Historias de la lista a la que la Xunta relega a quienes rechazan operarse en la privada: esperas de dos años y nula información

Los datos de la espera media para operarse en la sanidad pública gallega no han dejado de empeorar en el último año, en el que la demora se ha disparado tanto que solo el peor momento de la pandemia ofrece una cifra más negativa. Al cierre del primer semestre de 2020, la crisis sanitaria llevó la espera para una intervención a los 100,8 días. Seis años después, al término de junio de 2026, la cifra era de 89,5 días, es decir, prácticamente tres meses. Son casi 20 días más que un año antes. Y el dato ni siquiera recoge la realidad completa de lo que los pacientes aguardan en el sistema sanitario público gallego. El motivo es que estos números hacen referencia únicamente a la lista estructural, pero la no estructural, en la que muchas personas acaban por negarse a ser intervenidas en centros privados con los que la Xunta tiene un concierto, permanece fuera de los cálculos.

Rocío (nombre ficticio para evitar ser identificada) se está enfrentando ahora mismo a lo que supone pasar de la lista estructural a ese otro cajón en el que ni hay garantías del tiempo máximo que tendrá que esperar ni apenas información. La operación a la que se tiene que someter esta paciente tiene prioridad 2. Según la normativa, la prioridad 1 debe atenderse en 30 días; la dos, en 90; y la 3 no tiene un tiempo concreto de referencia. La ley -en este caso la de garantías de prestaciones sanitarias de Galicia- dice que, si la espera prevista es superior al tiempo máximo establecido, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) debe “ofertar la realización de la prestación en otro centro de la red pública o en un centro concertado”. En caso de que el paciente rechace esos centros alternativos, quedan sin efecto las garantías de tiempos máximos, según la misma norma, que replica la redacción de la estatal.

Esto explica por qué Rocío recibió el día 91 de su espera una llamada del Sergas para ofrecerle operarse en un centro privado que tiene un concierto con la Xunta. Expone que la funcionaria con la que habló le dijo que esas clínicas concertadas se comprometían a operarla en un plazo de tres meses, lo que implica que ya se estaban “saltando el plazo de la lista de espera”. Es decir, esta paciente ya había esperado esos 90 días que la sanidad pública no debe permitir que se superen en una operación de su prioridad, pero el Sergas actuaba como si comenzase la cuenta de cero.

“Al decirles que no, que yo no quería que ocultaran con dinero a la concertada la falta de recursos en la pública, me avisó de que esto podía conllevar esperar hasta un año y que era bajo mi responsabilidad”, añade. Al día siguiente comprobó que en la aplicación del Sergas para el móvil ya aparecía como que no había pasado ningún día en lista de espera. La única referencia de la que dispone ahora es cuántas personas hay en su misma situación, pero sin aclarar qué puesto ocupa ella en esa lista.

“Una silenciosa derivación de fondos a la privada”

Rocío considera esta práctica “una manera de cubrirse las espaldas” ante las largas listas de espera y de “forzar a los ciudadanos a ser operados en clínicas privadas donde no les han hecho el seguimiento de su estado y cuyos estándares en el criterio de selección y condiciones laborales de sus profesionales no son los mismos que en la pública”. Insiste en que “es una manera más de ocultar la falta de recursos en la sanidad pública gallega y de derivar fondos y pacientes a las clínicas privadas de manera silenciosa”.

Algo más de 14 meses fueron los que tuvo que esperar Nela Abella por una operación de varices en la pierna derecha, más de lo que su médico había dicho que era adecuado retrasarse en su situación, que era no más de un año. La intervención, con prioridad 3, le fue prescrita el 13 de diciembre de 2023. Dos meses después, el 8 de febrero de 2024, llegó la llamada ofreciéndole ir a un centro concertado en Santiago de Compostela. Se negó y fue relegada a la lista no estructural. Para el sistema, su espera fue de 57 días. En diciembre de 2024, cuando la demora real era ya de un año, llamó al servicio de espera quirúrgica y dice que allí la atendieron “de bastantes malos modos”, le dijeron que no le podían dar una orientación de cuánto tendría que aguardar y que el único dato que le podían facilitar era uno obvio para la paciente: aún no había hecho las pruebas del preoperatorio.

Abella le recordó a su interlocutora que la norma (tanto un Real Decreto como la ley gallega) dice que los ciudadanos deben tener acceso a la información personalizada sobre la espera prevista en relación con su proceso asistencial. Ahí la dirigieron a otro servicio en el que tampoco logró su objetivo. Pero poco después la llamaron y finalmente la operaron el 24 de febrero de 2025. “Esto es una privatización descarada de la sanidad, un trasvase de dinero a la privada”, protesta esta paciente, que llama la atención también acerca de que, si una persona no conoce los términos de la ley, se queda “desprotegida” y sumida en una espera a ciegas.

Las reprimendas recurrentes de la Valedora

Entre los muchos casos de pacientes relegados a la lista no estructural, varios han optado por quejarse, como Abella, tanto en los canales del Sergas como ante otros organismos, como la Valedora do Pobo, que acumula resoluciones sobre el asunto. Una de ellas recoge el caso de una mujer con más de dos años de demora para una operación -una artrodesis vertebral-, con prioridad 3. Ella misma explica en su queja que rechazó en dos ocasiones ser derivada a un centro privado y los motivos: los facultativos que la atendieron le habían recomendado siempre operarse en su centro público de referencia, que es el hospital vigués Álvaro Cunqueiro, “tanto por los medios disponibles como por la gran experiencia de los profesionales”. La Valedora le pide al Sergas que atienda el caso y recalca que, aunque un paciente pierda las garantías de los plazos máximos, “la atención debe realizarse en un tiempo prudencial”.

Otro caso es el de un paciente que rechazó someterse a una cirugía en un centro concertado porque una operación anterior, por el mismo motivo y realizada en 2022, había salido mal y no se resolvió su situación, sino que continuó con dolor y con las hernias de las que tenía que ser tratado. En julio de 2024 había vuelto a entrar en lista de espera y más de un año después se dirigió a la Valedora para exponer su caso. “Parece prudente programar la intervención objeto de la queja en un periodo de tiempo razonable”, fue la petición lanzada por esta institución al Sergas.

También aparece entre las resoluciones recientes la historia de otra paciente que llevaba un año y medio de espera para una intervención de prioridad 2 para una prótesis en la cadera derecha. De nuevo, la Valedora reprende a la Xunta: “Debe tenerse en cuenta que la pérdida de la garantía del plazo máximo no supone la desaparición de las circunstancias que determinaron la asignación de la prioridad 2 comentada”.