El cansancio que no dice su nombre

Ya hemos hablado aquí de la suspensión del tiempo aspiracional y de la normalización de lo insostenible. Hoy cartografiaremos cómo esa crisis se materializa en los cuerpos y las psiques: una epidemia silenciosa de trastornos de ansiedad, depresión y burnout en las sociedades occidentales, que es un síntoma político de primer orden. Lo que el sistema neoliberal no puede resolver estructuralmente (la inseguridad vital, la deuda, la falta de futuro) lo psicologiza y lo convierte en un problema individual de gestión del estrés. Existe un sufrimiento psíquico de raíz biológica o biográfica, ajeno a los ciclos económicos. Lo que crece a la vez en muchas sociedades, y se concentra donde hay precariedad y sobrecarga, tiene una raíz social que se puede rastrear.

En la posguerra, el malestar tenía un enemigo claro (el patrón, el Estado opresor) y una salida colectiva (la huelga, la movilización). Hoy el enemigo es difuso: la competitividad global, los algoritmos, la inflación. Y la presión se internaliza. Mark Fisher llamó privatización del estrés a ese proceso: se convence a la gente de que las condiciones inestables son lo normal y de que el origen de su malestar está en su química cerebral o en su historia personal. El discurso de la resiliencia y el mindfulness, promovido por corporaciones y gurús del desarrollo personal, ofrece su versión más perversa: si sufres, es porque no has aprendido a gestionar tus emociones, a meditar, a positivizar. Si estás mal, es que no te esfuerzas lo bastante. La culpa migra de las estructuras al individuo.

Las cifras dan la medida. Según la OMS, la depresión es una de las principales causas de discapacidad en el mundo, y la prevalencia de la ansiedad y la depresión aumentó un 25% durante el primer año de la pandemia. En España, el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2024 recoge, con datos de 2023, 355,9 casos diagnosticados de trastornos mentales y del comportamiento por cada 1.000 habitantes (un 35,6%), con una prevalencia ajustada por edad un 8,5% superior a la de 2019. En atención primaria la ansiedad sigue siendo el problema más frecuente (111,3 casos por 1.000 habitantes, un 12,6% por debajo de su máximo de 2021), mientras los trastornos del sueño (87,3) y los depresivos (49,3) siguen creciendo. La Encuesta de Salud de España 2025 del INE apunta en la misma dirección: el 16,2% de la población de 15 años o más presentaba un cuadro depresivo, frente al 14,6% de 2023. Estos números son el rastro de un sufrimiento que ya no encuentra cauces políticos de expresión.

Este sufrimiento tiene, además de su dimensión personal, un coste social y económico cuantificable y creciente, y su manifestación más clara en el ámbito laboral es el absentismo. Según el informe Salud mental y trabajo 2025 de UGT, con datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en 2024 se contabilizaron 671.618 bajas por trastornos mentales y del comportamiento, la cifra más alta desde 2016, cuando fueron 283.999, y su duración media duplica con creces la del conjunto de diagnósticos (2,5 veces, en 2023). El Barómetro de Absentismo 2024 de Mutua Navarra sitúa los trastornos mentales como segunda causa de baja en el régimen general, solo por detrás de los musculoesqueléticos: el 17,86% de los días de baja en 2024, frente al 15,6% de 2023. Este dato habla de productividad perdida y también de cuerpos y mentes que literalmente no pueden levantarse para ir a trabajar en un entorno percibido como tóxico, precario o sin futuro. Pese a ello, según la misma UGT, solo 1.429 de ellas se tramitaron en 2024 como contingencia profesional (un 0,21%, frente al 0,43% de 2016). Aunque la contingencia común agrupa cuadros clínicos muy distintos, ese porcentaje residual sugiere que los riesgos psicosociales de origen laboral se declaran muy por debajo de lo que son. La paradoja es brutal: un sistema que genera el malestar mediante la precariedad y la hiperexigencia lo contabiliza luego como un gasto y una pérdida en sus propias cuentas, sin cuestionar nunca su lógica patógena.

Reconocido por la OMS en 2019 como fenómeno ocupacional, el síndrome del desgaste profesional o burnout es el epítome de esta crisis. Va más allá del cansancio: es un estado de agotamiento emocional, despersonalización y reducción de la realización personal causado por el estrés laboral crónico. La encuesta OSH Pulse 2025 de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) sitúa a España entre los cinco países de la UE con mayor estrés laboral: el 40% de los trabajadores declara estrés, ansiedad o depresión vinculados al trabajo (29% de media europea; en España era el 26% en 2022), el 49% declara presión de tiempo o exceso de tareas (44% en la UE), el 45% sufre fatiga y solo el 28% tiene acceso a asesoramiento psicológico en su empresa (40% en la UE). El fenómeno es especialmente agudo en sectores precarizados y feminizados: la sanidad pública, la educación, los cuidados. También lo es en los trabajos de ensueño del capitalismo cognitivo: el becario que hace tres trabajos a la vez, el directivo hiperconectado 24/7. Quemarse es la materialización de la contradicción entre la exigencia de ser un emprendedor de sí mismo y la realidad de un mercado que te trata como un recurso desechable. Es la herida abierta de la meritocracia fallida. El absentismo funciona así como la huelga silenciosa del sistema nervioso en una sociedad que ha cancelado el derecho a la huelga del cuerpo. La respuesta patronal a esa huelga ha sido sospechar de ella. El 16 de junio de 2026, en una jornada de la CEOE sobre absentismo, el presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que dirige además la mutua Solimat, llamó memos a los jóvenes que se dan de baja por salud mental y atribuyó parte de esas bajas a desengaños personales, sin aportar datos. Garamendi se distanció ese mismo día y Nicolás pidió disculpas al siguiente, pero la frase ya había dicho lo esencial: lo que el sistema produce se lee como defecto de quien lo padece.

