Firmas contra el censo genético de perros en Haro para sancionar los excrementos sin recoger
Varios vecinos de la ciudad de Haro han presentado hoy en el Ayuntamiento jarrero 761 firmas para la retirada de la campaña de AD Canino y la creación de un censo de ADN de perros, con el objetivo de sancionar a los dueños que no recojan los excrementos de sus perros. Tras conocerse la intención del Ayuntamiento de Haro de poner en marcha un sistema de registro genético de perros para identificar las heces no recogidas en la vía pública, propietarios de perros de la ciudad expresaron su “preocupación” ante una medida que consideran “ineficaz, costosa y con serias dudas jurídicas y técnicas”, y se unieron en la recogida de firmas que se ha prolongado durante tres semanas.
Las personas que se han posicionado en contra de la medida consideran que la medida supone “·una duplicidad en la identificación de los animales”, en referencia a que todos los perros deben estar identificados mediante microchip, tal como establece la normativa estatal y autonómica. “Se está obligando a las personas con animales a pagar dos veces por el mismo servicio: una por la identificación obligatoria y otra por el registro genético, lo cual no tiene justificación legal ni ética”, señalan desde el colectivo.
Desde el punto de vista jurídico, “las sanciones basadas en el ADN canino resultan fácilmente impugnables si no se garantiza la cadena de custodia de las muestras recogidas en la vía pública”, han dicho. Según señalan, “para asegurar su validez, sería necesario que cada muestra fuera tomada en presencia de personal funcionario, con acta de localización, identificación y custodia”, lo que creen haría “inviable” el sistema desde el punto de vista operativo y económico.
También consideran que esta medida no se ajusta a la normativa autonómica vigente. El Decreto 61/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Identificación de los Animales de Compañía (perros, gatos y hurones) en la Comunidad Autónoma de La Rioja, establece de forma explícita en su artículo 6 que: “Se establece como único sistema válido de identificación individual el transpónder, es decir, la utilización del mecanismo electrónico de identificación mediante la implantación subcutánea en el lado izquierdo del cuello del animal.”
Por tanto, “la identificación genética mediante ADN carece de reconocimiento legal en La Rioja y su aplicación exigiría una modificación expresa de la normativa autonómica. El Ayuntamiento no puede imponer una obligación que excede sus competencias y que contradice el marco regulador vigente”, apuntan desde el colectivo.
A ello suman la imposibilidad de determinar el origen de excrementos de animales no censados en el municipio, perros visitantes o abandonados, o incluso los casos de contaminación cruzada con excrementos de otras especies. “Pretender sancionar basándose en restos biológicos recogidos en la calle, sin una supervisión oficial y sin control de posibles contaminaciones, es un disparate técnico y jurídico”, advierten.
“Un sistema caro y con escasa eficacia comprobada”
Este colectivo ha justificado que en otros municipios donde se ha impantado el ADN canino, como Málaga o Toledo, “apenas se logran identificar entre el 15% y el 20% de las muestras analizadas, a pesar del elevado coste del sistema”. “En el caso de Málaga, el Ayuntamiento tuvo que destinar 200.000 euros públicos a crear el banco genético y asumir el coste de las pruebas PCR”, ha subrayado.
“Este tipo de medidas no garantiza un retorno económico a través de las sanciones y termina penalizando a las personas responsables que ya cumplen la normativa”, defienden las voces contrarias a la medida. “No se puede gravar igual a quien cumple con las obligaciones legales que a quien no lo hace. La responsabilidad no puede suplirse con más burocracia ni más tasas”.
En este sentido, recuerdan que la actual ordenanza municipal ya contempla sanciones por no recoger las heces, por lo que, creen que “la creación de un registro genético no aporta ningún valor añadido en materia de civismo ni de bienestar animal”. “Si el Ayuntamiento quiere mejorar la convivencia y el civismo, debe invertir en educación, campañas de sensibilización y presencia inspectora, no en medidas recaudatorias ni tecnológicamente inviables”, subrayan.
“El problema del incivismo no se resuelve con bases de datos genéticas ni con medidas coercitivas, sino con una gestión ética, educativa y participativa de la convivencia entre personas y animales en la ciudad”, concluyen.