Suspenden el desahucio de un jubilado en Badajoz tras ser vendida a un fondo buitre la casa donde vive de alquiler

Antonio Carvajal, fotógrafo jubilado de 68 años, vive desde hace más de una década con su mujer, Juana, y su suegra dependiente en un piso de la calle Manuel Barrena Gragera, en la Ronda Norte de Badajoz. Nunca esquivaron un pago. Pero hace unos años la vivienda fue vendida sin aviso al fondo Beryllium II Invest Reo SL, parte de una estructura societaria de Reino Unido y sede fiscal en España. La familia siguió abonando la renta a la antigua propietaria durante meses, sin saber que ya no era la dueña, y acabó acumulando una deuda que ronda los 30.000 euros. Cuando representantes del fondo se presentaron en la vivienda reclamando ese dinero, comenzaron las amenazas de desahucio.

Carvajal, que dejó la fotografía tras perder parcialmente la vista por enfermedad, recibe una pensión y vive con ingresos estables junto a su mujer y su suegra. Pueden pagar un alquiler, pero el fondo se negó desde el principio a renovar el contrato o a indicar una vía para hacer llegar las mensualidades. En paralelo, una empresa mediadora ofreció a Antonio cantidades de dinero cambiantes para que abandonara la casa, sin llegar nunca a formalizar un acuerdo. La familia buscó alternativas habitacionales, pero todas las inmobiliarias rechazaron alquilarles sin nómina y los servicios sociales solo les plantearon como opción una residencia de mayores, algo inviable para un hogar independiente.

Según explica a elDiario.es uno de los miembros de la plataforma Inquilinato Badajoz, Daniel Ponte Balas, la vía jurídica tampoco funcionó. La justicia gratuita fue denegada por los ingresos que Juana había percibido el año anterior, pese a que ya no los cobraba. Según el relato del afectado, desde el propio juzgado se le sugirió que solo podría acceder a un abogado de oficio si se divorciaba. Para gestionar ese trámite contrató a un letrado que, según la información que maneja la familia, había participado en una candidatura interna de Vox en 2019. El abogado desapareció durante semanas, no avanzó el procedimiento y, cuando reapareció, se limitó a decir que “la papeleta estaba resuelta”, sin aportar documentación ni desbloquear la defensa. El tiempo perdido dejó a la familia sin representación en pleno proceso de desahucio.

Según la nota de prensa enviada a los medios de comunicación por la plataforma, el fondo Beryllium II Invest Reo SL forma parte de un entramado empresarial cuyo administrador único es Duxburi Spain SL. Otra empresa del mismo grupo, G-M Reo Holdco SL, intentó desahuciar a varias personas —entre ellas una menor— en plena pandemia, según publicó El Salto Diario. No es un episodio aislado, sino un patrón de actuación de un grupo con recursos muy superiores a los de las familias a las que se enfrenta.

Ante la indefensión, Antonio acudió a Inquilinato Badajoz. El colectivo revisó la documentación, ordenó fechas y cantidades y abrió gestiones con la parte demandante. También impulsó una movilización que reunió a más de 500 personas el domingo 4 de octubre para denunciar la crisis de la vivienda y exigir una solución para el caso. Allí se exhibieron pancartas con lemas como 'Antonio se queda' o 'Los buitres, a Monfragüe'. El lanzamiento estaba fijado para este miércoles a las 10.30, pero finalmente ha sido suspendido durante al menos dos meses, un margen que permitirá negociar y aclarar responsabilidades en una historia marcada por la falta de información, la indefensión jurídica y la presión de un fondo internacional.

El aplazamiento no resuelve el conflicto. Quedan abiertas varias incógnitas: si Antonio podrá conservar su vivienda, si podrá denunciar a la antigua propietaria por no comunicar la venta, si logrará finalmente acceder a un abogado de oficio y si el fondo aceptará una solución que no pase por expulsar a una familia vulnerable. Por ahora, la noticia es que Antonio Carvajal sigue en su casa. No es una victoria definitiva, pero sí un respiro.

Al final, lo que sostiene a Antonio y a su familia no es solo el aplazamiento judicial, sino la red humana que ha ido apareciendo en el camino. El freno del desahucio deja también una lectura que trasciende el caso concreto. En los últimos días, varias voces han recordado el episodio de Maricarmen en Madrid, la vecina que logró detener un lanzamiento y cuyo gesto terminó convertido en símbolo de resistencia frente a los fondos buitre. La comparación no es casual: igual que entonces, aquí también ha sido la presión social y la organización vecinal la que ha conseguido detener una maquinaria que avanzaba sin mirar a las personas. En Badajoz, como en aquel caso, la diferencia la ha marcado la gente que decidió no mirar hacia otro lado.