Un incendio mortal precipita el desalojo de una villa de lujo en Ibiza ocupada por personas sin hogar
Casa Lola, una villa de lujo de Eivissa convertida en un asentamiento de infraviviendas, tiene los días contados. Después de que el pasado julio cientos personas ocuparan una de las propiedades, pertenecientes a la polémica empresaria Paquita Marsan, la finca ha sido escenario de una agresión sexual que terminó con un hombre detenido, un incendio en el que la semana pasada murió un hombre y una investigación de la Guardia Civil que no descarta que el fuego fuera intencionado. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa ha ordenado el desalojo y desmantelamiento de Casa Lola, transformada en una villa miseria en la que viven entre 250 y 300 personas.
Sánchez Ordóñez -o Paquita Marsan-, es conocida en la isla por ser la “casera de los famosos”. La empresaria malagueña del sector inmobiliario y turístico ha alcanzado un patrimonio económico elevado gracias a esta actividad alquilando, en algunos casos irregularmente –según el Consell Insular– sus villas a gente famosa y adinerada. En el caso de Casa Lola, se trata de una mansión que acumula infracciones urbanísticas, situada en Can Cavat (Es Cubells) y propiedad de Inversiones Hoteleras Faro S.L., la sociedad limitada que gestiona Marsan junto a su hija, Rocío Sánchez. Ambas se enfrentan a una petición de condena de dos años de cárcel por emplear a trabajadores extranjeros sin papeles, tal como informó Diario de Ibiza.
El auto, dictado este miércoles por el juez sustituto José Antonio Martínez Moya, establece como medida cautelar la expulsión de los ocupantes de la villa y la restitución de la posesión a la empresa propietaria después de que su representación legal, que ejerce el bufete Rodríguez Tur Abogados, hubiera denunciado un delito leve de usurpación. Para ejecutar la orden, el juzgado ha librado un mandamiento a la Policía Judicial, Guardia Civil o Policía Local, que podrá recurrir a la fuerza pública si fuera necesario, tal como consta en la resolución, a la que ha accedido elDiario.es.
Las entre 250 y 300 personas, según cálculos municipales, de acuerdo con testimonios de residentes consultados, pagan un alquiler mensual por ocupar el terreno a través de una persona vinculada a la propietaria. Se ha convertido, así, en una mansión convertida en núcleo chabolista que actúa casi como símbolo del ecosistema general de la isla de Eivissa.
El juez considera que existen indicios sólidos de que se ha producido una ocupación del inmueble con “vocación de permanencia” -describe el auto-, sin que los ocupantes dispongan de un título que “legitime su posesión, sin autorización de la propietaria y contra su voluntad”. La resolución señala, además, que las personas que ocupan la finca han ido cambiando con el tiempo, con abandonos y nuevas ocupaciones, y considera que no existe indicio de un eventual derecho civil que pudiera justificar su permanencia.
Por otro lado, el Juzgado establece que la orden puede dirigirse no sólo contra las personas que hayan podido ser identificadas como moradoras, sino contra otros ocupantes desconocidos que pudieran compartir la posesión. No obstante, durante la ejecución deberán distinguirse los ocupantes inicialmente afectados por la medida, posibles nuevos ocupantes y terceros ajenos a la infracción. En caso de que aparezcan nuevas personas ocupando la finca durante el desalojo, el juzgado contempla que también pueda actuar contra ellas, puntualiza el juez.
La propiedad solicitó el pasado 2 de julio la medida cautelar, en representación de Sánchez Ordóñez, por los problemas de convivencia y seguridad que atribuía a la ocupación, así como debido a varios incidentes como incendios y agresiones.
Un incendio posiblemente intencionado
El incendio de una chabola en el asentamiento de Casa Lola, donde el pasado domingo murió un hombre de 48 años, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los primeros indicios de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil apuntan a que las llamas pudieron ser intencionadas, como informó el cuerpo de seguridad. Los agentes mantienen, de momento, abiertas todas las hipótesis y no descartan la vía criminal.
La víctima, de nacionalidad paraguaya, falleció pasadas las cinco de la tarde en el Hospital Can Misses después de sufrir heridas críticas durante el fuego, que se originó a las siete de la mañana de ese mismo día en la finca. Presentaba quemaduras en el 90 % de su cuerpo por las que fue trasladado al centro hospitalario con diagnóstico de gran quemado antes de pasar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde finalmente perdió la vida.
