El Govern balear del PP destinará 750.000 euros a la oficina ideada y dirigida por Vox para luchar contra “la imposición” del catalán en Balears, a pesar de ser la lengua propia del archipiélago, tal y como reconoce el Estatut d'Autonomia. La Oficina de Libertad Lingüística sustituirá a la anterior Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, pensada para defender los derechos de los catalanoparlantes, cuya lengua se encuentra en claro retroceso en comparación con el castellano.
El vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, ha confirmado que la futura Oficina Lingüística contará con un presupuesto de 750.000 euros “a petición de Vox”, tal y como adelantó Ara Balears. Fuentes del Govern han especificado a elDiario.es que lo único que queda pendiente es esclarecer de qué forma se tramitará la ley que permitirá crear este organismo, impulsado por la derecha y la ultraderecha mientras, al mismo tiempo, quieren cerrar la Oficina Anticorrupción de Balears porque es un “ente politizado”, una “máquina de barrio al servicio de los intereses del PSOE” y representa una “duplicidad” porque ya “hay suficientes mecanismos de control” de los cargos públicos.
Multas estratosféricas
Una de las funciones principales de la Oficina de Garantía de Libertad Lingüística será la de gestionar denuncias por parte de ciudadanos que “hayan visto su libertad lingüística amenazada” o que hayan observado algún “caso de discriminación a la hora de emplear el castellano o el catalán”. La entidad, según la propuesta de Vox, actuará en el ámbito tanto público como privado, desde Govern, Corts y otras instituciones públicas como la Universitat de les Illes Balears (UIB) hasta las “personas físicas y jurídicas de naturaleza privada”.
Vox incluso prevé implementar multas de hasta 100.000 euros a quienes no cumplan sus órdenes, unas sanciones que no han terminado de agradar al PP. La ultraderecha habla de infracciones clasificadas en leves, graves y muy graves. Así, en las muy graves entrarían infracciones como “la vulneración del derecho a la libertad lingüística y de la normativa que lo ampara cuando se aprecie mala fe o intencionalidad” o “la remisión de información incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, cuando derive en un perjuicio grave”.
Asimismo, en las graves se incluyen “el hecho de no responder a las solicitudes o requerimientos efectuados por la Oficina en el ejercicio de sus funciones” o “la vulneración del derecho a la libertad lingüística y de la normativa que lo ampare cuando no tenga la consideración de muy grave”. En las leves está “la remisión de información incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, cuando no derive en un perjuicio para la investigación o el expediente para los cuales se solicita”, entre otras.
Prevista en el pacto de gobierno
Esta entidad fue una de las condiciones que impuso Vox en su pacto de gobierno con el PP. Los conservadores dirigen en solitario el archipiélago, pero necesitan los votos de Vox para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria, por lo que cuentan con un acuerdo de 110 medidas para gobernar. Entre las medidas previstas, está esta Oficina de Libertad Lingüística, pero también acabar con la inmersión lingüística en catalán en la escuela balear, entre otras iniciativas contra la lengua propia del archipiélago.
La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, manifestó que este organismo se trata de “una actuación fundamental para restablecer la normalidad en el uso del castellano de forma libre en esta comunidad autónoma” y que además la ultraderecha asumiría la dirección de esta oficina con el objetivo de “proteger a los ciudadanos, atenderles si se sienten oprimidos y controlar al Govern y a las instituciones”. Además, el líder de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, calificó de “hito histórico y muy razonable” la creación de esta oficina.