El fiscal de Extremadura tacha de “indignante” que la jueza del caso David Sánchez necesite protección policial por amenazas
El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, ha calificado de “indignante” que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que instruyó la causa por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, haya tenido que ser puesta bajo protección policial tras denunciar maniobras de intimidación que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla.
Durante una comparecencia ante los medios posterior a su reunión en Badajoz con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el máximo representante del Ministerio Público en la región se ha mostrado tajante al valorar la situación de la instructora. “Es indignante que una profesional como la jueza Beatriz Biedma deba verse en una situación de ser protegida por tener miedo en relación a sus bienes esenciales, a su persona y a su familia”, ha aseverado Montero Juanes.
En palabras del fiscal superior, la necesidad de desplegar medidas de seguridad para garantizar la integridad de una magistrada representa un verdadero “cañonazo en la línea de flotación del Estado de Derecho”.
Recurrirá la condena
En paralelo a la condena de las presiones sufridas por la jueza, Montero Juanes se ha referido a la estrategia procesal del Ministerio Fiscal en este caso, recordando que la posición institucional mantenida ha sido de carácter absolutorio. El fiscal superior ha subrayado que “es un error de base” asumir que la Fiscalía actúa exclusivamente como un órgano acusador, ya que su cometido legal le obliga tanto a ejercitar las acciones penales pertinentes como a oponerse a aquellas que considere infundadas.
En este sentido, ha precisado que el criterio técnico de la Fiscalía se sustenta en que “los hechos no están probados” y en que, en su caso, “determinados hechos no son constitutivos de delito”. Aunque la Audiencia Provincial de Badajoz dictó una resolución contraria a esta postura, Montero Juanes ha remarcado el “máximo respeto” de la institución hacia la decisión judicial, si bien ha confirmado la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) debido al “profundo desacuerdo” con el fallo. Asimismo, ha avanzado que, si el tribunal autonómico ratifica el criterio de la Audiencia, el Ministerio Público agotará la vía judicial acudiendo en casación ante el Tribunal Supremo.
El encuentro con el delegado del Gobierno ha servido también para hacer entrega de la Memoria anual de la Fiscalía, documento que recoge la evolución de la actividad judicial y de la delincuencia en la comunidad autónoma, y que en los próximos días será presentado formalmente ante el Ejecutivo regional y la Asamblea de Extremadura.