CCOO, CSIF y UGT convocan protestas contra la Junta tras el verano por la equiparación salarial
Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT, integrantes de la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura, han anunciado este viernes la convocatoria de un calendario de movilizaciones a partir del próximo mes de septiembre. Las protestas de los empleados públicos se trasladarán a las calles y no se descarta la convocatoria de una huelga autonómica ante lo que consideran un “ninguneo” por parte del Ejecutivo regional en la negociación para corregir la brecha salarial respecto a otras comunidades autónomas.
Las tres organizaciones han recordado en rueda de prensa conjunta en Mérida que en abril del año pasado se acordó la creación de una comisión negociadora y cinco grupos de trabajo para redactar un nuevo acuerdo marco. Sin embargo, denuncian que tras un año de espera no se ha producido ningún avance. Según los representantes sindicales, la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha ido “dando largas” y aplazando las reuniones escudándose en coyunturas como el adelanto electoral o la tramitación de los presupuestos.
“Ha llegado el momento de que los empleados públicos se expresen en las calles. La brecha salarial es insostenible”, han advertido Manuel Fernández Colo (UGT), Jesús Solaa (CSIF) y Sonia García (CCOO), quienes han reclamado un compromiso presupuestario real para poder sentarse a negociar.
Una diferencia salarial superior al 20%
Según los cálculos del frente sindical, la diferencia retributiva de los empleados públicos de la Junta frente a la media nacional supera el 20% en términos generales. Esta brecha resulta especialmente acusada en la Administración General, un colectivo que abarca a profesionales como bomberos forestales, agentes del medio natural, personal de residencias de mayores, centros de menores y escuelas infantiles, así como gestores de ayudas y servicios esenciales.
Para frenar este desfase, CCOO, CSIF y UGT plantean la necesidad de firmar un acuerdo plurianual —de tres o cuatro años— que permita recortar distancias de forma progresiva tanto en la Administración General como en los sectores de Educación y Sanidad. Los sindicatos han matizado que los incrementos derivados de los acuerdos de ámbito estatal no sirven para subsanar este problema, ya que se aplican de forma homogénea en toda España, por lo que resulta imprescindible una partida presupuestaria autonómica específica.
Las centrales sindicales han criticado además que la última reunión con la Consejería de Hacienda concluyera “de forma unilateral” y lamentan no haber recibido respuesta a una carta remitida directamente a la presidenta de la Junta, María Guardiola. “Extremadura no puede presumir de tener los presupuestos más expansivos de su historia mientras no destina recursos a mejorar las condiciones de quienes sostienen los servicios públicos”, argumentan.
La Junta remite la negociación al Presupuesto de 2027
Por su parte, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha respondido al anuncio de las centrales asegurando que el diálogo social “es una prioridad” para el actual Ejecutivo regional. La responsable de las cuentas autonómicas ha afirmado que la Junta se sentará a abordar la equiparación salarial cuando se determine con exactitud la disponibilidad financiera de la región, en el marco de la elaboración de los Presupuestos de 2027.
Manzano ha defendido la gestión del Gobierno autonómico al señalar que se han saldado compromisos heredados de la anterior administración socialista y aprobado subidas salariales por un valor acumulado de 400 millones de euros, a los que se sumará el incremento previsiones del 5% previsto para el próximo ejercicio.
“Partíamos de una situación de abandono total por parte del gobierno anterior”, ha sostenido la consejera, reiterando que la voluntad de la Junta pasa por corregir estas desigualdades de forma progresiva conforme se despeje el marco de recursos disponibles.