La Plataforma del Agua alerta de “vicios de nulidad” y riesgo de “cesión ilegal de trabajadores” en los pliegos del Ayuntamiento de Haro
La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro no se resigna a que el Ayuntamiento de la localidad privatice el servicio de agua. Así y tras analizar el expediente de contratación por el que el Consistorio jarrero ha sacado a licitación la operación y mantenimiento del abastecimiento de agua potable, alcalntarillado y la renovación de contadores por algo más de 2,6 millones de euros (más de 750.000 euros al año), alertan de posibles infracciones de la Ley de Contratos del Sector Público “al licitar en un lote único redes y contadores por más de dos millones de euros sin motivación técnica”.
La Plataforma habla de “posibles vicios”. Y es que explican que tras examinar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y la Memoria Justificativa, advierten de “defectos formales y materiales que podrían determinar la nulidad del procedimiento conforme a la Ley de Contratos del Sector Público”.
En lo relativo a la licitación del un único lote sin motivación específica, la Plataforma explica que, “como norma general, la Ley obliga la división en lotes para favorecer la participación de las pymes y para tratar de conseguir mejores precios”. Sin embargo, “el expediente del Ayuntamiento de Haro agrupa en un único lote el mantenimiento de redes y saneamiento (445.719,49 euros al año) y el suministro e instalación de contadores (308.353,93 euros al año, el 40,9% del presupuesto)”. Y según el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), “estas fórmulas genéricas son causa de anulación de los pliegos”.
Del estudio “jurídico” que han realizado del expediente también se desprenden “contradicciones sobre la subrogación y desglose salarial”. Y es que según relata la Plataforma, “el pliego afirma que no se considera obligatoria la subrogación del personal; sin embargo, en el Anexo VIII se reconoce la aplicación del VII Convenio Colectivo Estatal del Ciclo Integral del Agua (2024–2027), una norma sectorial que sí regula la subrogación obligatoria. Asimismo, ”se recogen seis puestos con retribuciones diferenciadas, pero se omiten los datos de antigüedad, tipo de contrato y desagregación por género exigidos legalmente“.
También critican la “indefinición de plantilla e injerencia organizativa”. Y es que explican que “la cláusula 10 exige un personal mínimo sin cuantificar el número de operarios, ni sus jornadas. Además, somete cualquier alta, baja o variación de empleados de la empresa privada a la autorización expresa del Ayuntamiento, lo que contradice la Ley de Contratos del Sector Público y podría exponer al Consistorio a futuras reclamaciones laborales por cesión ilegal de trabajadores”.
Y además de todas estas contradicciones jurídicas, la Plataforma también ha analizado el impacto económico para el municipio jarrero. Advierten de que este contrato no cuenta con financiación europea. Tampoco hay subvenciones externas lo que significa que “el Ayuntamiento de Haro deberá asumir el coste íntegro de la operación con recursos propios con las graves consecuencias que esto tendrá para el municipio jarrero”.
Esta actuación superior a los 2,6 millones “obligará al Ayuntamiento de Haro a realizar ajustes económicos si no se logra un equilibrio presupuestario. Ajustes irán en detrimento de otros proyectos, inversiones o servicios necesario para la ciudad”. Consideran igualmente que “comprometer un contrato de esta magnitud hipotecará el próximo mandato, condicionará seriamente las cuentas públicas y restará margen de maniobra al próximo equipo de gobierno que inicie el nuevo ciclo municipal de cuatro años”. Y además alertan de que el beneficio industrial de la empresa adjudicataria “acabará saliendo directamente del bolsillo de los vecinos y vecinas de Haro”.
Además de estas contradicciones jurídicas y administrativas, la Plataforma reitera su malestar por los episodios que considera “impropios de una gestión municipal abierta y participativa”. Recuerdan que “el día que se sometió a votación este expediente, las puertas del salón de plenos se abrieron con una antelación muy superior a los 10 o 15 minutos habituales. Cuando los vecinos y vecinas acudieron a presenciar la sesión, los asientos destinados al público ya se encontraban ocupados por personas allegadas y simpatizantes del equipo de gobierno, impidiéndose además que el resto de asistentes pudiera seguir el debate de pie o con las puertas abiertas hacia el exterior, como sí se había permitido en sesiones plenarias anteriores cuando se completaba el aforo”.
También se hacen eco de las trabas sufridas por Ecologistas en Acción (colectivo integrante de la Plataforma) para conseguir un espacio municipal en el que celebrar una asamblea. “Tras varias llamadas telefónicas en un tono poco acorde con la normalidad democrática, desde el área responsable de la cesión de espacios se preguntó por el contenido concreto de los temas a tratar y se condicionó la autorización a que la reunión fuera estrictamente interna, condicionando enormemente la asistencia de otras personas interesadas”.
Por todo esto, la Plataforma denuncia una falta de transparencia preocupante en la tramitación de un servicio público básico. “La gestión del agua de Haro requiere el máximo rigor legal, transparencia absoluta y respeto hacia la ciudadanía que quiere informarse y participar”. Y además instan al equipo de gobierno a paralizar “unos pliegos que presentan serios vicios legales y encarecen el servicio con beneficios privados a costa del bolsillo vecinal, y a garantizar el libre acceso de los vecinos a los espacios y debates públicos”.
Desde la Plataforma también recuerdan que no cesarán las protestas vecinales e invitan a la ciudadanía a participar en las próximas asambleas y a apoyar la petición en la plataforma change.org y que ya suma más de 700 firmas.