica y material de la unidad productiva mixta o de las sociedades objeto de transmisión, facilitando así la formulación de ofertas más fundadas, consistentes y alineadas con el objetivo de maximización del valor en el marco concursal”. Además se abrirá el proceso del potencial comprador tendrá la oportunidad de participar en un proceso de revisión o auditoría legal y financiera de la unidad productiva o sociedades ('Due Diligence').
Una vez los potenciales interesados hayan accedido a la totalidad de la información relevante relativa a las sociedades incluidas en el perímetro, incluyendo, en particular, la documentación de carácter laboral, se les reconocerá la posibilidad de mantener hasta un máximo de dos reuniones, a celebrar en días consecutivos, con los representantes legales de los trabajadores de las plantas de Amurrio, Trapagaran e Iruña de Oca.
Después llegará el periodo de presentación de ofertas de las que se seleccionarán un máximo de cinco que hayan ofertado los precios más altos en sus primeras ofertas y que pasarán a las siguiente fase, con la posibilidad de participar en un proceso de preguntas -un máximo de 30- sobre los aspectos financieros y legales de la unidad productiva. Además, cada potencial comprador seleccionado tendrá la posibilidad de mantener una única reunión con el equipo gestor. A partir de ahí tendrá que presentarse la oferta final, que deberá incluir obligatoriamente las fórmulas de financiación de para asegurar la continuidad de la actividad de la concursada. “Mediante aportaciones dinerarias directas, consistentes en inyecciones de liquidez destinadas a cubrir necesidades de tesorería corriente; o mediante fórmulas indirectas de apoyo financiero, tales como la aportación del suministro o la financiación de la adquisición de bienes, materias primas o recursos esenciales para el desarrollo de la actividad productiva”. “La inclusión de esta exigencia responde a la necesidad de asegurar que todas las ofertas que concurran al proceso incorporen soluciones reales y efectivas de sostenimiento de la actividad, contribuyendo de manera directa a la continuidad operativa en condiciones óptimas, la preservación del tejido productivo y del empleo, la estabilidad del proceso de transmisión y la maximización del valor de la masa activa”, señala el documento.