Euskadi activa “por fin” su decreto urgente de Vivienda anunciado en 2025 y la plena aplicación de la ley estatal de 2023
El Gobierno vasco ha aprovechado este lunes para anunciar la promulgación de dos medidas del área de Vivienda que acumulaban un importante retraso. Por un lado, se ha confirmado que este martes estará listo el decreto de “medidas urgentes” con cambios en prestaciones y otros programas, un texto adelantado por este periódico hace ya un año. Por otro lado, entra ya en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el índice de precios de referencia para topar alquileres en zonas tensionadas de Bizkaia y Vitoria después de meses de espera, con lo que la ley estatal de 2023 despliega ya todos sus efectos.
El consejero socialista Denis Itxaso, que ha comparecido ante los medios de comunicación con una insignia de la Real Sociedad en la solapa de la chaqueta por el éxito de la Copa del Rey de fútbol, ha dicho que es un lunes “alegre y feliz” por el fútbol, pero también porque “por fin” se pueden aprobar más medidas “para hacer frente a la emergencia habitacional”. Es un “gran capítulo de reformas” que da continuidad a la ley también urgente que visó el Parlamento Vasco antes de Navidad.
¿Y los retrasos? “Pura burocracia. Lo lamento muchísimo. Hemos puesto alma. Hemos trabajado a destajo. Muchos informes. Al final tenemos una burocracia que nos hace polvo. Cuando tienes un decreto de apellido 'urgente', lo hemos pasado mal. Hemos hecho todo lo posible por acelerar. Pero hay que pasar por un montón de filtros. Creo que estamos a tiempo”, ha respondido Itxaso a preguntas de los periodistas. Los cambios de los índices de precios entrarán en vigor este martes; los del decreto “en la primera o segunda semana de mayo”, cuando salgan en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).
El decreto, bautizado como “escudo social”, es un articulado ómnibus que retoca hasta doce normativas. Se aporta “mucha mayor cobertura” a los diferentes programas y prestaciones, sobrepasados por la realidad del mercado. En Donostia, por ejemplo, el canon que se abonaba a quienes cedían su casa para alquiler social (Bizigune) estaba ya muy por debajo del mercado; y se estaban rechazando peticiones de jóvenes para cobrar los 300 euros de apoyo al arrendamiento (Gaztelagun) porque pisos ordinarios estaban siendo ya desechados al entrar en umbrales de viviendas suntuosas. Es “actualizar buena parte de las políticas”, que “afectan fundamentalmente a las clases medias”, para “adaptarlas a la realidad del mercado”, ha expuesto Itxaso.
En el caso de Bizigune, el programa que capta casas particulares para sumarlas al parque de viviendas protegidas para destinarlas al alquiler social a cambio de una renta asegurada y estable, aunque inferior a la de mercado, el decreto elevará hasta 46.463,29 euros la renta máxima para potenciales beneficiarios y subirá el canon ofrecido a los propietarios hasta el “80% del valor de mercado con un máximo de 700 euros” si no es una zona tensionada o el 95% del índice EMAL (Estadística del Mercado del Alquiler) en las zonas tensionadas, lo que elevaría el pago a 709 euros en Vitoria, a 822 en Bilbao y a 998 en Donostia. Los objetivos pasan por llegar a 9.500 casas adscritas a Bizigune; ahora hay 7.500. Itxaso lo ve ambicioso porque los precios libres son “atractivos” para los propietarios y la vivienda vacía en Euskadi es la menor de España. “Pero es un reto complicado. Hay poca vivienda disponible”, ha señalado Itxaso. Se ha añadido que el plan tiene incentivos fiscales “impresionantes”, ya que las Haciendas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa permiten una desgravación de estos ingresos de hasta el 70%.
