El Grupo Municipal Socialista advierte de un nuevo recorte de Conrado Escobar, esta vez de 800.000 euros en el servicio de ayuda a domicilio (SAD), cuyo nuevo modelo es “exactamente el que dejamos preparado en la anterior legislatura, con los equipos de proximidad, la atención personalizada y la metodología de trabajo en ‘superislas’”, y que debía haberse implantado “en el año 2024”.
Así lo ha asegurado esta mañana en una rueda de prensa el concejal del PSOE, Iván Reinares, quien ha lamentado que Conrado Escobar “haya llegado más de un año tarde debido a una gestión política lenta e ineficaz y sin las prioridades claras”.
Y es que el edil ha detallado que en el pliego de prescripciones técnicas del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que fue aprobado en julio del año 2023, “recogía textualmente que, a partir del segundo año del contrato, la empresa adjudicataria pondría en marcha al menos dos experiencias organizativas del tipo ‘superislas’ en cada lote por año”, por lo que “el modelo de proximidad debía haberse iniciado durante el año 2024”.
Pero eso no fue así y mientras tanto, “mantuvieron el servicio con medidas de continuidad, prorrogando el contrato anterior y ahorrándose buena parte del coste del nuevo pliego sin implantar las mejoras previstas”, ha indicado Iván Reinares.
De esta forma, “durante más de un año, Escobar mantuvo congelado el servicio, privando a los usuarios de una atención más cercana y estable”, ha lamentado.
Además, el concejal socialista ha criticado el recorte de “casi 800.000 euros” por lo que “no solo llegan tarde, sino que utilizan menos dinero en un servicio esencial para más de 2.000 personas usuarias”.
Por todo ello, Reinares ha subrayado que Escobar “ha hecho de la política social un ejercicio de marketing” y es que “ha tardado dos años en ejecutar lo que ya estaba diseñado, lo ha anunciado como si fuera suyo y lo ha recortado de recursos económicos”.
El edil del Grupo Municipal Socialista también ha destacado que Conrado Escobar ha reducido “la inversión pública en dependencia mientras ha aumentado la aportación económica exigida a los usuarios” por lo que “las familias pagan más por un servicio en el que el Ayuntamiento invierte menos de lo que ellos mismos habían previsto”.