No hay tanta pinza para tanta democracia

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En el artículo anterior, 'Ponerse la pinza el 29-N' describí la pinza como el gesto de quien vota sin identificarse con lo que vota, y dejé en suspenso la pregunta por la legitimidad de la obligación de participar. Aquí la formulo. Si la pinza es el gesto de quien paga una deuda moral que no reconoce como propia, la abstención es el de quien se niega a firmar el pagaré. La distinción importa.

David Graeber, antropólogo anarquista, sostiene en En deuda. Una historia alternativa de la economía que una deuda, a diferencia de cualquier otro tipo de obligación, se puede cuantificar con precisión. Esa precisión permite transferirla. Quien debe un favor, o la propia vida, a otro ser humano se lo debe específicamente a esa persona; quien debe una suma puede acabar debiéndosela a un tercero que no conoce. Graeber dedica el primer capítulo a la confusión moral que rodea a la deuda: que pagar lo que se debe pase por medida de la virtud es una idea que conviene examinar y no un punto de partida. Interesa aquí el movimiento que describe: convertir el vínculo en cuenta, la lealtad en saldo, la pertenencia en pagaré.

Llevo a las urnas lo que Graeber dice de las deudas; en ese libro él no escribe sobre el sufragio. La democracia representativa presenta con frecuencia el voto como deber cívico. En España el voto no es obligatorio ni se sanciona: la presión procede de las campañas, del llamamiento al voto útil y de la frase hay que votar. Desde ahí la abstención se vive como incumplimiento, como deuda impagada. Pero ¿quién contrajo esa deuda y en qué términos? Si ninguna opción permite reconocerse, abstenerse equivale a negarse a firmar un contrato cuyos términos nadie ha elegido, y esa negativa es un gesto ácrata en su sentido más elemental: rechazar la autoridad que se arroga el derecho de obligar.

El votante con pinza dice: pago, pero yo no soy esto. Su obligación política, personal y cualitativa, se convierte en una deuda que salda a regañadientes. Introduce el sobre y conserva su identidad. La pinza permite pagar sin pertenecer y participar sin identificarse. El abstencionista rechaza esa conversión. Su obligación con la comunidad, dice, no cabe en papeletas que no lo representan, y no reconoce la gramática en la que se le exige pagar. Es la distinción de Graeber entre deuda y obligación: el votante con pinza acepta la cuantificación y la vive como sacrificio; el abstencionista rechaza la cuantificación misma.

Según Graeber, durante cinco mil años las revueltas populares han empezado con la destrucción ritual de los registros de deudas. La abstención admite una lectura análoga, a escala íntima: negarse a inscribir el propio nombre en el registro de una obligación que se considera ilegítima. Con una limitación que conviene reconocer: la quema de registros era colectiva y visible, mientras que una abstención individual se contabiliza en la participación como cualquier otra y se confunde con la apatía. De ahí que la política sea también una disputa por decidir quién puede declararse insolvente sin que lo lean como indiferente.

Esa gramática tiene antecedentes. En el ámbito sindical, ¿Qué es la CNT? (2011) advierte de que mediante las elecciones le das a tus representantes el poder de decidir, firmar y negociar por ti y niega que «necesitemos especialistas en política para decidir en nombre de otras personas». Mucho antes, Errico Malatesta planteaba en En tiempo de elecciones (1890) la alternativa a la delegación: no dar poder a nadie y hacer cada uno todas las cosas por sí mismo.

La tradición ácrata admite excepciones y costes. En noviembre de 1933 la CNT recomendó la abstención; la historiografía la cuenta entre los factores que contribuyeron a la victoria de la derecha, junto a la división de republicanos de izquierda y socialistas, que concurrieron por separado, y al desgaste de los partidos gobernantes en la primera legislatura republicana. En febrero de 1936 su comité nacional publicó un manifiesto que descartaba cualquier colaboración electoral, con un tono más moderado que en 1933 y sin llamamientos explícitos a votar al Frente Popular; la base no fue uniforme y se ignora cuántos cenetistas votaron. Nueve meses después, en noviembre de 1936, cuatro dirigentes de la CNT entraron en el gobierno de Largo Caballero: Federica Montseny (Sanidad y Asistencia Social), Juan García Oliver (Justicia), Joan Peiró (Industria) y Juan López (Comercio). Solidaridad Obrera lo calificó, el 4 de noviembre, de uno de los hechos más trascendentales que registra la historia política de nuestro país. Salieron en mayo de 1937: Largo Caballero dimitió el 17, tras los sucesos de Barcelona, y el gobierno de Negrín, formado ese mismo día, los dejó fuera. Cabe leer la entrada como respuesta a una guerra que parecía exigir presencia en las instituciones, y la salida enseña que la negativa a firmar el pagaré convive con la pregunta por lo que se hace cuando el pagaré ya está impuesto.

