En las últimas semanas en La Rioja se ha despertado una gran alarma social ante proyectos de centros de menores. El proyecto que planteaba el Gobierno de La Rioja en Navarrete se ha echado atrás por las críticas vecinales y, días después, volvían las voces en contra de otro centro de menores que una fundación, a través de un contrato público, va a poner en marcha en Agoncillo. Críticas y alarma social tanto desde los vecindarios como de los ayuntamientos que ponen el foco en los menores y en los centros, pero que no tienen en cuenta los datos ni las condiciones laborales.
“Es una alarma injustificada”, advierte Ana Corres, vocal del Colegio de Educadores Sociales de La Rioja. El centro de menores previsto en el barrio de Recajo, en Agoncillo, estará dedicado al cumplimiento de medidas judiciales, como ya existen otros dos en La Rioja. Uno de ellos dedicado a regímenes cerrado, semiabierto y terapéutico que cuenta con 21 plazas y otro recurso para régimen abierto con 7 plazas. “Son centros que funcionan y que no han generado problemas”, subraya Corres.
“Alarma social injustificada”
La cifra de reincidencia de los menores fue del 22% en el año 2022, el dato más actualizado publicado en la web del Gobierno de La Rioja, ya que desde la Dirección General de Justicia e Interior no se ha facilitado hasta el momento otro dato más reciente. Y 2022 no es una cifra aislada, el balance de ese año recoge una evolución desde 2018, cuando la reincidencia fue del 8,69%, una subida al 31,57% en 2019 y una estabilización después con un porcentaje del 17,65% en 2020 y también del 22% en 2021.
Sin embargo, las declaraciones de la alcaldesa del PP en Agoncillo, Encarna Fuentes, justificaban su posición contraria como manera de “garantizar”, dijo en redes sociales, “la seguridad de nuestros ciudadanos, especialmente la de nuestros niños y jóvenes, quienes deben crecer en un entorno libre de amenazas”. Consideraba que estos menores vivieran en una vivienda de Agoncillo “podría generar un aumento en los temores y preocupaciones de las familias, afectando la tranquilidad”.
Los vecinos de la urbanización Aguas Mansas, donde se prevé el centro, han aludido a las condiciones de la ubicación para posicionarse en contra, si bien su comunicado recuerda con letras mayúsculas que esos menores estarán cumpliendo “medidas derivadas de su responsabilidad penal”. “Esta ubicación parece responder únicamente a criterios económicos y no al bienestar de los menores ni de la comunidad”, han señalado.
Según indican, “no se trata de prejuicios ni de discriminación, sino de una preocupación real por la convivencia y la seguridad” y recogen también para pedir una ubicación que “no hay garantías sobre el control de los jóvenes ni sobre las medidas para evitar conflictos con los vecinos”, a pesar de que los centros en funcionamiento actualmente no han provocado problemas en los entornos, como advierten desde el Colegio de Educadores.
Las condiciones del edificio también fueron el argumento de la presión vecinal de Navarrete contra la puesta en marcha de un centro de menores tutelados, que el Gobierno de La Rioja ha declinado comprar finalmente. En este caso tanto el alcalde, José María Olarte, como el vecindario aludieron a que el precio era “excesivo”, aunque también decía tener “temor legítimo” a que “aumente la criminalidad y la inseguridad”.
El foco se está poniendo en los centros y en los menores con el eco del asesinato de una educadora en un centro de Badajoz, pero sin aludir a las condiciones laborales de los pliegos de contratación pública de estos servicios. “Los pliegos son licitaciones a la baja y eso va en detrimento del servicio”, advierte la educadora social. Desde el Colegio reclaman unas condiciones laborales “dignas” de las personas trabajadoras, que actualmente trabajando “con personal insuficiente por turno, por salarios muy bajos, organización de turnos que no se ajusta a los convenios y falta de seguridad laboral, sin protocolos de evaluación de riesgo ni protocolos suficientes”.
PP y Vox votan en contra de aumentar los educadores por turno
El pliego adjudicado a la Fundación Diagrama para un centro con 7 plazas para menores con medidas judiciales, por ejemplo, recoge que en el equipo de atención directa haya un educador social en turno de mañana, dos en turno de tarde y uno en turno de noche de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos pide dos educadores en turno de mañana y dos en turno de tarde y no señala nada en el turno de noche de los fines de semana. Además, aunque sí se pide la titulación de grado para el puesto de educador, además de Educación Social está abierto a cualquier titulación de ámbito de lo social. “Eso es un abanico muy grande”, advierte Ana Corres de una reivindicación del Colegio desde hace años.
El último pliego que ha salido a licitación, el pasado 17 de marzo, contempla 12 plazas, en dos pisos, para menores sujetos a medidas de protección, que incluye también cumplimiento de medidas judiciales. En este caso, ni siquiera recoge para el turno de noche que haya un educador social, sino un auxiliar técnico educativo (ATE) tanto de lunes a viernes como los fines de semana.
Este mismo jueves, se debatió en el Parlamento de La Rioja una Proposición No de Ley precisamente para instar al Gobierno de La Rioja a tomar medidas preventivas urgentes para garantizar la seguridad en los pisos tutelados, como la obligatoriedad de que siempre haya, al menos, dos profesionales por turno, la reducción de los ratios por profesional, mejores en la seguridad laboral y la suspensión de las licitaciones a la baja. Sin embargo, los votos en contra de PP y Vox impidieron que esta Proposición No de Ley saliera adelante.
“Lo ideal sería que se revirtieran las externalizaciones de estos servicios, pero al menos pedimos transparencia en las licitaciones y unas condiciones dignas para los trabajadores”, subraya Ana Corres, vocal en el Colegio de Educadores Sociales. Mientras todo el foco se centra en rechazar la llegada de menores, las condiciones del servicio y de los profesionales que les atienden no parecen importar.