Pulso en Haro por el agua: el contrato de 2,6 millones enciende la calle entre acusaciones de “privatización” y “opacidad”
El Ayuntamiento de Haro ha dado ya el paso definitivo en su tramitación para contratar el mantenimiento del servicio municipal de aguas a una empresa privada por 2,6 millones de euros por tres años (prorrogable uno más). Lo que el equipo de gobierno defiende como una necesaria externalización técnica para paliar la falta de medios, ha chocado frontalmente contra la movilización vecinal y sindical, que lo ve como una privatización de un recurso esencial y denuncia la “falta de transparencia” bajo la que se está desarrollando el proceso.
Cuando los vecinos y vecinas de Haro conocieron las intenciones del Ayuntamiento de Haro a través de una nota de prensa de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en junio se quedaron sorprendidos porque no habían notado ninguna deficiencia en el servicio. Los sindicatos censuraban la falta de diálogo real e incluso denunciaron que el Consistorio estaba convocando por separado y sin acompañamiento sindical a los dos trabajadores del servicio en un contexto que percibían como “intimidatorio”. “Empezamos a preguntar, a solicitar información y todo nos los denegaba el Ayuntamiento”, recuerda Jaione, una vecina, sobre el “tremendo problema de transparencia y comunicación” que tiene Haro. Después, a través de los grupos de la oposición, supieron que existía un informe técnico que justifica que “el ayuntamiento no tiene capacidad para asumir el servicio y que la mejor vía es la externalización”.
Privatización justificada en un informe técnico que no es público
Un informe al que apela el Ayuntamiento de Haro preguntado por los motivos de la externalización, pero que, sin embargo, que no es público. Lo han podido consultar los sindicatos, que incluso plantaron una mesa de negociación por no conocerlo, y los grupos políticos de la oposición tras muchas reclamaciones. El propio concejal de obras y responsable del servicio, Luis Salazar, de Por La Rioja que gobierna en coalición con el PP, confirma que son informes “internos” y aunque en un principio se niega a “hacer púbico nada de los informes”, señala en líneas generales que recoge que “el Ayuntamiento no dispone de medios suficientes, que el servicio requiere mucho más personal porque han cambiado las normativas, necesita más formaciones que actualmente no existen, que no cumple con subir una serie de parámetros a las plataformas correspondientes”.
“Este informa elaborado por el responsable de la Unidad Técnica de Obras dice que tenemos que dar una solución inminente, puesto que no estamos cumpliendo muchas cosas y nos dice que la mejor forma sería una externalización con una empresa para realizar los servicios de mantenimiento y control de las aguas de la red de abastecimiento municipal, así como la ETAP y las captaciones”, justifica Luis Salazar, señalando que este informe nace por la búsqueda de soluciones “promovida por los propios trabajadores que no podían conciliar la vida laboral con la vida personal”. A pesar de las deficiencias, aclara, el agua de boca se puede beber y está bien.
Para los vecinos, organizados en la Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro constituida el 7 de octubre, este informe no justifica “nada”. Aunque lamentan no haber tenido acceso a él, sí han podido conocer su contenido porque los grupos de la oposición están apoyando a la Plataforma. “Es un informe de un nivel muy básico”, según señala y describe recoge todo lo que debe cumplir quien del servicio, en este caso el consistorio y añade a continuación: “No tiene medios”, “No tiene capacidad”, lo que para la plataforma es insuficiente. “Pero en ningún momento dice cuánto tiene, cuánto le falta, por qué no llega a eso. Por ejemplo, los trabajadores no tienen formación: ¿Por qué no estáis dando formación si es obligatorio? O no tenemos un espacio para almacenamiento seguro de materiales: ¿Y hasta ahora no se está guardando? O no tenemos el sistema de prevención de incendios, pero si esto es prevención de riesgos laborales. Más que justificar la privatización, lo que nos ha dejado alucinados es que parece que deja entrever que el ayuntamiento estaría cometiendo un montón de irregularidades”.
Sin poder acceder al pleno municipal
Mientras la Plataforma se presenta como una iniciativa “sin ánimo de lucro, de carácter vecinal y apartidista completamente”, el concejal dice que “están haciendo política porque estamos en periodo electoral y han cogido este mantra para engañar a la población”, dice enumerando que formen parte “Movimiento Pro-Palestina, Ecologistas en Acción, UGT, CCOO, PSOE, IU, Partido Comunista, Podemos”. “Si eso no suena a política, ¿a qué suena?”, dice con ironía. El concejal asegura que su despacho está abierto para explicaciones “siempre que venga a título personal y que no venga la plataforma entera como plantean”.
A pesar de la oposición vecinal, el asunto llegó a pleno, convocado de manera extraordinaria, el pasado 29 de octubre. La Plataforma organizó una cacerolada e intentó acceder, aunque, 40 minutos antes ya estaba lleno el aforo. “Normalmente, abren unos 15 minutos antes, esta vez se había llenado de familiares y amigos de la corporación, esto es un pleno y nos conocemos”, afea Jaione. Lejos de disminuir, la tensión fue creciendo y el PSOE abandonó el pleno tras denunciar que llegaba a la votación habiéndoles “impedido acceder a la información necesaria”. A pesar del tono bronco que tomó el pleno, el Ayuntamiento aprobó el pliego de “servicios de operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable, reparaciones de la red de distribución de agua y saneamiento municipal, así como renovación y sustitución de los contadores de agua de consumo”, que se ha publicado en la plataforma de contratación del Estado el pasado jueves 12 de noviembre.
¿Externalización o privatización?
La Plataforma va a seguir movilizándose por lo que considera una “privatización” y “hacer negocio”, con un recurso esencial reconocido por Naciones Unidas. El Equipo de Gobierno se refiere a externalización. “Privatizar es vender el agua, dejarle todo en manos a la empresa que quiera llevar el servicio”, señala Salazar, asegurando que el Ayuntamiento va a gestionar el cobro, las altas y las bajas y las lecturas, mientras que la empresa privada contratada con dinero público hará el mantenimiento de la red, la ETAP y la colocación de nuevos contadores a razón de 1.000 por año de contrato. La Plataforma vecinal, sin embargo, lo ve como un eufemismo: “Si nos atenemos a la ley, la gestión puede ser o directa o indirecta: la directa es la pública, la indirecta es la privada. No hay más”.
Mientras el Ayuntamiento de Haro ya ha anunciado una reducción del 21% de las tarifas y el cambio de 1.000 contadores, los vecinos y vecinas temen las posibles consecuencias que no se conocen: “Una empresa privada entra por beneficio económico y va a priorizar su rentabilidad”. Así mismo, también ven con extrañeza que este contrato vaya en pack y no dividido en lotes como habitualmente ocurre con los contratos públicos. Y alertan de que un ayuntamiento no puede desentenderse de la fiscalización ni intentar hacer negocio: “Cuando un ayuntamiento no tiene nada que esconder, publica, cuenta, especifica, concreta y la ciudadanía está tranquila”.