Extremadura aprueba su plan de vivienda de 951 millones con fondos estatales que ha recurrido
El Consejo de Gobierno ha dado la aprobación definitiva este martes al Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2026-2030, un documento dotado con 951 millones de euros que ha sido pactado con los agentes sociales tras pasar por la Comisión Sectorial regional. El programa ha nacido sustentado en parte por los 210 millones de euros correspondientes al Plan Estatal de Vivienda, una partida cuya aplicación en la comunidad autónoma ha sido recurrida por la propia Junta de Extremadura ante el Tribunal Constitucional al considerar que el marco diseñado por el Ministerio invade competencias autonómicas.
El Gobierno extremeño ha defendido la compatibilidad de ambas decisiones manifestando que la impugnación judicial no representa un obstáculo para recibir y ejecutar los fondos transferidos por el Estado. En este esquema de financiación, el 60% de los 210 millones procede de aportaciones estatales y el 40% de fondos autonómicos. La postura mantenida por el Ejecutivo regional sostiene que el recurso ante el órgano constitucional se ciñe a los artículos normativos discutidos y no compromete la asignación presupuestaria destinada a la región.
Durante la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, ha explicado las líneas clave del proyecto señalando que el objetivo prioritario es “garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible”, así como “reforzar el parque público de viviendas e impulsar la rehabilitación residencial”. Asimismo, Manzano ha enfatizado la vertiente territorial del documento al destacar la meta de “fijar población al mundo rural” frente al desafío demográfico.
La portavoz ha definido la vivienda como “uno de los principales desafíos sociales y económicos” a los que se enfrenta la comunidad. Para darle respuesta, el plan se estructura en cuatro líneas estratégicas, 14 líneas de actuación y 49 medidas concretas, destinando su mayor partida presupuestaria, cifrada en 694,9 millones de euros, a facilitar el acceso a la vivienda.
La iniciativa ha incluido la fijación del reto demográfico como “una prioridad estratégica” mediante el desarrollo de herramientas dirigidas a “movilizar” los inmuebles que se encuentren desocupados y apoyar la edificación en municipios rurales. Entre los mecanismos previstos se encuentran el Plan Habita Extremadura, el refuerzo de los avales públicos de hasta el 95% para la entrada de primeras viviendas destinadas a jóvenes, líneas de apoyo a la autopromoción, subvenciones al alquiler y deducciones en el IRPF.
Junto a los fondos de acceso al mercado residencial, el texto ha consignado 127 millones de euros para programas de rehabilitación y regeneración urbana orientados a la eficiencia energética, la accesibilidad y la conservación de inmuebles. Asimismo, se han destinado 126,1 millones de euros a la protección del parque público de vivienda y 3,4 millones a tareas de información, innovación y cooperación.
El plan ha contemplado además una “importante agenda de reformas normativas” entre las que figura la redacción de la futura Ley de Vivienda de Extremadura, la actualización del marco normativo de la vivienda protegida y la agilización de procedimientos urbanísticos para “simplificar procedimientos y dar mayor seguridad jurídica” a fin de incentivar proyectos de colaboración público-privada. En el ámbito social, se han reservado medidas de atención prioritaria para colectivos vulnerables, incluyendo a familias con rentas inferiores a 2,5 veces el IPREM, personas mayores de 70 años, ciudadanos con discapacidad y víctimas de emergencias.