La respuesta hegemónica a esta epidemia ha sido su medicalización. España es el tercer país de la UE en consumo de antidepresivos, con 98,4 dosis diarias por cada 1.000 habitantes en 2022 (la media de la UE es de 70,3; Portugal marca 150,5 y Suecia 114,5), un 18% más que en 2019, según la OCDE. En ese mismo 2022, el 9,7% de la población de 15 a 64 años consumió hipnosedantes, con o sin receta, en el último mes (era el 3,7% en 2005), según la encuesta EDADES. Esta farmacologización ofrece alivio químico individual, pero silencia causas sociales.

El malestar no se reparte por igual. El Informe Anual del SNS 2024 recoge 387,0 diagnósticos de trastornos mentales por cada 1.000 mujeres frente a 323,4 por cada 1.000 hombres; en 2022, según la encuesta EDADES, consumió hipnosedantes el 12,1% de las mujeres frente al 7,3% de los hombres, hasta el 21,4% entre las de 55 a 64 años. Según UGT, el 64% de las bajas por trastornos mentales de enero a julio de 2025 fueron de mujeres. La clase decide quién puede salir del circuito público: la atención privada puede superar los 200 euros al mes (OCU, 2024), el 23,8% de quienes buscaron atención por salud mental en el último año la pagó directamente a un profesional privado (Barómetro Sanitario 2026, datos provisionales) y los grupos de discusión del estudio de Salud Mental España (2023) sitúan el malestar sobre todo en perfiles socioeconómicos bajos y señalan la sobrecarga de cuidados que recae en las mujeres.

Al mismo tiempo, florece una industria del bienestar (wellness) que vende soluciones boutique: retiros de yoga, apps de meditación, coaching personal. La economía global del bienestar alcanzó los 6,8 billones de dólares en 2024, según el Global Wellness Institute. La paradoja es cruel: se comercia con los productos que intentan paliar los daños causados por el propio sistema que los vende. Mientras tanto, el acceso a una psicoterapia pública, contextual y no patologizante sigue siendo una quimera para la mayoría: España tenía en 2018 en torno a 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes (Ministerio de Sanidad), la primera consulta con un especialista público tarda de media 90 días desde la derivación y las siguientes se separan casi 148 (Barómetro Sanitario 2026, datos provisionales), un ritmo muy inferior al que exige tratar un malestar con raíces laborales, económicas y familiares a la vez.

Pero esta medicalización tiene un reverso más oscuro y físico: la gestión coercitiva del sufrimiento psíquico grave. Los datos son tan escasos que ya dicen algo. En diciembre de 2024, la ministra de Sanidad anunció un mapeo de las contenciones mecánicas (atar a pacientes) en salud mental y urgencias psiquiátricas porque esas cifras son «prácticamente desconocidas»; en julio de 2025 la licitación del estudio, de 14.442 euros, quedó desierta, porque ninguna de las seis universidades invitadas presentó oferta. No existe normativa estatal específica sobre contenciones en discapacidad psicosocial, solo regulaciones autonómicas, y la Instrucción 1/2022 de la Fiscalía General del Estado pide evitar su aplicación rutinaria. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU considera que la regulación española del internamiento no voluntario vulnera varios artículos de la Convención. En 2025 hubo cerca de 75.000 internamientos psiquiátricos involuntarios, según el Consejo General del Poder Judicial, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no garantizar la defensa legal de un hombre ingresado contra su voluntad. El legislador lleva además desde 2010 sin cumplir el mandato del Tribunal Constitucional de regular estos internamientos por ley orgánica. El artículo 13 bis de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, en vigor desde el 23 de octubre, reduce el ingreso involuntario a situaciones de «urgencia vital» y exige haber agotado las alternativas voluntarias; la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental advierte de que deja sin cobertura a pacientes graves, como los que sufren psicosis con abandono del autocuidado o episodios maníacos graves, y de que la propia ley define la urgencia vital de dos formas que no coinciden. Hay vías distintas: el hospital Gregorio Marañón, con su programa Contenciones Cero, mantiene por debajo del 5% a los ingresados contenidos.

