El Ministerio Fiscal imputa a siete acusados un delito de tráfico de drogas, en algunos casos como cómplices, y les pide penas que oscilan entre los ocho y los cuatro años de cárcel, además de multas que alcanzan, en su cuantía más alta, los 210.453,65 euros.
La Audiencia Provincial juzga este lunes, 27 de mayo, unos hechos que se remontan al año 2017. Según recoge el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, por esa fecha B.H.F. se dedica de forma habitual a la venta de sustancias estupefaciente lo que le permitía llevar una vida desahogada.
De este modo, es propietario de una vivienda en la calle Teruel de Logroño y de varios vehículos pese a no desempeñar actividad laboral alguna.
Escondía las sustancias con las que traficaba en llamadas “guarderías” o “agujeros” fuera de su domicilio con la finalidad de eludir cualquier acción policial dado que ya fue encausado por un delito contra la salud pública y conoce cómo funcionan las investigaciones.
El 30 de agosto de 2017, el empleado de un supermercado encontró en el cuarto de calderas, ubicado en el sótano segundo del garaje donde vive el acusado, una mochila que éste había depositado tras forzar la cerradura de la puerta.
El empleado, al resultarle sospechoso su contenido, avisó a la policía. La mochila, en concreto, tenía, entre otros utensilios, Speed, MDMA y cannabis y, en ella, se encontró una huella de B.H.F.
La Policía comprobó que vivía en el inmueble encima del supermercado con libre acceso a los garajes, y que era titular de la vivienda y varios vehículos pese a no trabajar, además de que mantenía contactos con personas relacionadas con el mundo de las drogas.
De este modo, la UDYCO solicitó la intervención de sus teléfonos, así como los de su pareja, para obtener pruebas del delito, personas implicadas y lugares de almacenamiento.
A través de las conversaciones y los seguimientos realizados se pudo comprobar que concertaba citas en su domicilio o en el del comprador (personas catalogadas por la policía como pequeños traficantes o consumidores).
Además, que había comprado a lo largo del año unos tres o cuatro kilos de cafeína, sustancia utilizada para el corte, en una droguería de Logroño.
También se comprobó que B.H.F. concertaba citas en Manjarres, localidad donde él y su familia poseen tres viviendas y dos merenderos, o acudía a dicha localidad previamente a acudir a alguna cita.
Así, por ejemplo, el 22 de noviembre de 2017 B.H.F quedó en Manjarrés con una persona a la que le entregó una bolsa con droga. Agentes de la UDYCO siguieron al comprador hasta su casa, en la calle Obispo Blanco Nájera, donde le vieron sacar la bolsita de plástico con dos paquetes pequeños de cocaína que había adquirido con las aportaciones realizadas por un grupo de amigos para el consumo de todos ellos.
Local en Manjarrés
El fiscal relata cómo este acusado es amigo de A.V.S, investigado en esas mismas fechas por la Guardia Civil de La Rioja y que también posee varias viviendas en Manjarrés, lugar al que acude con mucha frecuencia.
Ambos, relata, se dedican al trafico de drogas y, si bien cada uno de ellos lleva a cabo de forma independiente su actividad y tienen su propia clientela, cuentan con los mismos suministradores realizando compras en común y utilizan el mismo local de Manjarres para la manipulación de la droga.
En el mes de febrero de 2018, fecha en que A.V.S gestionaba la compra de una importante cantidad de drogas, se incrementaron los contactos entre B.H.F. y A.V.S, reuniéndose en Manjarrés los días 8 y 12 de febrero, previamente a que A.V.S realizara dos viajes a Baracaldo y Sestao para entrevistarse con suministradores.
La entrega de la droga por los suministradores a A.V.S el 17 y una nueva entrega el dia 18 por la mañana, detectadas por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, dio lugar a la detención de las personas implicadas en ambas investigaciones y la solicitud de mandamientos de entrada y registro en domicilios.
Operaciones Glera y Keta
En septiembre de 2017 el EDOA de la Guardia Civil de La Rioja, teniendo conocimiento por las investigaciones llevadas a cabo en la Operación Glera y la Operación Keta de que A.V.S traficaba con drogas, iniciaron una investigación para comprobar su estilo de vida.
Se comprobó que trabajaba en una taller del Polígono de la Portalada y que era propietario único del chalet adosado en el que residía, en Tricio.
Además, había adquirido un coche que utilizaba habitualmente en sus desplazamientos y que con una frecuencia casi diaria acudía a la Manjarres utilizando caminos parcelarios, lo que dificultaba el seguimiento policial sin ser detectados.
Acudía al domicilio de sus abuelos en Manjarrés y al local de enfrente, titularidad del Ayuntamiento pero utilizado por él y personas de su círculo más cercano, siendo el 'chamizo' donde se reunía con personas relacionadas con el mundo de las drogas.
Entre los registros domiciliarios que se realizaron, fruto de las investigaciones realizadas, se encuentra el de R.O.F, con el que solía quedar el acusado A.V.S, en Muskiz.
El relato del Fiscal desprende varios encuentros entre los encausados. Así, por ejemplo, a las 12:12 horas del 18 de febrero A.V.S llegó a Manjarres a bordo del vehículo de su madre. Poco después, llegaron R.O.F e I.A.CH y entregaron a A.V.S un paquete negro de aproximadamente un kilo conteniendo cocaína.
El fiscal concluye que los hechos narrados constituyen un delito Contra la Salud Publica en su modalidad de trafico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud y que no causan grave daño a la salud de notoria importancia, del que considera culpable a B.H.F. Le pide siete años y multa de 22.710 euros.
También a A.V.S, al que le pide ocho años y multa de 210.453,65; R.O.F, al que pude también ocho años y multa de 165.845,43; así como I.A.CH, al que le pide ocho años y multa de 162.335,12 euros. Al resto de acusados, I.M.A, A.G.M y R.A.O les considera cómplices y les pide cuatro años y multa de 29.034 euros.