Casa Lola es una edificación de un total de 9.326 metros cuadrados que alberga bungalows, piscinas y terrazas y sobre la que pende una orden de demolición municipal que tardó en su momento doce años en cumplirse. El 9 de agosto de 2022 la parcela entró en una especie de letargo hasta la primavera de 2026, cuando, casi inmediatamente después de que se produjeran dos desahucios de campamentos chabolistas generados a partir de la grave crisis de vivienda de la isla, empezó a llenarse de infraviviendas.
No es la única posesión que la conocida como ‘casera de los famosos’ tiene ocupada ilegalmente, sino que en los últimos años la malagueña ha visto cómo varias de sus fincas vivían la misma situación. En algunos casos, por trabajadores de sus empresas turísticas que presuntamente, según denunciaron en declaraciones a elDiario.es, habían sufrido impagos por su parte. La propia empresaria llegó a exclamar durante una entrevista: “¡Tengo okupas en casi todas mis propiedades!”, antes de arremeter contra las instituciones.
Sánchez Ordóñez no ha dudado en contar, para solucionar estos problemas de ocupación, con los servicios de D&S Desokupa. La empresaria no ha respondido a la petición de información por parte de este diario ni tampoco lo hizo cuando, a finales de julio, la Policía desmanteló una fiesta ilegal con más de 250 personas en Casa Paola, otro de sus inmuebles sobre los que pesa una orden de demolición.
La malagueña posee también un terreno sito en es Canar (en el término municipal de Santa Eulària) donde malviven alrededor de 30 personas -antiguos empleados- que fueron desalojadas de un antiguo complejo turístico de la empresaria bautizado como ‘El Rancho’. Además, en otra punta de la isla, en la zona de Port des Torrent, han malvivido durante la temporada una decena de temporeros de origen saharaui en tiendas de campaña y otras infraviviendas al tener dificultades para afrontar el coste de una habitación mientras ofrecen su mano de obra a la industria turística.
En esta parcela concreta de Cala de Bou (Sant Josep), Sánchez Ordóñez proyecta la construcción de alrededor de veinte pisos que podrían ser destinados a la explotación turística. La iniciativa urbanística ya ha recibido la aprobación de la modificación necesaria por parte del gobierno municipal para empezar a edificar las viviendas.
Una agresión sexual
El pasado mes de julio empezó en Casa Lola con la denuncia de una agresión sexual. El presunto agresor había rociado, además, a otro residente en la mansión ahora chabolista con gasolina y le había intentado prender fuego, causándole quemaduras de distinta consideración. Los vecinos ya habían alertado, con anterioridad, de que en la mansión había problemas de convivencia e inseguridad, como informó Radio Ibiza.
El Ayuntamiento de Sant Josep denunció en su momento que, a pesar del caos, la propietaria no se habría dirigido en ningún momento a la Justicia para denunciar la ocupación, lo que impedía -según el equipo de gobierno municipal- ejecutar un desahucio en la finca. Estas palabras las ha suscrito esta semana el alcalde, Vicent Roig, durante una comparecencia ante los medios tras el siniestro ocurrido en el terreno.
El consistorio solicitó a los juzgados de Eivissa, según el edil, autorización para inspeccionar Casa Lola el pasado 10 de agosto, antes del siniestro en el asentamiento de infraviviendas. La intención era realizar una inspección urbanística y de gestión de residuos y controlar a las personas que viven en el terreno, situado en suelo rústico, una acción que la representación legal de la propiedad, correspondiente a Paquita ‘Marsan’ -quien nunca ha tenido buena relación con las administraciones insulares-, rehusó alegando la inviolabilidad del espacio, de carácter privado.
Roig -que expresó sus condolencias a familiares y amigos del hombre fallecido en el incendio- acusó a la dueña de Casa Lola de aprovecharse de la crisis habitacional del municipio para obtener un beneficio y ha calificado de “inmoral” el cobro por las parcelas, independientemente de su legalidad. También ha explicado que el consistorio mantiene abierto un expediente administrativo y que, si procede, embargará la propiedad.
Por otro lado, la representación legal de Paquita ‘Marsan’ presentó el 2 mismo día en que el responsable de la agresión sexual fue arrestado la denuncia contra los ocupantes de la finca por el presunto delito de usurpación. Junto a ella, solicitó la medida cautelar que ha estimado ahora el juez sustituto de la Plaza de Instrucción número 2: el desalojo inmediato de la propiedad. El auto puede ser recurrido por las partes. El plazo para presentar un recurso de reforma es de tres días y el de apelación, de cinco días, tal como determina la resolución judicial.