Embajadores de la Unión Europea (UE) en El Salvador expresaron este jueves su preocupación ante la posibilidad de la aprobación, por parte del Congreso, de una ley de “reconciliación nacional”, considerada por organizaciones de derechos humanos como una “amnistía encubierta” de crímenes de guerra.
La Asamblea Legislativa salvadoreña prepara una polémica ley que busca sustituir la ley de amnistía de 1993 anulada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en julio de 2016 y que ha sumado el rechazo de diversas instancias, incluida las Naciones Unidas.
Al menos dos miembros de la comisión de diputados que estudia la iniciativa no descartaron, en declaraciones brindadas hoy a la prensa, que la ley sea aprobada este jueves en una sesión plenaria del órgano de Estado.
Ante esta situación, la Unión Europea manifestó en un comunicado que “considera positivo que el Congreso elabore un nuevo proyecto de ley”, sin embargo, expresó “su profunda preocupación sobre algunas disposiciones del proyecto presentado, que supone la suspensión de facto de las responsabilidades civiles y penales”.
De acuerdo con la UE, estas disposiciones “no ayudarían a que los ciudadanos mantengan la confianza en las instituciones como garantes del cumplimiento del derecho”.
La Unión Europea agregó que las víctimas de la guerra tienen derecho “a conocer la verdad, a la tutela judicial efectiva, a las debidas reparaciones y a la garantía de no repetición”, por lo que “son principios que todo proyecto de ley debe respetar y fundamentarse en principios del derecho internacional que El Salvador se ha comprometido a respetar”.
Los que también se han mostrado preocupado por dicha situación son los miembros de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, conformada por 16 organizaciones y una universidad estatal, quienes este jueves pidieron al presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, mediante una carta, que vete dicha ley si es aprobada.
La iniciativa contaría con los votos de los partidos de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Partido de Concertación Nacional (PNC) y Partido Demócrata Cristiano (PDC), así como del gobernante izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Estos partidos suman al menos 72 votos, más de los 43 que la legislación exige para aprobar una ley.
De acuerdo con las organizaciones, la propuesta es una “amnistía encubierta, que ha sido prohibida por el derecho internacional vigente en El Salvador” y por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.
El único partido que públicamente se ha negado a apoyar la aprobación de la ley de “reconciliación nacional” es la formación del presidente electo, Nayib Bukele, la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).