Stop Desahucios alerta de un “tsunami” de desalojos a familias vulnerables en Gipuzkoa tras la caída del “escudo social”
La plataforma Stop Desahucios ha anunciado el desalojo de diez familias vulnerables en Donostia, Errenteria, Lasarte e Irún tras la caída del denominado “escudo social” existente en España. Estas familias tienen a su cargo al menos un menor de edad y cuentan con informes de vulnerabilidad acreditados por servicios sociales, según indican. Rosa García, portavoz de la plataforma, señala que algunos casos afectan a grandes tenedores como Kutxabank y el fondo buitre Testa-Blackstone; otros, a pequeños propietarios.
El pasado 26 de febrero, la mayoría del Congreso de los Diputados tumbó el escudo social planteado por el Gobierno después de seis años desde su entrada en vigor. El decreto nació en el contexto de la pandemia y su objetivo era proteger a las familias vulnerables ante desahucios. Como indica García, fueron los votos de PP, Vox y Junts los que propiciaron la derrota parlamentaria.
Entre los casos más urgentes de Gipuzkoa se encuentra el de Houda, vecina de Irún y madre de cuatro hijos. Su desahucio ya tiene fecha fijada: el 10 de junio. En el mismo municipio, Lorena afronta un desalojo junto a sus cinco hijos, tras la solicitud de su casero, Kutxabank. El juzgado aún no le ha comunicado la fecha. A este escenario se suma Gloria, de Lasarte-Oria, con un hijo a su cargo y en una situación similar, aunque en su caso el arrendador es un pequeño propietario.
La plataforma denuncia que grandes tenedores como Kutxabank o el fondo Testa-Blackstone han solicitado la reanudación de procedimientos judiciales. Así le está ocurriendo en el caso de Luis, vecino de las VPO de Benta Berri, actualmente hospitalizado, cuya vivienda pertenece a este fondo. Stop Desahucios acusa a estas entidades de “acelerar” los desalojos en cuanto se derrocó la protección legal, y se compromete a no permitir que se ejecuten sin resistencia social.
Los casos de Donostia y Errenteria son particulares por su condición de zona tensionada. A Jennifer y Carmen, también con hijos, se les vence el contrato, cada una en su respectivo municipio. Para evitarlo, la plataforma asegura que han acogido las prórrogas extraordinarias contempladas en la Ley de Vivienda para municipios tensionados, pero sus arrendadores han iniciado procedimientos judiciales para impugnarlas. En el caso de Jennifer, el propietario es el fondo de inversión madrileño Kalaitos TGA.
Stop Desahucios advierte de que, si los tribunales no validan estas prórrogas, el número de demandas crecerá “hasta niveles insoportables”. El propio Gobierno vasco cifra que más de 25.000 contratos finalizarán este año en Euskadi, lo que podría traducirse, explica Rosa García, en “miles de nuevos conflictos habitacionales”. Según datos aportados por la plataforma, en 2024 y 2025 los servicios sociales han emitido 153 informes de vulnerabilidad en Donostia y 83 en Irún, cifras que reflejan la magnitud del problema.
A nivel nacional, estiman que unas 60.000 familias han quedado expuestas tras el fin del escudo social. “Estamos ante un tsunami habitacional”, advierte García, mientras alerta de que muchas personas podrían acabar en la calle. La portavoz exige medidas urgentes a las instituciones: desde la mediación directa con grandes tenedores hasta el refuerzo del parque público de alquiler social. Reclaman, por ejemplo, que Kutxabank retire la demanda contra Lorena y firme un contrato de alquiler social de siete años, como ya ocurrió en Errenteria tras la intervención municipal en otro caso.
Adicionalmente, Rosa García recuerda que organismos internacionales como la ONU obligan a garantizar una alternativa habitacional a las familias vulnerables antes de ejecutar un desahucio. “No puede existir una sociedad civilizada con menores durmiendo en la calle”, insiste García. Mientras tanto, el mensaje de la plataforma es claro: impedirán los desalojos que consideren injustos. Porque, como repiten, “la vivienda es un derecho, no un negocio”.