FASE exige a la Junta un plan hasta 2030 para devolver a los empleados públicos el 25% del poder adquisitivo perdido
Los empleados públicos de la Junta de Extremadura arrastran un recorte salarial y una pérdida de poder adquisitivo que ya alcanza el 25% tras diecisiete años de ajustes continuados, congelaciones y desviaciones acumuladas del IPC. Ante esta situación, la plataforma sindical FASE (integrada por el Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE), el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato de Empleados Públicos de Extremadura (SGTEX)) ha planteado un plan plurianual de recuperación salarial para el periodo 2027-2030 con el objetivo de restituir los derechos económicos detraídos desde la crisis de 2010 en los sectores de Educación, Sanidad y Administración General.
Las organizaciones sindicales denuncian que la reducción aplicada sobre los complementos retributivos que fijó el Ejecutivo regional mediante la Ley 6/2010 ha sido prorrogada de manera sistemática en cada una de las leyes de presupuestos autonómicas hasta la actualidad. Esta inercia, unida al impacto de la inflación y al hecho de que el personal de la administración autonómica percibe de media retribuciones inferiores a las de la mayoría de comunidades autónomas, sitúa a las plantillas extremeñas en una clara desventaja estructural. Asimismo, critican que el abono acumulado del 2% correspondiente a 2020 no se completará hasta el primer trimestre de 2027, lo que profundiza en la precariedad salarial del colectivo.
La propuesta registrada por FASE para revertir este escenario contempla un calendario de subidas autonómicas por encima de lo que dicte el Estado. El esquema exige incrementos anuales del 2,5% adicional sobre la tasa de IPC registrada en cada ejercicio previo entre 2027 y 2030, para instaurar a partir de 2031 una cláusula de revisión salarial automática que garantice que los sueldos públicos no vuelvan a perder poder de compra frente a la inflación.
A esta actualización progresiva de las tablas retributivas se suma la exigencia de abonar las pagas extras completas, una medida que ya aplican ayuntamientos como los de Badajoz y Cáceres, la revisión de los salarios base más bajos para adaptarlos a la realidad del Salario Mínimo Interprofesional, el fin de la precariedad en jornadas parciales o turnicidad y el desarrollo efectivo de la carrera profesional en todos los ámbitos del sector público.
Como primer paso operativo de esta hoja de ruta, la plataforma ha trasladado a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura la necesidad de registrar enmiendas parciales de adición a las cuentas autonómicas. Entre las enmiendas planteadas destaca la inclusión de una partida específica para el abono de una subida del 2,5% sobre el IPC de 2026 como primer tramo de recuperación en 2027, la dotación económica para el pago completo de las pagas extraordinarias de junio y diciembre de ese mismo año, y la consignación presupuestaria necesaria para hacer efectiva la carrera profesional real en todas las áreas de la Administración regional.