La prevención no puede esperar seis años

La ampliación del cribado de cáncer de mama anunciada por el Ministerio de Sanidad es, sin duda, una buena noticia. Pasar del actual rango de 50 a 69 años para incluir progresivamente a las mujeres de entre 45 y 74 años supone un avance muy importante en prevención y en detección precoz y aunque La Rioja ya había incorporado el tramo de entre 45 a 49, sigue siendo una gran noticia la ampliación hasta los 74.  

La prevención funciona. Esto no es una intuición ideológica ni un eslogan institucional. En España, miles de casos de cáncer de mama se detectan cada año gracias a los programas de cribado y todos sabemos ya, que detectar antes significa tratar antes y tratar antes significa, en muchos casos, salvar vidas o evitar tratamientos mucho más agresivos.  

Indiscutiblemente, este anuncio es importante y la ampliación del programa merece el aplauso de todos y creo que es bueno no ocultar la satisfacción por la noticia, porque demasiadas veces parece que vivimos instalados en una crítica permanente incapaz de reconocer los pasos positivos de nuestra sanidad pública.

 Pero avanzando más allá del titular de la noticia, descubro, no sin cierta decepción, que las comunidades autónomas van a disponer de hasta tres años para iniciar la adaptación y de seis para alcanzar una cobertura cercana al cien por cien en los nuevos grupos de edad. Soy consciente de que ampliar un programa poblacional de este tipo exige planificación, recursos y reorganización asistencial, pero me cuesta entender que un sistema sanitario tan avanzado como el nuestro, necesite plazos tan largos para incorporar una mejora preventiva de este calibre. Por eso no puedo dejar de preguntarme: ¿de verdad necesitamos hasta seis años para implantar completamente una medida cuya utilidad nadie discute ya?  

Porque una cosa es actuar con rigor técnico y otra muy distinta resignarse a una lentitud estructural que el Sistema Nacional de Salud parece haber normalizado. No hablamos de ciencia ficción ni de la implantación de una nueva tecnología experimental. Hablamos de ampliar los rangos de edad en un modelo preventivo que ya existe, que ya funciona con eficacia y cuyos beneficios están sobradamente acreditados.

Siempre defiendo con firmeza la fortaleza de nuestro sistema público de salud, pero defenderlo no puede significar conformarse con este tipo de inercias. La sanidad pública necesita financiación, profesionales y estabilidad, sí. Pero también necesita capacidad de adaptación, agilidad organizativa y menos cultura burocrática. Porque mientras la Administración avanza lentamente entre informes, procedimientos y calendarios interminables, la innovación sanitaria evoluciona a una velocidad completamente distinta. Nuevas herramientas diagnósticas, inteligencia artificial aplicada a imagen médica o nuevos sistemas predictivos empiezan ya a transformar la manera de detectar enfermedades. Y el riesgo evidente que corremos es que el sistema público llegue siempre tarde. Porque ese retraso tiene consecuencias.

Cuando la innovación tarda demasiado en incorporarse al sistema público, quienes pueden permitírselo buscan alternativas privadas. Y así empieza a consolidarse una sanidad a dos velocidades: una para quien puede pagar anticipación diagnóstica y otra para quien depende exclusivamente de los tiempos de la Administración.

Ese debería ser precisamente el gran motivo para acelerar. No para debilitar la sanidad pública, sino para preservarla. Porque el problema no es que el Sistema Nacional de Salud quiera hacer las cosas bien. El problema es que demasiadas veces parece incapaz de hacerlas a tiempo. Y los ciudadanos tenemos derecho a exigir ambas cosas: rigor y rapidez.

La ampliación del cribado de cáncer de mama es un avance importante. Merece reconocimiento. Pero también debería servir como advertencia de algo más profundo: necesitamos una sanidad pública capaz no solo de garantizar derechos, sino también de adaptarse al ritmo de las necesidades reales de la sociedad. Y para conseguirlo sigue siendo imprescindible que los recursos públicos no se desvíen sistemáticamente a la sanidad privada.

Porque en prevención, muchas veces, el tiempo también salva vidas.