Alrededor de 2.000 personas, incluido personal de seguridad, han muerto en las protestas reprimidas con mano dura en Irán, según ha informado a la agencia Reuters este martes una fuente del Gobierno de la república islámica.
Aunque sin desglose, se trata de la primera vez que las autoridades iraníes reconocen el elevado número de víctimas mortales tras dos semanas de intensa represión contra las protestas que se han extendido por todo el país. Hasta el momento, las cifras de muertos han salido de fuentes externas a la nación persa –resulta difícil comprobarlas en medio del apagón de internet desde el pasado viernes, cuando las autoridades cortaron la conexión para tratar de desarticular las movilizaciones–.
La ONG con base en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency ha confirmado este martes que al menos 2.000 personas han perdido la vida en las protestas en las calles de Irán, en poco más de dos semanas. La organización ha ido contabilizando el número de víctimas desde el primer momento, aunque los fallecidos han aumentado considerablemente en los pasados días.
Según Human Rights Activists News Agency, del total de fallecidos, 1.847 eran manifestantes antigubernamentales y otros 135 estaban afiliados con el Gobierno, tal y como informa la agencia Associated Press.
Esa ONG y otras con sede fuera de Irán elevan hasta más de 10.000 los detenidos en el marco de las protestas, que estallaron a finales de diciembre por la carestía y la crisis económica.
La fuente que habla con Reuters asegura que los responsables de las muertes tanto de manifestantes como de personal de seguridad son los que denomina como “terroristas”.
“Debe ponerse fin al asesinato de manifestantes pacíficos, y es inaceptable tildar a los manifestantes de 'terroristas' para justificar la violencia contra ellos”, ha dicho este martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, que asegura en un comunicado estar “horrorizado por la creciente violencia dirigida por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en todo Irán”.
La ONU: “Este ciclo de violencia atroz no puede continuar”
Türk ha pedido a las autoridades iraníes que pongan fin de inmediato a toda forma de violencia y represión contra los manifestantes pacíficos y a restablecer el pleno acceso a Internet y a los servicios de telecomunicaciones, así como que se rindan cuentas “por las graves violaciones”. “Como hemos visto recientemente en 2022, amplios sectores de la población iraní han salido a las calles para exigir cambios fundamentales en la gobernanza de su país”, ha dicho. “Y, una vez más, la reacción de las autoridades es recurrir a la fuerza brutal para reprimir las legítimas demandas de cambio”.
“Este ciclo de violencia atroz no puede continuar. Se debe escuchar al pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia”, ha añadido.
En respuesta a las amenazas de la Administración de EEUU de intervenir militarmente en Irán, un portavoz de la oficina de Türk, Jeremy Laurence, ha dicho que las actuales protestas “no deben ser instrumentalizadas”. La oficina “está preocupada por el hecho de que las protestas puedan ser instrumentalizadas, algo que nunca debe producirse cuando se trata de derechos humanos”, ha indicado en rueda de prensa. “La mejor vía a seguir es obviamente el diálogo, y que el pueblo de Irán, que tiene quejas legítimas, pueda ser escuchado y expresar sus demandas de manera pacífica, ya sea en manifestaciones o por otros medios”, ha agregado.
ONG internacionales como Human Rights Watch (HRW) también han denunciado la represión letal contra los manifestantes por parte de las autoridades iraníes. “A pesar del bloqueo de Internet en todo el país, siguen apareciendo informaciones sobre las matanzas a gran escala de manifestantes y otras violaciones y crímenes atroces cometidos por las fuerzas de seguridad iraníes. Las personas detenidas corren el riesgo de ser ejecutadas de forma secreta y arbitraria, ya que las autoridades han acusado a los manifestantes de ser 'enemigos de Dios', lo que conlleva la pena de muerte”, dice Philippe Bolopion, director ejecutivo de HRW.
“El Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deben abordar urgentemente la escalada de atrocidades y advertir a los funcionarios y las fuerzas de seguridad iraníes de que la justicia les alcanzará algún día”, agrega.