Las organizaciones de activistas que trabajan por la libertad de género y la orientación sexual encuentran actualmente problemáticas muy diversas, como la falta de recursos, el aislamiento y desconocimiento de su actividad, o situaciones de gran violencia en respuesta a sus actuaciones.
El informe titulado “Por el mismo camino, por caminos diferentes” de Human Rights Watch, desvela la situación de estos grupos. Según los activistas encuestados, el peligro para estas organizaciones proviene de la importancia política que cada vez se da con más intensidad a las cuestiones de género y sexualidad.
En el mundo hay en la actualidad más de ochenta países que todavía cuentan con “leyes de sodomía” que penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo. Estas leyes refuerzan el control estatal sobre la vida privada y la pública; dividen a la gente y marcan a determinados ciudadanos como diferentes.
Es necesario diferenciar el tipo de activismo que puede llevarse a cabo en un país o en otro, en este sentido, muchas veces resulta más productivo hablar de cuestiones de derechos que de identidades. Generalmente, hablar del derecho a la intimidad o a no ser torturado son las cuestiones que más pueden llegar a los ciudadanos de los países donde los derechos sexuales se ven vulnerados.
Las agendas de los activistas de la materia se relacionan entre sí. Lo más generalizado en muchos países donde los activistas luchan, es poner fin a los abusos policiales y a las amenazas de ejecución, sin centrarse en los derechos matrimoniales.
El principal enemigo de estos activistas es la religión, en concreto, los fundamentalismos, que intentan utilizar el poder del Estado para imponer normas sociales y culturales que consideran que las familias y las comunidades ya no pueden sostener. Algunos gobiernos y figuras políticas intentan a su vez utilizar a los fundamentalistas para reforzar su propia autoridad.