La presión social y política consigue frenar la vía rápida para la macrogranja de cerdos de Pradejón
El proyecto para instalar una macrogranja porcina con capacidad para más de 4.000 cerdos de cebo entre Pradejón y Calahorra se enfrenta a un marco de control técnico mucho más estricto del previsto inicialmente. La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de La Rioja ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la resolución por la que somete la instalación al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. La decisión supone abandonar la vía simplificada de consultas previas para aplicar el procedimiento más garantista y exigente que contempla la normativa medioambiental.
El fallo autonómico atiende a las alertas formuladas desde la Agrupación Socialista de Calahorra, que venía denunciando las consecuencias de autorizar una explotación de estas dimensiones a apenas cinco kilómetros del casco urbano. Según las estimaciones del proyecto, la instalación generaría unos nueve millones de litros de purines al año, cuya gestión mediante balsas de acumulación al aire libre y vertido en fincas agrícolas cercanas amenaza con deteriorar la calidad del aire y los acuíferos de la comarca.
El principal punto de fricción reside en el impacto directo sobre la población calagurritana debido a los vientos dominantes de la zona. Al ubicarse a sotavento del cierzo, la ciudad quedaría expuesta de forma continuada a la dispersión de malos olores y emisiones contaminantes, agravando la carga atmosférica que ya soporta el municipio por la concentración de instalaciones agropecuarias y plantas de tratamiento de residuos en sus inmediaciones.
Desde la agrupación local del PSOE valoran que la resolución del Ejecutivo regional refrenda la necesidad de paralizar este modelo de ganadería intensiva e instan a la ciudadanía y a los colectivos sociales a sumarse al proceso de alegaciones. La formación ha contrapuesto la determinación técnica de la Consejería con la postura del grupo municipal de Vox en Calahorra, al que afean haber mostrado públicamente su respaldo a la implantación de la macrogranja pese a las afecciones directas sobre los vecinos.
Con la publicación oficial en el BOR se abre ahora un periodo de información pública que se extenderá hasta el próximo 2 de diciembre. Durante este plazo, tanto particulares como entidades sociales, organizaciones ecologistas y administraciones públicas podrán consultar el expediente completo y presentar formalmente las alegaciones que consideren oportunas ante la Dirección General de Calidad Ambiental.
El caso de Pradejón vuelve a reabrir el debate sobre la proliferación de macrogranjas en La Rioja y la sostenibilidad del modelo agroalimentario en el medio rural. Frente al impacto de las explotaciones intensivas sobre el territorio y la salud pública, la presión social y política abre una ventana para reevaluar la viabilidad de un proyecto que amenaza con condicionar el futuro ambiental del entorno de Calahorra.