La antropología médica ha documentado desde hace décadas, desde los trabajos de Erving Goffman sobre instituciones totales hasta los estudios de Ángel Martínez-Hernáez sobre el significado del síntoma, cómo el dispositivo psiquiátrico tradicional puede reproducir el estigma y la desposesión de la agencia, patologizando y aislando el malestar en lugar de contextualizarlo socialmente. Esto afecta de manera desproporcionada a colectivos ya vulnerabilizados: personas sin hogar, migrantes en situación irregular, jóvenes en crisis psicosocial y, en general, quienes carecen de redes de apoyo. Cuando el sufrimiento no cabe en las pastillas ni en el coaching, el sistema tiende a recurrir al candado y al aislamiento.

Este modelo de control tampoco es una novedad de la psiquiatría moderna. Toda sociedad ha tenido que definir, ubicar y a menudo excluir a quienes encarnan un sufrimiento que desborda la norma. En la Edad Media europea, el loco podía ser un poseso, un visionario o un bufón, y su lugar no era el hospital sino el bosque, el santuario o los márgenes ritualizados de la comunidad, como analiza Michel Foucault en Historia de la locura en la época clásica. Con el asilo de los siglos XVII y XVIII, esa figura ambivalente se medicalizó y se enclaustró, y el tratamiento moral de Pinel, que liberaba a los enfermos de sus cadenas pero los sometía a una disciplina interna estricta, inauguró una liberación que es también un nuevo confinamiento. En otras latitudes, el padecimiento se ha entendido dentro de marcos comunitarios y espirituales: Anne M. Lovell y Papa Mamadou Diagne documentan en el Senegal periurbano cómo familias extensas y comunidades movilizan deudas y obligaciones para atender la psicosis y la epilepsia, y Miriam Rabelo describe en terreiros de candomblé de Salvador cómo una tristeza que hace llorar por nada se atiende consultando los búzios y haciendo ofrendas, de modo que el malestar se lee como una relación que hay que atender. Estos marcos tienen sus propias jerarquías y coerciones (la propia Rabelo recoge las quejas de las iniciadas por humillaciones y abusos de poder), pero muestran que el modo occidental de tratar el dolor es uno entre varios. La pregunta que surge es tanto médica como política y cultural: ¿qué hacemos con el dolor que no tiene cabida en el relato funcional de la sociedad? ¿Lo encerramos, lo medicalizamos, lo mercantilizamos o le damos un lugar donde ser escuchado e integrado? Esta época, con sus ansiolíticos y sus contenciones, parece haber elegido las tres primeras opciones, pero el malestar persiste y se expande.

Romper este círculo exige nombrar las cosas por su nombre y politizar lo que se vive como avería privada, como pedía Fisher: leer la ansiedad como respuesta adaptativa a la inseguridad vital extrema y la depresión como una reacción lúcida ante un futuro clausurado. Exige también condiciones materiales concretas: salario digno, vivienda asequible y una jornada laboral de 32 horas semanales sin pérdida salarial. La evidencia disponible sobre la reducción horaria es aún limitada y procede en buena medida de ensayos con empresas voluntarias y datos autoinformados, pero apunta en una dirección consistente. El piloto británico de 2022, con más de 70 organizaciones inscritas y sin recorte salarial, registró en una encuesta a mitad del piloto, difundida por 4 Day Week Global y respondida por 41 empresas, un 49% que declararon una productividad mejorada (un 34% leve y un 15% significativa) y un 46% que la mantuvieron. El ensayo publicado en 2025 en Nature Human Behaviour (Fan y colegas), con 2.896 empleados de 141 empresas de seis países, mostró que seis meses de semana de cuatro días, con unas cinco horas semanales menos de media, reducían el burnout de 2,83 a 2,38 en una escala de 1 a 5 (un 16%), sin mejoras significativas en el grupo de control; en quienes recortaron ocho horas o más bajaron además la fatiga y los problemas de sueño, y más del 90% de las empresas participantes decidió mantener la semana de cuatro días al terminar el ensayo, según el propio estudio. El contraejemplo de Telefónica, que ofreció en 2022 32 horas con una rebaja salarial en torno al 16% y recibió una adhesión de alrededor del 1% de la plantilla (según El País, citado por Xataka), sugiere que la aceptación de la reducción depende de que no se pague con el sueldo. En servicios que no pueden parar, como la sanidad o los cuidados, recortar horas exige más plantilla, y eso es una cuestión de financiación pública, no de preferencia individual. Se necesitan además comunidades de apoyo mutuo (grupos de pares, centros sociales no mercantilizados) frente a la soledad terapéutica, junto con una salud mental pública que priorice la prevención comunitaria y el enfoque psicosocial sobre la mera farmacología.

El agotamiento de esta época es un mensaje cifrado: el cuerpo y la mente gritan lo que la razón ya ha diagnosticado. Escuchar ese grito y traducirlo en un proyecto político, en lugar de silenciarlo con pastillas, es el desafío. Una sociedad que enferma masivamente a sus ciudadanos tiene un sistema patógeno, y la única respuesta a un mal sistémico es la organización colectiva y un nuevo contrato social que ponga la vida en el centro.