La organización Tutela Legal “María Julia Hernández” pidió este viernes al Congreso de El Salvador acelerar la aprobación de una ley de protección de defensores de derechos humanos.
Andrés Miranda, miembro de Tutela Legal, dijo a Efe que un conglomerado de organizaciones sociales presentó a inicios de septiembre de 2018 la propuesta de ley de protección.
“Esperamos que la Asamblea Legislativa pueda revisarla y, en su momento, aprobarla”, acotó Miranda.
Detalló que los componentes más importantes de la propuesta son el “reconocimiento del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos” y la creación de un registro de ataques contra los activistas.
“En nuestro país no existe ese tipo de registro. Cuando suceden vulneraciones a personas o a líderes se registran como un caso más”, señaló Miranda.
Apuntó que los miembros de las organizaciones sociales sufren ataques contra sus vidas, son estigmatizados por su labor y procesados penalmente, principalmente los ambientalistas que se oponen a proyectos de infraestructura.
Estas declaraciones se dieron en el marco de la presentación de una muestra fotográfica sobre el trabajo de los activistas que busca, según Miranda, “promover y garantizar mejores condiciones para el trabajo de las personas defensoras de derechos”.
“Queremos poner en la agenda este tipo de iniciativa, porque lo clásico es reconocer o promover los derechos de las víctimas y muy pocas veces se repara en proteger los derechos de quienes protegen derechos”, subrayó.
La exposición fotográfica es financiada por la Unión Europea y el Gobierno vasco.
En abril de 2018, las organizaciones denunciaron públicamente la “criminalización” de su trabajo de defensa de los derechos humanos por instancias estatales, incluidas las autoridades de seguridad.
“La labor que realizamos inmediatamente se relaciona como de protección a victimarios” y “esa visión es desde las mismas instancias del Estado”, dijo en una conferencia de prensa Loyda Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de homicidios de entre 103 y 0,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, respectivamente.
La mayoría de estos crímenes son atribuidos a las pandillas Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS13) y otras minoritarias.