La frase que da título a este texto, no hay tanta pinza para tanta democracia, me la dijo el poeta jarrero Conrado Santamaría en una conversación a propósito de la próxima cita electoral. Aquí la leo como la constatación de que la democracia genera más demandas de las que los mecanismos de contención pueden asumir; es un segundo sentido de pinza, distinto del gesto del votante. Santamaría escribe desde una afinidad ética con la desobediencia. En De vivos es nuestro juego deja unos versos que valdrían de epígrafe: somos / los que dicen NO como una afirmación hacia adelante. // Somos / aquí y ahora. Ese NO es una posición. La abstención, leída desde ahí, afirma una negativa: quien se tapa la nariz da por hecho que no hay otro aire; quien se abstiene sale de la sala y dice que sí lo hay.

Graeber y Santamaría coinciden con la tradición anarquista en una sospecha: que la autoridad que se presenta como inevitable puede discutirse en su legitimidad y no únicamente en su eficacia. Graeber la aplica a la deuda, mostrando que es una construcción histórica. Santamaría la aplica a la sumisión, y para él el NO es una posición. La conexión con el voto es mía. Leída así, la abstención queda como señal de que el sistema exige una obediencia que no puede justificar ante quienes se niegan a firmar.

Conviene no confundir esta interpretación con una apología de la abstención. En el artículo anterior advertí que la pinza es una metáfora disponible y no describe a todos los votantes. Lo mismo vale para la abstención: hay quien se abstiene por convicción, quien lo hace por indiferencia y quien lo hace porque el sistema le ha declarado insolvente de antemano. Y la abstención tiene un riesgo que señalé entonces: puede dejar el resultado en manos de otros, y ese riesgo pesa más donde se reparten pocos escaños, como en La Rioja, que elige cuatro diputados. La última figura, la del insolvente declarado, merece un párrafo aparte.

En el caso de los nacionalizados por la llamada ley de nietos, la pinza la pone la institución. En septiembre el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el día 10, a petición de Vox e Iustitia Europa, los efectos electorales de la inscripción en el censo de residentes ausentes de los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, es decir, su voto, hasta que se verifique que cumplen los requisitos. Un auto notificado el 12 de octubre la confirmó. Afecta a unas 163.000 personas, que podrían quedar fuera de la restricción si obtienen certificación consular de que cumplen los requisitos sin acogerse a la presunción de exilio de la instrucción del Gobierno; hasta finales de octubre solo 901 habían obtenido ese certificado. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recurrió en amparo y el Tribunal Constitucional lo inadmitió el 21 de octubre, por diez votos a dos: llegaba demasiado pronto, porque el procedimiento seguía abierto en el Supremo, y el pleno no entró en el fondo. El Supremo habló de preservar la pureza del proceso electoral.

A comienzos de noviembre (notificado el día 9) el Supremo rechazó, ante una nueva petición de Vox e Iustitia Europa, extender la suspensión a los hijos de esos nacionalizados, en torno a 190.000 según las cifras de Asuntos Exteriores que cita la prensa, sin desglose oficial. Adujo que la petición llegó cuando había transcurrido más de la mitad del periodo electoral y que modificar el censo chocaría con la seguridad jurídica y la estabilidad electoral. El lenguaje cambia entre una decisión y otra: en septiembre y octubre, pureza; en noviembre, estabilidad. Y ahí encontramos una paradoja: los padres, salvo quienes tengan certificación consular, no podrán votar el 29-N y los hijos, mientras no prospere el recurso de Iustitia Europa, sí. La institución purifica el censo apartando a una generación y deja entrar a la siguiente, como si la mancha de los padres no se transmitiera. El Supremo no dice que los hijos sean más puros; dice que ya es tarde, y el auto admite que en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos. Lo que se protege entonces es la continuidad de un orden que decide quién firma y quién no.

La metáfora de la deuda llega aquí a su límite. A quien no dejan votar no se le libera de una carga: se le retira el reconocimiento. No ha rechazado el pagaré: se le exige una prueba adicional para firmarlo, y si no la obtiene, se le retira. La abstención elegida es una posición; la impuesta, una expulsión. La pureza del censo se invoca de forma selectiva, y en cada movimiento la institución ejerce la prerrogativa que el abstencionista ácrata niega de raíz.

La pinza y la abstención gestionan la contradicción de formas distintas. La pinza la convierte en experiencia comunicable: el votante explica su distancia para reafirmar su pertenencia. La abstención la expone y se niega a aceptar el marco en el que se le pide justificarse. Ninguna devuelve la pureza perdida. Pero mientras la pinza reafirma la frontera que el acto electoral parecía poner en peligro, la abstención señala que esa frontera ya no separa lo limpio de lo sucio, sino lo que se puede tolerar de lo que no. Y en esa distinción, como en los versos de Santamaría, hay un NO que es una afirmación hacia adelante. La paradoja del censo lo muestra con precisión: hay quien no puede votar porque la institución se lo impide, y quien vota con la nariz tapada porque ninguna opción le permite respirar. En ambos casos, la pregunta no es quién vota, sino quién decide las condiciones en las que se vota.