En el caso de Gaztelagun, las ayudas que abona Vivienda a jóvenes, se suben los alquileres subvencionables a 750 euros o el 95% del EMAL, de nuevo los casi 1.000 euros en Donostia, y se amplía la puerta de entrada hasta un máximo de personas con ingresos de hasta 39.184 euros si son familias numerosas, 36.764 si es una pareja y 30.000 si son solicitudes individuales. También los subarriendos o los alquileres de habitaciones pueden servir para cobrar la ayuda, de 300 euros mensuales máximo. La petición la pueden hacer personas de 18 a 35 años, aunque otros programas para jóvenes marcan diferentes umbrales, como los 30 de Emantzipa o los 40 de los avales a la compra. No se han dado cifras de posibles nuevos beneficiarios pero el Ejecutivo da por hecho que “hay muchos jóvenes pagando precios mayores que, con el nuevo decreto, ya van a poder entrar”. Habrá un “incremento importante de solicitudes” próximamente, ha señalado Itxaso.
El decreto prevé también la posibilidad de reconvertir lonjas o bajos comerciales en viviendas mediante un retoque de la normativa de habilidad en vigor. Por ejemplo, ya no se exigirá una “doble orientación” y podrá ser un espacio residencial un espacio “con una única fachada”. O se suavizarán las exigencias de “condiciones de distribución interior”, fijadas con severidad en un decreto de 2022 surgido tras el confinamiento y que elevaba el listón de los pisos de nueva planta para garantizar una mejor calidad de vida en interior.
Hay del orden de 7.500 “en lugares de alta demanda”, aunque el plan pasará por la coordinación con los municipios. “Sigue habiendo elementos regulados por las ordenanzas municipales, como las entradas por el portal, la salida de humos o que delimitan zonas de especial interés comercial”, ha puntualizado Itxaso. Ha vinculado este plan con otro ya regulado en la ley urgente, el que permite hacer nuevos pisos en bloques ya construidos para ubicar nuevos alojamientos dotacionales. “Del mismo modo que generar levantes para aprovechar el poco suelo que tenemos, sacar mucho más provecho de los locales comerciales”, ha indicado el consejero de Vivienda.
El decreto prevé, asimismo, subir de uno a tres años el empadronamiento en un municipio para solicitar una vivienda social. “Nos lo ha pedido Eudel [la asociación de municipios] y la compartimos. Es un tiempo razonable para acreditar el arraigo”, ha defendido Itxaso, que lo ha calificado como una “medida necesaria para generar mayor arraigo en los municipios”. Lo ha explicado no tanto por los extranjeros sino porque hasta ahora era posible pedir casas del parque público en varias localidades o empadronamientos cuando se anunciaban las promociones. Se busca ordenar el listado de Etxebide, indican las fuentes consultadas.
Cambia también la política de concesión del derecho subjetivo creado en la ley de 2015, con posibilidad de que personas con rentas más altas que las actuales puedan solicitarlo. También la “acción positiva” a mujeres víctimas de violencia y que haya un cupo del 50% para menores de 36 años en las adjudicaciones de vivienda protegida.
Los precios de referencia
En cuanto a los precios de referencia, que en la práctica fijan topes a los alquileres, la publicación del dato de Bizkaia y de Álava permitirá aplicar la totalidad de las previsiones de la normativa estatal de 2023 y que empezó a implementarse en Errenteria a comienzos de 2025. En concreto, permite topar los alquileres de grandes tenedores, de pisos que salen al mercado por vez primera y de los que llevan más de cinco fuera de él. Las zonas tensionadas en ambos territorios son ahora Bilbao y Vitoria, los dos municipios más poblados de la comunidad autónoma, más Barakaldo y Galdakao.
El retraso se debe a que en el proceso han participado las Haciendas forales, el Eustat y, finalmente, el Ministerio de Vivienda. En Gipuzkoa ya se publicó, con retraso pero menor. Son diez municipios de ese territorio afectados, encabezados por Donostia. Próximamente engrosarán la lista Pasaia, Zestoa y Arrasate-Mondragón y se tramitan los cacsos de Basauri, Sopela, Bergara, Urduliz, Gorliz, Deba, Oiartzun, Oñati, Bermeo, Orio, Lekeitio y Elorrio.