Los vecinos afectados por el requerimiento de desalojo del edificio de Luna 32, el conocido como Palacio de la Infanta Carlota, han presentado un recurso contra el mismo dejando así sin validez efectiva la orden del Ayuntamiento, que deberá ahora acudir a la vía contencioso administrativa para solicitar al juzgado el desahucio.
Con esta acción es de suponer que las personas que viven de forma ilegal en el citado inmueble podrían ganar un mínimo de seis meses de tiempo, periodo que aprovecharán tanto para negociar una salida con los responsables municipales como para buscar por su cuenta una alternativa habitacional que la premura de la orden de desalojo del Consistorio -que les dio sólo 10 días- les ponía muy difícil.
Para el Ayuntamiento, quienes viven en Luna 32, alrededor de 300 personas entre las que hay no menos de 40 niños, son ocupas y no se les ha dado más opción que la de abandonar el edificio de titularidad municipal donde habitan desde hace años. No habiendo un censo fidedigno, ni de las personas que hay en el edificio ni de la filiación existente entre ellas, tampoco desde Servicios Sociales les han contactado desde que se les notificó que debían desalojarlo. Del mismo modo, no ha habido información sobre algún tipo de ayuda ni intención manifiesta de buscar una solución habitacional para la situación de desamparo en la que la pérdida de un techo coloca a la inmensa mayoría de estas personas. El requerimiento de desalojo fue la última comunicación ayuntamiento-habitantes de Luna 32 que existió.
El delegado del área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, había expresado públicamente que este jueves, día 12, se cumplía el plazo dado por la administración para el desalojo voluntario del edificio, algo que no se va a producir. Las prisas por desalojar el inmueble las justifica el Consistorio por el peligro que para la seguridad de los que en él viven supone la mala conservación del edificio, según un informe técnico al que alude y que daría fe de ese estado.
Sin embargo, los vecinos de Luna 32 ponen en duda la veracidad de tal informe, al que no han podido tener acceso en su totalidad, y no descartan recurrir a un peritaje independiente que certifique el estado del edificio.
Tanto el Ayuntamiento como la Junta Municipal de Centro callan sobre el problema de Luna 32, si bien es algo que deberán abordar en el pleno del distrito del próximo miércoles 18 de diciembre, al que el grupo municipal de Más Madrid llevará una pregunta interesándose por saber qué ha pensado hacer el Consistorio con las 300 personas que se van a quedar sin hogar.
Los habitantes de Luna 32 están siendo asesorados por la plataforma vecinal SOS Malasaña, a la que recurrieron en busca de algún tipo de ayuda. Todos coinciden en que deberán abandonar el lugar en el que actualmente viven sin ningún tipo de contrato pero reclaman al Ayuntamiento información, ayuda y un tiempo prudencial para encontrar otro lugar en el que alojarse, entre otras cosas.
Responsabilidad municipal
Responsabilidad municipal
Desde SOS Malasaña afirman que la administración tiene una responsabilidad en el tema del realojo de estas personas, en haber permitido que se llegara a la situación actual y también en el de conservación de un edificio del cual es titular, por lo que no puede dar carpetazo sin más al asunto ordenando el desalojo del inmueble y obviando todos los demás frentes.
Esta plataforma vecinal se plantea también solicitar una comisión de investigación sobre todo lo relacionado con el Palacio de la Infanta Carlota, desde antes de su expropiación con motivo de las obras ilegales que el anterior propietario ejecutó en él y que desencadenaron la adquisición municipal del lugar. No entienden, por ejemplo, que la empresa que dañó este patrimonio protegido no sólo no haya salido sin una sola sanción del proceso sino que consiguiera que se le indemnizara con más de 10 millones de euros. El tema de Luna 32 salpica a varios gobiernos municipales. Desde SOS Malasaña sostienen que alguien no hizo bien su trabajo y que se deberían aclarar responsabilidades.
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