El limbo legal en el que operan miles de viviendas turísticas en Madrid está a punto de acabar. El Ayuntamiento trabaja a contrarreloj para intentar aprobar este año de forma definitiva la normativa que declarará ilegales la mayoría de estos alojamientos hoteleros encubiertos, confirman a Somos Malasaña fuentes del área de Desarrollo Urbano Sostenible. La previsión es que el Plan Especial de Usos del Hospedaje -así se llama la norma- sea votado en el pleno municipal en el mes de diciembre, aunque si no se llega a esta fecha podría ser validado en enero.
A partir de su aprobación (que tiene asegurada, gracias al más que probable apoyo del PSOE), el 95% de los miles de pisos turísticos que invaden los edificios residenciales de la ciudad serán automáticamente ilegales y deberán cerrar. De no hacerlo, le Ayuntamiento les investigará y les impondrá sanciones. Lo hará a través de un procedimiento similar al que ya está aplicando sobre los cientos de apartamentos y viviendas turísticas que lleva inspeccionando desde inicios de año, una actividad que se ha intensificado desde agosto.
Aprovechando el periodo vacacional, el equipo de nuevos inspectores contratados por Urbanismo empezó a investigar la actividad de 910 inmuebles, la mayoría ubicados en el distrito Centro. De ellos, ha ordenado el cierre (cese de actividad) a 234 por ejercer una actividad económica sin licencia en un lugar no permitido, según del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Además, otros 260 van camino también de este cese de actividad y se encuentran en diligencias previas. Por otro lado, en el caso de otros 354 alojamientos turísticos se ha solicitado información adicional a la Comunidad de Madrid. Solo 20 viviendas o apartamentos turísticos del casi millar que se han inspeccionado son legales.
Además, las inspecciones han comprobado que en 27 edificios (de los 193 investigados) las viviendas turísticas representan entre el 60% y el 100% de todos los pisos disponibles, “lo que repercute en la calidad de vida de las viviendas habituales que conviven con tales porcentajes de alojamientos turísticos en sus edificios”, explican desde Urbanismo. “Cuando se ocupa una parte mayoritaria de un edificio residencial para apartamentos turísticos sin efectuar el cambio de uso ni independizarlo respecto al uso residencial se producen problemas de convivencia e impactos negativos en las comunidades de vecinos afectadas”, añaden a la vez que recalcan que en estos lugares se producen incumplimientos “en la normativa sectorial en materia de seguridad, accesibilidad, sanidad y medio ambiente”.
Los datos, que corresponden a las inspecciones que han tenido lugar hasta el pasado 16 de octubre, arrojan que el Ayuntamiento ya ha revisado 4.436 viviendas incluidas en los 193 edificios antes citados. La búsqueda se ha centrado en los lugares denunciados por los vecinos a través de los canales actualmente existentes, pero también por registros públicos, por los anuncios de estos alojamientos en internet y por otras informaciones publicadas en la web.
El consistorio acusa a la Comunidad de Madrid de permitir “el crecimiento descontrolado de los alojamientos turísticos” y explica que, debido a que es la administración competente en materia de turismo, “puede comprometer y dificultar las posibilidades de acción de otras administraciones públicas como el Ayuntamiento de Madrid, que sí está comprometido en actuar a través de su competencia urbanística en la regulación de este fenómeno”.