Por qué es legal una huelga general por la vivienda: estos son los precedentes
“¡A la huelga general!”. Era el grito de muchas de las concentraciones por el derecho a la vivienda de los últimos días en España, una petición expresa del Sindicato de Inquilinas y que finalmente ha encontrado el respaldo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, además de CGT, de ELA en Euskadi y la CIG en Galicia. La patronal ha puesto en duda la legalidad del paro, por una supuesta desvinculación con los intereses profesionales de los trabajadores y una “motivación política”, algo que, sin embargo, choca con múltiples precedentes de huelgas “mixtas” en las que hay reivindicaciones políticas y también laborales, y que han logrado el respaldo de la justicia.
De momento, sin convocatoria formal del paro por parte de CCOO y UGT, ni día asignado todavía para la movilización, la información disponible es el anuncio de la huelga general de las dos centrales sindicales mayoritarias. En él, los sindicatos comunican un paro de 24 horas en todo el país “para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna”, incorporando así “el conflicto de rentas en el marco de las grandes movilizaciones por la vivienda”.
Fuentes de CCOO y UGT destacan que los sindicatos llevan “mucho tiempo” incorporando la problemática de la vivienda a sus reivindicaciones y protestas laborales, así como a sus propuestas de políticas, tanto al Gobierno, como a los empresarios, a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que está aún pendiente.
Antonio Garamendi, reelegido líder de la patronal CEOE hace unos días, ha insistido este martes en que el paro general por la vivienda tiene un “claro componente político y electoral”, especialmente por el contexto electoral recién abierto, por lo que ha dudado de su legalidad. Las organizaciones CEOE y Cepyme han advertido de que analizarán la convocatoria cuando sea formal, reservándose la posibilidad de impugnarla en los tribunales, algo que también ha sostenido la patronal Conpymes.
Las huelgas pueden ser políticas, si tienen vinculación laboral
Fuentes de los empresarios se centran en la crítica a la motivación “política” porque la Ley de Huelga de 1977, previa a la Constitución, prohíbe las huelgas puramente políticas. La ley considera que una huelga es ilegal “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, recoge su artículo 11.
Así, fuentes de CEOE insisten en que el paro general nace de una “motivación claramente política”, para “defender unas políticas públicas” de las administraciones, en las que “las empresas no pueden hacer nada”. Por ello, ponen en duda la legitimidad de la huelga, así como su encaje jurídico, subrayan. El contexto electoral consideran que es clave para concluir que existe “una motivación política”. “Tenían ocho años para haber convocado esta huelga, pero lo hacen ahora”, dicen en la organización empresarial.
Sin embargo, las interpretaciones de los magistrados —hasta el Tribunal Constitucional— amparan paros y huelgas con motivos políticos, pero que también estén relacionadas con los intereses de los trabajadores, lo que se suele denominar huelgas “mixtas”. Incluso con vinculaciones más indirectas con los trabajadores que el actual caso de la vivienda.
“Es una huelga perfectamente legal”, valora Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, que cita “los niveles y políticas salariales” o el poder adquisitivo de los trabajadores como dos posibles justificaciones sencillas que vinculan las reivindicaciones del acceso a la vivienda con “los intereses de los trabajadores”.
La Carta Magna, recuerda, “reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses” en su artículo 28.2. En opinión de Urías, dado “que existe esa vinculación laboral”, bajo su criterio “es imposible que prohíban la huelga”, añade.
Más allá de que el paro ya está bautizado como “la huelga general por la vivienda”, Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, precisa que “lo importante no son los titulares, sino el escrito que se presente para justificar los objetivos de la huelga”. Así, el jurista coincide en que los sindicatos pueden vincular el paro con motivaciones laborales, como los salarios. “En términos jurídicos tendrá que estar bien redactado y tendría cobertura jurídica”, valora.
Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, añade además que “el derecho de huelga es un derecho fundamental”, por lo que “no debería estar sujeto a interpretaciones restrictivas”, siempre que cumpla “algunos requisitos formales (preaviso, mediación previa, entre otros) y también materiales, que vaya dirigido a tutelar un interés profesional y no sea abusiva”.
Los precedentes de huelgas “mixtas”
Uno de los ejemplos más paradigmáticos de “huelga mixta” es el paro del 8 de noviembre de 2017 convocado por sindicatos minoritarios a favor de la independencia de Catalunya. Denunciada como ilegal por la patronal catalana, Foment, fue respaldada por los tribunales, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como el Supremo.
El catedrático Eduardo Rojo explica que es una muestra clara del respaldo de los tribunales, incluido el Constitucional, a “la huelga profesional-política”, que tiene componentes de ambos y que analiza en su blog. Así, aunque la huelga del procès fuera acompañada de un planteamiento claramente de ámbito político, los sindicatos también lo vincularon con los intereses de los trabajadores y la parte empresarial no pudo probar “el carácter ajeno al ámbito de laboral” ante la justicia.
Estas huelgas mixtas encuentran precedentes muy anteriores, indica Rojo, como el respaldo a “la huelga general del 14 de diciembre de 1988” contra el gobierno de Felipe González y sus reformas, en las que se avala el paro contra la regulación de un gobierno en materias relevantes para los trabajadores.
Luego, hay toda una serie de ejemplos de huelgas mixtas convocadas y celebradas con normalidad, no impugnadas en los tribunales por los empresarios. Por ejemplo, las huelgas feministas del 8M o los paros generales en solidaridad con Palestina ante el genocidio de Israel. En 2023, el sindicato de Vox convocó una huelga general contra la amnistía de políticos catalanes, y con apenas presencia a nivel estatal.
“El Tribunal Constitucional ha aclarado que la huelga es un instrumento de presión que puede utilizarse para 'la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos'”, subraya también la profesora Muñoz, citando la famosa sentencia 11/1981. “Y, en consecuencia, ha declarado la legalidad de las huelgas dirigidas a protestar contra la política social llevada a cabo por el Gobierno (STC 36/1993), reformas del mercado de trabajo, del sistema de protección social o del modelo de asistencia sanitaria”, añade.
“Son lícitas, por tanto, las huelgas político-laborales cuya finalidad es presionar sobre los poderes públicos con fines sociales o profesionales”, sostiene la jurista.
Ana Belén Muñoz destaca además que “el origen de las preocupaciones sobre las condiciones de la vivienda obrera se encuentra unida a la cuestión social”. Así, la problemática de “la insuficiencia de las viviendas y el riesgo de hacinamiento de las familias obreras con peligro para la salubridad” han sido reivindicaciones históricas laborales, recuerda. En el contexto actual, en el que la vivienda es origen de muchos problemas económicos e incluso de la pobreza de muchos hogares, Muñoz recuerda que la vivienda ha vuelto a estar más presente en las reivindicaciones laborales, por ejemplo en las propuestas de complementos y de subidas salariales en los acuerdos de negociación colectiva.