El Tribunal de Cuentas aprueba las cifras de La Rioja

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe anual de fiscalización de La Rioja, ejercicio 2016. Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, ha tenido como principal objetivo verificar si la rendición de las cuentas por parte de todas las entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma se ha hecho respetando las normas que les son de aplicación respecto a plazo, estructura y contenido, así como de acuerdo con los principios y normas definidos en los planes de contabilidad.

También se han analizado: los sistemas de control interno establecidos, especialmente en la Administración General; las liquidaciones de presupuestos, las cuentas patrimoniales, diferentes áreas de gestión (avales, endeudamiento, personal, subvenciones, gasto sanitario, área medioambiental y educación no universitaria), y se ha comprobado si se han seguido las previsiones legales para la determinación y cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Adicionalmente se ha realizado un análisis particularizado de la entidad pública empresarial Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, la sociedad mercantil La Rioja Turismo, S.A.U, la Fundación Rioja Salud y el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja.

Asimismo, en la fiscalización se ha comprobado la aplicación de los recursos provenientes de las dotaciones de los Fondos de Compensación Interterritorial y se ha hecho el seguimiento de las recomendaciones formuladas, tanto en informes de ejercicios anteriores elaborados por el Tribunal como por la Comisión Mixta.

Por último, se ha verificado el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y las prescripciones de transparencia en aquello que pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.

De resultado de la actividad fiscalizadora, el Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas, las siguientes:

La Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2016 ha sido rendida al Tribunal de Cuentas dentro del plazo previsto en el art. 123.1 de la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja, y se ha adaptado, en términos generales, a los principios y normas contables contemplados en los planes de contabilidad que les son de aplicación, sin perjuicio de las observaciones y salvedades señaladas en el informe.

En la fiscalización se han detectado debilidades de control interno en las áreas de planificación y programación presupuestaria, los procedimientos y registros contables, el control de las subvenciones concedidas y la gestión del gasto sanitario, que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de esta Comunidad.

En relación con la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, este presentó unos grados de ejecución del 94% tanto en la vertiente de gastos, como en la de los ingresos. En la fiscalización se ha detectado la existencia de gastos devengados no registrados, tanto en el ejercicio corriente como anteriores, que en su mayor parte corresponden a gastos sanitarios y farmacéuticos del Servicio Riojano de Salud, por un importe de 21.278.000 euros, cuya imputación al presupuesto de 2017 fue autorizada por el Consejero de Hacienda y el Consejo de Gobierno, al amparo de lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Hacienda Pública de La Rioja.

Asimismo, los derechos reconocidos se encontraban infravalorados en un importe neto de 786.000 euros, como consecuencia de la incorrecta aplicación al presupuesto del ejercicio de ingresos procedentes de fondos europeos, prestaciones asistenciales del Servicio Riojano de Salud e ingresos tributarios contabilizados en cuentas no presupuestarias.

El remanente de tesorería de la Administración de la Comunidad, a 31 de diciembre de 2016, presentó un saldo negativo de 138.357.000 euros, que no reflejaba la verdadera situación financiera a corto plazo de la Administración General de la Comunidad; encontrándose sobrevalorado, al menos, en 26.785.000 euros, como consecuencia, principalmente, de la falta de registro de los saldos deudores de dudoso cobro.

La Comunidad ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria, el objetivo de deuda y la regla de gasto establecidos para 2016. Asimismo, el periodo medio de pago global a proveedores del sector administrativo se ha situado este año por debajo del plazo máximo de 30 días marcado en la normativa de morosidad.

En la evaluación de los diferentes instrumentos de planificación de las políticas de empleo se ha observado: un grado de ejecución de los objetivos del Plan Anual de Política de Empleo superior a la media de las Comunidades Autónomas; ausencia de una evaluación del Plan propio de Formación Profesional y Empleo de La Rioja 2016-2019 y serias dificultades en el desarrollo inicial del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de La Rioja, especialmente por la complejidad en la recogida de datos y por la dificultad de justificar determinadas ayudas y operaciones.

En materia sanitaria, se mantiene la recurrente situación deficitaria de las fundaciones Hospital de Calahorra y Rioja Salud, determinada por el déficit de las dotaciones presupuestarias respecto al gasto realmente incurrido.

En cuanto a la educación no universitaria, se constata que existe una insuficiencia de medios personales para desarrollar eficazmente las labores de revisión y control de la gestión económica de los centros docentes que explica, en cierta medida, la ausencia de un plan sistemático y estructurado de revisión de centros; aspecto que adquiere mayor importancia habida cuenta del reducido número de controles financieros llevados a cabo por la Intervención General de la Comunidad.

También cabe destacar que los planes de mejora presentados por los centros educativos que han obtenido peores evaluaciones en las pruebas previstas en la LOMCE han tenido carácter voluntario y se han circunscrito a tercero de primaria, sin que se haya efectuado, por parte de la Inspección Técnica Educativa de la Comunidad, un análisis del cumplimiento de los mencionados planes, ni una evaluación del grado de consecución de sus objetivos.

El endeudamiento financiero se situó, a 31 de diciembre de 2016, en 1.439 millones de euros, habiendo experimentado un incremento en los cinco últimos ejercicios del 184%.

Un total de cinco entidades integrantes del sector público de la Comunidad no disponían de un portal propio de transparencia en los términos y con el alcance previsto en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja.

Respecto al control medioambiental no se han articulado procedimientos de coordinación e intercambio de información entre los órganos sustantivos y el órgano ambiental, lo que implica que este no disponga de información sobre el seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental que deben llevar a cabo los órganos sustantivos.

Finalmente, por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en los informes de fiscalización de ejercicios precedentes, en términos generales, se aprecian pocos avances en el cumplimiento de las recomendaciones señaladas por el Tribunal, entre los que destacan la implantación parcial de una nueva plataforma informática de inventario y de aplicaciones técnicas para el cálculo de costes y mejora de la transparencia en la prestación sanitaria con medios ajenos. No obstante, se mantienen otras recomendaciones para las que no se han apreciado cambios o los avances han sido más reducidos, por lo que se reiteran en el informe.

El contenido del presente Informe (nº 1.307) puede ser consultado en la página web del Tribunal de Cuentas (www.tcu.es).