Que el Ayuntamiento esté a punto de aprobar de forma definitiva el Plan Especial de Usos de Hospedaje para combatir la proliferación de viviendas turísticas en edificios catalogados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como de uso residencial, y que ya haya ordenado el cese de actividad de numerosos pisos vacacionales, no quita para que en Malasaña se sigan abriendo verdaderos hoteles como el que se acaba de estrenar en el número 12 de la calle Minas, justo enfrente del también edificio para turistas del número 5 de esa vía, con el que ha compartido constructor y comparte gestores, dos empresarios que manejan en la zona otros cuatro inmuebles dedicados por entero al alquiler de corta duración y que han estado durante años operando sin disponer de licencia para ello.
Minas 12, por el contrario, sí tiene licencia hotelera, siendo su caso muy similar al de Madera 25. El barrio pierde una vez más vivienda vecinal, en un nuevo paso hacia su terciarización, pero la explicación de por qué estos dos inmuebles operarán de forma legal es sencilla: ambos solicitaron su correspondiente permiso antes de que la turistificación y el llamado 'efecto AirBnB' se hicieran hueco en la agenda política y el ayuntamiento comenzara a pergeñar trabas contra los cambios de uso de los edificios residenciales.
“Desde el 3 de enero de 2017 Minas 12 dispone de licencia urbanística para apartamentos turísticos. Se concedió antes de la suspensión de licencias y como el edificio tiene protección nivel 3 parcial, el uso era admisible con la normativa anterior al Plan Especial”, explican desde Urbanismo.
De este modo, desde el pasado 5 de febrero el portal Booking.com acepta reservas para alojarse en alguno de los apartamentos que componen Minas 12, un edificio recién rehabilitado en su totalidad que consta de 24 alojamientos. Según ha podido comprobar este periódico, al intentar hacer una reserva ficticia, una pareja que, por ejemplo, quisiera pasar esta noche de San Valentín en uno de estos pisos, con capacidad para dos personas, podría hacerlo desde 69 euros.
Quien la sigue la consigue
Quien la sigue la consigue
Lo que iba a suceder en Minas 12 era un secreto a voces que, finalmente, se ha confirmado: más apartamentos turísticos. Según el visor urbanístico del Ayuntamiento, el edificio tendría uso residencial, 119 años de antigüedad y está edificado sobre una parcela de 390 m2, con una superficie construida de 1194 m2. Sin embargo, en el catastro, con información más actualizada, el edificio está inscrito ya con uso preferente de “ocio y hotelero”, indicándose como fecha de construcción el año 2017, año de inicio de la rehabilitación integral que ahora estrena y que ha sido imprescindible para que pueda funcionar como hotel.
La empresa que explota comercialmente Minas 12 se llama Gran Central Suites SL y, aunque es de nueva constitución -julio de 2018-, sus administradores son dos viejos conocidos del negocio del alquiler vacacional en Malasaña: el neozelandés Georgemackenzie Coltart Samuel y el barcelonés Pablo Bosch Domínguez. El objeto social de su recién abierta sociedad, “la adquisición, arrendamiento y explotación de todo tipo de alojamiento como albergues, pensiones, hostales, hoteles y apartamentos”.
Coltart y Bosch manejan y alquilan a turistas, además, los edificios enteros situados en Apodaca 5, Palafox 7, Pozas 16 y Minas 5, aunque figuran en el PGOU como de uso residencial. Lo hacen a través de distintas sociedades que han ido abriendo con idéntico 'apellido' (Central Suites) y en las cuales ocupan los cargos de administradores únicos o mancomunados (Madrid Central Suites, Malasaña Central Suites, Minas Central Suites).
Licencia hotelera en ristre, en Minas 12 no hace falta ni esconder ni disimular la actividad y unas grandes letras en su fachada no dejan lugar a dudas de a qué se dedican en el edificio, cuyo único misterio vivo, por el momento, es saber qué abrirá en el local a pie de calle que posee: 256 m2 de incógnita que pronto será desvelada.
Cada edificio que se saca del mercado del alquiler residencial o del mercado de la venta para ese mismo uso residencial apunta hacia una pérdida real de población en la zona, afectando también a los precios de la vivienda e, indirectamente, influyendo en la transformación del tipo de comercio de proximidad que existe.