Transparencia obliga a Casalarreina a entregar la documentación de la planta que sufrió tres incendios en un año
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado parcialmente la reclamación presentada por Amigos de la Tierra La Rioja frente al Ayuntamiento de Casalarreina y le ha instado a facilitar, en formato digital y en un plazo máximo de 20 días hábiles, la documentación relativa a la licencia concedida a ASIDER Environment S.L. y al expediente mediante el que se otorgó.
La asociación solicitó esta información el 19 de septiembre de 2025, incluyendo una copia digital de la licencia, del expediente administrativo y un informe sobre la situación urbanística relacionada con la empresa. El Ayuntamiento respondió ofreciendo únicamente la posibilidad de consultar presencialmente la documentación, pese a que Amigos de la Tierra La Rioja reiteró expresamente su solicitud de acceso electrónico.
Ante la falta de entrega de la información, la organización tuvo que recurrir al Consejo de Transparencia el 18 de abril de 2026. Casi un año después de la solicitud inicial, el organismo ha concluido que el Ayuntamiento no acreditó ninguna razón que impidiera facilitar la documentación por medios electrónicos y considera que obligar a la asociación a acudir presencialmente, sin causa que lo justifique, supone una restricción del derecho de acceso a la información carente de motivación legal.
Para Amigos de la Tierra La Rioja, “conocer esta documentación resulta especialmente importante por los antecedentes de la instalación”, según han expresado. La organización ha denunciado en los últimos años la situación de la planta de ASIDER, donde se produjeron tres incendios en menos de un año, el último de ellos en marzo de 2025. También ha advertido sobre la acumulación de residuos y ha presentado denuncias ante distintos organismos por la situación ambiental y administrativa de las instalaciones.
En este contexto, consideran necesario conocer qué licencia municipal se concedió, en qué condiciones y cuál fue el expediente que justificó su concesión, para poder ejercer, segñun piden, “su labor de vigilancia ambiental y fiscalización de la actuación de las administraciones públicas”.
Tal y como recogen en un comunicado, la resolución del Consejo de Transparencia señala que la información solicitada tiene carácter público y que su acceso presenta un “indudable interés público”, al permitir fiscalizar la actuación municipal y garantizar la transparencia.