La orden de Protección de Víctimas Europea, que implica a las mujeres maltratadas, puede que no sea aprobada ya que no se cuenta con suficientes votos a favor entre los países de la Unión Europea (UE) y hay una oposición activa por parte de la comisaria de Justicia, Viviane Reding.
Esta euroorden respaldada y solicitada con urgencia por parte de las comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo el pasado viernes, ha dado un giro debido a la reciente retirada a favor por parte del nuevo Gobierno holandés. Esta negativa impedirá de una forma casi segura que esta euroorden sea aprobada aunque cuente con el apoyo de la Eurocámara.
Este proyecto, que fue presentado por el Gobierno español en su presidencia de turno en la UE, a cargo de las eurodiputadas Carmen Romero, perteneciente al PSOE, y Teresa Jiménez-Becerril, al Partido Popular, no consiguió su éxito a pesar de los votos de 16 países a favor (Francia, Finlandia, Bélgica, Portugal, Suecia, Chipre, Italia, Luxemburgo, Polonia, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, Malta, Rumanía, Bulgaria y Estonia). El rechazo estuvo encabezado por un grupo de países encabezados por Alemania, Austria, Reino Unido, Letonia, Hungría, Eslovenia y República Checa y también por la propia Comisión Europea, quien juzgó que la medida “reducirá el beneficio de la acción europea”.
España esperaba que Reino Unido abandonara el proyecto acogiéndose a su excepción (opt-out) en materia de justicia e interior, esto le permitiría conseguir una mayoría suficiente para aprobar la euroorden. Pero ahora, con el cambio de postura del Gobierno holandés ya no tiene los apoyos necesarios para seguir adelante.
El Parlamento Europeo con esta propuesta tiene como objetivo que cualquier medida de seguridad dictada por un Estado miembro para proteger a una víctima de la violencia doméstica, se ejecute también automáticamente en cualquier otro país de la UE al que ésta se traslade y que sea lo más eficaz y eficiente posible.
El problema que se planteó entonces, y que a día de hoy sigue sembrando dudas a los países reticentes, es que en algunos de ellos estas medidas se adoptan en procedimientos penales, en otros casos (Alemania) en procedimientos civiles y otros (Reino Unido) tienen un sistema mixto, lo que hace difícil crear un instrumento común, ya que por ejemplo puede quedar solo cubierto la parte de lo penal.
La comisaria Reding se ha mostrado como la principal opositora desde el principio a esta aprobación lo que le llevó a tener duros enfrentamientos con el ministro español de Justicia, Francisco Caamaño, durante la presidencia española. Según las fuentes, la comisaria de Justicia ha sido quien ha presionado a los diferentes Gobiernos, entre ellos el holandés, para que no apoyasen el proyecto español.
Viviane Reding se opone a la iniciativa por considerar que utiliza un base jurídica inadecuada. La comisaria de Justicia cree que perjudicará a las víctimas en lugar de ayudarlas y sólo saldrán beneficiados los abogados quienes aumentarán su número de litigios.
La vicepresidenta amenazó con llevar este instrumento ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si la euroorden sale aprobada, ya que el viernes los ministros de Justicia de los Veintisiete se reunirán para ver si dejan el asunto definitivamente o hacen un último intento para alcanzar un acuerdo.