Vox llevó en sus listas de 2019 al marido de la exconcejala del PP de Ibiza detenido por blanqueo
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José Luis Cortés Cortés, marido de la exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Eivissa Ana Ferrer Prohías y detenido en una operación contra una presunta red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales, figuró en las listas electorales de Vox al Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia en las elecciones municipales de 2019. El empresario y antiguo entrenador personal ocupó el décimo puesto de la candidatura bajo las siglas Vox-Actúa Baleares, tal como avanzó La Voz de Ibiza y ha confirmado este periódico a partir de la documentación de la Junta Electoral.
La presencia del investigado en aquella lista ha llevado a la Federación Socialista de Eivissa (FSE) a reclamar explicaciones a la formación de extrema derecha sobre su relación con el candidato y sobre las circunstancias de su incorporación a la candidatura. Los socialistas consideran que la formación debe aclarar qué vínculos mantuvo con Cortés más allá de su participación electoral, al tiempo que han reclamado también explicaciones a los responsables políticos de la isla. elDiario.es se ha puesto en contacto con Vox para conocer su postura sobre este asunto, pero la formación declina hacer declaraciones sobre el tema.
José Luis Cortés Cortés compartió candidatura con la actual portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sant Josep, Araceli Colomar, quien también está vinculada al sector inmobiliario y fue denunciada por una presunta estafa de 237.000 euros relacionada con la compraventa de locales, plazas de aparcamiento y trasteros que, según los afectados, nunca llegaron a formalizarse, tal como informó elDiario.es el pasado mes de junio.
Según la FSE, Vox se habría limitado a justificar la presencia de Cortés en la lista electoral por la cuota correspondiente a Actúa Baleares, entidad que nació en 2018 como resultado de la reconversión de la Fundación Círculo Balear (FNCB), una asociación de extrema derecha con casi dos décadas de historia en las islas. Pocos meses después de su creación, Actúa firmó una coalición con el partido de Santiago Abascal para concurrir unidos al ciclo electoral de 2019.
Para los socialistas, sin embargo, estas explicaciones son “absolutamente insuficientes”. La formación considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué vínculos mantuvo el detenido con la formación de extrema derecha y con el PP de Eivissa más allá de su relación familiar con la exconcejala Prohías. Según insisten, el hecho de que esta persona formara parte de la candidatura de Vox en Sant Josep “muestra una actividad política reciente que es muy preocupante, teniendo en cuenta la gravedad de las informaciones”.
Cortés era conocido en Ibiza por su actividad como entrenador personal y por su vinculación al mundo del boxeo. Con el tiempo, desarrolló una actividad empresarial relacionada con la promoción, construcción, compraventa y arrendamiento de inmuebles, a través de varias sociedades mercantiles.
Como publicó elDiario.es, Cortés figura como administrador de distintas empresas inmobiliarias, entre ellas Unero Espacio SL, Cas Mut Unero SL y Ses Torres 3 Unero SL. También aparece al frente de World Unero SL, una sociedad constituida en 2026 cuyo objeto principal es la tenencia y gestión de participaciones en otras empresas. Su actividad societaria incluye, además, otras mercantiles vinculadas a la construcción y al sector inmobiliario.
La operación policial en la que fue detenido Cortés investiga a una presunta organización criminal que, según las pesquisas, habría utilizado sociedades mercantiles, promociones inmobiliarias y viviendas de lujo para introducir en el circuito legal dinero procedente del narcotráfico.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, tiene una dimensión internacional y se extiende a operaciones inmobiliarias en Ibiza, Marbella y Madrid. Las autoridades investigan el papel que habría desempeñado cada uno de los detenidos en la estructura. La detención de Cortés no constituye por sí misma una condena y su responsabilidad penal deberá determinarse en el procedimiento judicial.