El Ayuntamiento de Madrid está cogiendo velocidad en su campaña contra los alquileres turísticos ilegales que operan en Madrid. Por un lado, sigue decretando ceses de actividad a los particulares y empresas que los mantienen abiertos sin licencia (502, de los que 162 se han producido en el último mes y medio) y por el otro acaba de aprobar alargar la moratoria a la concesión de licencias hasta que se apruebe el plan especial que controlará toda la actividad turística sobre viviendas en la capital.
Las inspecciones masivas que se están llevando a cabo desde el pasado verano arrojan la cifra de 12.000 viviendas revisadas en Madrid. De ellas, a 502 pisos turísticos ilegales ya se les ha decretado la orden de cierre. Más de un millar se encuentran además en trámites que acabarán también en el cese de actividad.
Fruto de este servicio de inspección que está llevando a cabo la Agencia De Actividades se está produciendo un cambio en el destino final de las viviendas turísticas en el centro de Madrid, afirma el Ayuntamiento. “Muchas de ellas están volviendo al alquiler estable”, ha afirmado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo. Esto provoca, a juicio del concejal municipal, que tenga lugar “el efecto contrario al que hace el alquiler turístico”, es decir, que la situación actual “tira a la baja de los precios” en la vivienda de alquiler. “Con ello contribuimos a bajar los precios en toda la ciudad”, ha añadido, ya que lo que pasa en Centro “tiene efecto contagio” con el resto de Madrid.
Fuentes inmobiliarias consultadas por Somos Malasaña también informan de que el precio de los alquileres en el distrito Centro pudo tocar techo en 2018 y se espera que los precios de los alquileres se contengan durante 2019 debido a las reformas legales a nivel estatal (queda por ver qué sucede con la Ley de Arrendamientos Urbanos, tumbada en el Congreso) y también municipal.
Calvo también anunció un refuerzo en el servicio de inspección, con el que el Ayuntamiento está satisfecho e incluso sorprendido de su gran efectividad, informan a Somos Malasaña fuentes municipales. De momento se están centrando en viviendas que se alquilan en plataformas turísticas, aunque también recogen denuncias vecinales concretas, como los casos de Flor Alta 6 y Noviciado 9, donde se produjo la expulsión de los arrendatarios para montar sendos hoteles encubiertos sobre suelo residencial. Solo en Malasaña se han ordenado 178 cierres de viviendas Airbnb, informaba este periódico el mes de diciembre.
El Ayuntamiento también ha anunciado que aprobará de forma definitiva en el pleno de febrero su Plan Especial de Usos del Hospedaje, con el que pretende controlar mejor la actividad turística y cerrar -como afirmó el propio Calvo- el 95% de los pisos que actualmente operan en Airbnb.
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