Refuerzo a la Justicia en La Rioja: dos nuevos jueces para Logroño y un fiscal para agilizar la respuesta a la ciudadanía
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la tramitación urgente de dos reales decretos que darán luz verde a la creación de 700 plazas judiciales y fiscales en todo el país de cara al año 2027. En el ámbito territorial de La Rioja, esta medida se traducirá en la incorporación de dos nuevas plazas de jueces y una de fiscal, dentro de un paquete estatal destinado a aliviar las cargas de trabajo de la Administración de Justicia y mejorar la eficiencia en la atención a la ciudadanía.
Las dos nuevas plazas de la judicatura asignadas a la comunidad riojana irán destinadas al Tribunal de Instancia de Logroño. Con esta ampliación, la planta judicial riojana experimentará un incremento del 4,7 % respecto a su plantilla actual. El refuerzo se suma al proceso de expansión registrado entre los años 2025 y 2026, periodo en el que la región ya sumó cuatro plazas judiciales, lo que supuso un crecimiento acumulado del 9,8 %.
En el ámbito del Ministerio Fiscal, la creación de un nuevo puesto en La Rioja elevará la plantilla autonómica de 15 a 16 miembros, lo que representa un aumento del 6,6 %. A escala nacional, los decretos suponen un impulso significativo al sistema público de Justicia, con la creación de 500 plazas de jueces (+7,8 %) y 200 de fiscales (+6,6 %), cuya distribución se realiza sobre la base de criterios objetivos de litigiosidad, volumen de población y carga funcional de los distintos órganos.
Dentro de la reestructuración estatal impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la jurisdicción civil concentrará la mayor parte de los nuevos juzgados (172 plazas), seguida de la social (109) y la penal (69). Asimismo, 87 plazas se destinarán a reforzar órganos mixtos en provincias y localidades de menor tamaño, mientras que 42 puestos corresponderán a plazas de adscripción territorial, diseñadas con flexibilidad para desplazarse según evolucionen las necesidades del servicio.
En el plano social y de protección de los derechos de los colectivos más vulnerables, la convocatoria estatal reserva 11 plazas para Secciones de Violencia sobre la Mujer —jurisdicción que acumula un crecimiento del 55,4 % en la presente legislatura— y otras seis plazas para reforzar la protección especializada en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia. El despliegue de las medidas forma parte del plan de transformación del servicio público judicial, que combina reformas organizativas, digitales y procesales.
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, la propuesta de distribución de plazas será trasladada al Consejo General del Poder Judicial, a la Fiscalía General del Estado, a los Tribunales Superiores de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia para recabar sus aportaciones antes de la implantación definitiva del nuevo mapa de recursos.