La cita era en el 23 de la calle Norte. El objetivo: impedir que una anciana enferma de cáncer y su hijo minusválido se fueran a la calle por un desahucio.
Desde las 8.30 de la mañana, los primeros indignados -convocados en las redes sociales por la plataforma Stop Desahucios y por asambleas surgidas del 15-M- se concentraban en el metro de Tribunal. Desde allí dirigieron sus pasos hasta la calle Norte. Abajo, en el portal, esperaban a los secretarios judiciales.
En este caso, los afectados no eran hipotecados, sino arrendatarios de renta antigua. La inquilina, de 83 años, se había retrasado en los pagos y la promotora propietaria no había accedido -según los abogados de la familia- a negociar ningún tipo de aplazamiento.
A las 9.30, fieles a su cita, llegaron los secretarios judiciales, que no pudieron acceder a la vivienda debido a las decenas de personas que bloqueaban la puerta. Ni siquiera la aparición de la policía municipal logró disolver la concentración.
Una hora después, pasadas las 10.30 de la mañana, el júbilo estallaba entre los concentrados después de que los abogados confirmaran que se había conseguido parar el desahucio. Pero la situación se volverá a repetir: la nueva fecha de comunicación del desalojo es el 12 de septiembre.