Prioridades del gobierno extremeño
Decían que el gobierno regional no estaba en venta. Lo dijeron para responder a la propuesta del señor Cotrina de volver al viejo y rancio bipartidismo. Sin embargo, pocas veces el gobierno extremeño ha estado tan en venta como ahora. Y pocas veces el precio pagado ha sido tan alto para la convivencia y tan bajo en términos de dignidad política.
Porque cuando uno observa cuáles han sido las prioridades de este ejecutivo resulta difícil sostener que estamos ante decisiones orientadas a mejorar la vida de la mayoría social. Primero fue la eliminación de políticas de cooperación internacional. Después llegaron los ataques simbólicos contra programas educativos como las actividades extraescolares de lengua y cultura árabe en colegios de Talayuela. Y ahora el siguiente objetivo son los menores migrantes, convertidos en un problema político antes incluso de ser tratados como niños y niñas.
Se nos presenta todo esto como si fuera una cuestión de gestión, de realismo o incluso de sentido común. Pero conviene preguntarse: ¿de verdad estas decisiones ayudan a reducir las listas de espera en dependencia? ¿Facilitan el acceso de la juventud a una vivienda asequible? ¿Mejoran las condiciones de unas aulas que a finales de curso son asfixiantes? Evidentemente no.
La realidad es que se está utilizando a colectivos vulnerables como combustible para una estrategia política basada en señalar al diferente y construir enemigos fáciles. Y eso tiene consecuencias.
El caso de los menores migrantes es especialmente preocupante. Resulta difícil aceptar que se quiera transmitir que un territorio como Extremadura, con algo más de un millón de habitantes, no puede asumir la acogida de poco más de un centenar de menores. Hablar de colapso ante 104 niños y adolescentes no solo es desproporcionado, es una declaración política.
Hace apenas unos años Extremadura abrió sus puertas con solidaridad y orgullo a más de 800 personas desplazadas por la guerra de Ucrania. Entonces sí supimos estar a la altura. Entonces nadie hablaba de saturación, ni de amenaza. La pregunta incómoda es inevitable, ¿qué ha cambiado?
La respuesta no está en los recursos disponibles ni en la capacidad de acogida. Está en el relato político. En la decisión consciente de convertir la inmigración en un campo de batalla ideológico.
Es especialmente doloroso que esto ocurra en una tierra como la nuestra. Extremadura conoce demasiado bien lo que significa emigrar. Miles de familias extremeñas tuvieron que marcharse durante décadas buscando oportunidades lejos de su hogar. Nuestra memoria colectiva está construida sobre familias dispersas por media geografía. Por eso resulta tan contradictorio ver cómo ahora se pretende convertirnos en referencia de políticas antiinmigración.
Detrás de cada menor migrante hay una historia que rara vez aparece en los titulares, familias separadas, travesías imposibles y decisiones tomadas desde la desesperación. Niños y niñas que, con edades similares a las de nuestros propios hijos, suben a una embarcación sin saber si llegarán, ni si volverán a abrazar a sus madres.
Se puede discutir sobre modelos de acogida, sobre financiación o sobre coordinación institucional. Lo que no debería discutirse es la humanidad.
Hace poco el Papa León XIV reclamó una respuesta ante la inmigración basada en la coordinación, la solidaridad y oportunidades reales de integración. Una idea sencilla que recuerda algo esencial: la dignidad humana no entiende de fronteras ni de pasaportes pero personalmente creo que la dignidad humana sí tiene ideología y claramente no es la del gobierno extremeño que utiliza de manera miserable y criminaliza a los menores migrantes.
Gobernar también consiste en decidir qué valores se colocan en el centro. Y cuando las primeras decisiones son siempre contra quienes menos capacidad tienen para defenderse, ya no estamos hablando de gestión, estamos hablando de qué sociedad queremos ser.