La Fiscalía solicita una pena de cinco años de cárcel para una persona acusada de un delito contra la salud pública al vender sustancias estupefacientes, como hachís y marihuana, en su domicilio de Logroño, también a menores. El juicio tendrá lugar el próximo 21 de junio en la Audiencia Provincial.
Según el escrito del Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, a través de varias informaciones de ciudadanos y actuaciones de la Policía Local se tuvo conocimiento de que el acusado, condenado ejecutoriamente por otros delitos contra la salud pública, se dedicaba a suministrar sustancias estupefacientes en su domicilio de la calle Marqués de la Ensenada de Logroño.
Por tal motivo, agentes de la Policía Local llevaron a cabo dispositivos de vigilancia en las inmediaciones del domicilio del encausado, produciéndose diferentes intervenciones.
Por ejemplo, el Fiscal relata que el 22 de octubre de 2019, a las 12:00 , un Policía Local “observó llegar a dos varones y cómo uno de ellos llamó al portero automático, accediendo al portal, saliendo pasados cinco minutos, y siendo interceptados con marihuana y hachís por los Policías Locales e identificados”.
Además, prosigue, el 24 de octubre de ese mismo año un Policía Local “se apostó en las inmediaciones del portal del domicilio del investigado, viendo cómo dos varones pulsaron el botón del portero automático, accediendo al interior del portal, para salir al cabo de unos diez minutos, siendo interceptados con marihuana”.
El Fiscal relata en su escrito al menos dos pases más hasta el mes de noviembre y destaca cómo dos menores “llegaron también al portal, una de ellas hizo uso del teléfono accediendo al portal y saliendo pasados tres minutos, siendo identificada como una joven de 16 años y se le ocupó una bolsita con marihuana”.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, con la agravante de facilitación a menores de edad tipificado y penado. Además, concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante. Procede imponer al acusado la pena de cinco años de prisión y una multa de 316 euros.