El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, ha anunciado su dimisión este martes tras conocerse que tanto él como varios miembros de su Gabinete están siendo investigados por la Fiscalía lusa por supuestos delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno.
En una declaración a los medios, Costa ha indicado que en “estas circunstancias, evidentemente” ha presentado su dimisión al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa. “La dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad”, ha dicho. “Esta es una etapa que está llegando a su fin”.
El mandatario luso ha asegurado que no ha cometido ningún acto ilícito y ha afirmado que confía “totalmente en la Justicia”, a la vez que se ha mostrado “totalmente disponible” para colaborar. “Quiero decir, y miro a los ojos a los portugueses, que no me pesa en la conciencia la práctica de cualquier acto ilícito o ni siquiera acto censurable”, ha asegurado Costa. “Una de las grandezas de la democracia es que nadie está por encima de la ley. Sea un alcalde, un ministro o un primer ministro”.
“A lo largo de estos casi ocho años en que he ejercido funciones como primer ministro me he dedicado en cuerpo y alma a servir a Portugal y los portugueses. Naturalmente estaba totalmente dispuesto a dedicarme con toda energía a cumplir el mandato que los portugueses me confiaron hasta el término de esta legislatura”, ha dicho para comenzar su comparecencia, tras lo que ha asegurado estar “sorprendido” por la información oficinalmente confirmada por la Fiscalía. “Nunca oí hablar de este proceso, desconocía la existencia de este proceso”, ha dicho.
Costa ha descartado volver a presentarse como primer ministro. “Los procesos penales raramente son rápidos”, ha dicho. “En el juicio que más me importa, que es el de mi conciencia, estoy totalmente tranquilo (...). Las cosas son como son y respeto la independencia de la Justicia”.
El presidente convoca al Consejo de Estado
Tras la renuncia de Costa, los próximos pasos a seguir serán decididos por el presidente Rebelo de Sousa, que tiene el poder de disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones si lo considera necesario.
Tras aceptar la dimisión, el presidente portugués ha convocado este miércoles a los partidos políticos y para el jueves al Consejo de Estado a las 15:00 horas en el Palacio de Belém, su residencia oficial, para continuar con el proceso. El Consejo de Estado es un órgano consultivo de la Presidencia que, entre otros asuntos, puede pronunciarse sobre la decisión de disolver o no el Parlamento, aunque nunca de forma vinculante. Inmediatamente después de la reunión, el presidente “hablará al país”, según un comunicado.
En 2015, Costa logró dar la vuelta a una derrota electoral con un inédito pacto de izquierdas, la geringonça, y, en 2022, dio la sorpresa a alcanzar la mayoría absoluta.
Los partidos políticos habían exigido explicaciones al primer ministro después del anuncio de la Fiscalía lusa. La extrema derecha de Chega y los liberales ya han pedido la convocatoria de elecciones.
Como secretario general del Partido Socialista, Costa ha convocado una reunión del comité político de la formación para el jueves por la noche, según informa Público.
El caso
La Fiscalía portuguesa ha precisado este martes en un comunicado que ha llevado a cabo el registro de “espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro” y que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por “desbloquear procedimientos”. Dichas alegaciones “serán analizadas de forma autónoma en el ámbito de la investigación instaurada en el Supremo Tribunal de Justicia”, ha añadido el Ministerio Público.
La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.
La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad “Start Campus” y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.
También han sido declarados “arguidos” (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.
Los registros han sido dictados por la Fiscalía y se están desarrollando a través de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Autoridad Tributaria y Aduanera.
Participan en el operativo 17 magistrados de la Fiscalía lusa, tres magistrados judiciales, dos representantes del Colegio de Abogados, cerca de 145 agentes de la PSP y nueve de la Autoridad Tributaria.
Medios locales informaron de que los agentes también registraron la residencia oficial del primer ministro, António Costa, que se ha reunido este martes con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.