Una placa para las dos Rosas de Maravillas que habla de memoria y ¿reparación?

Pasados cuatro meses desde el final de la Guerra Civil y la victoria franquista, Madrid era territorio hostil para los vencidos. Los consejos de Guerra, redadas, depuraciones y fusilamientos se sucedían día tras día. En ese Madrid terrible de la delación y el hambre sucedió uno de los episodios más conocidos de represión en la posguerra: el de Las Trece Rosas.

Se trataba de un grupo de mujeres, la mayoría militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) que fueron condenadas a muerte por el socorrido cargo de adhesión a la rebelión. Murieron fusiladas el 5 de agosto de 1939, tras pasar diferentes penurias en centros de detención y en la cárcel de Ventas, donde cuatro millares de mujeres convivieron hacinadas esos años.

Siete de las llamadas Trece Rosas eran menores de edad, lo que propició que, desde el primer momento, el caso alcanzara resonancia en la prensa internacional. Dos de ellas, además, eran del barrio de Maravillas, donde próximamente se las recordará con una placa, según se ha aprobado en el Pleno de la Junta Municipal de Centro. La moción, presentada por el Grupo Municipal Socialista, salió adelante con sus votos y los de Ahora Madrid. Ciudadanos y el Partido Popular se abstuvieron.

Para entender la naturaleza y el alcance del caso y del homenaje, hemos hablado con el historiador Alejandro Pérez-Olivares, autor de la tesis doctoral La victoria bajo control: ocupación, orden público y orden social del Madrid franquista (1936-1948).

En realidad, la operación fue más allá de Las Trece Rosas. Tras el asesinato del comandante de la Guardia Civil Isaac Gabaldón, la noche del 29 de julio del 39, fueron detenidos 58 miembros de las JSU. En las detenciones, en los procesos y en las ejecuciones hubo total arbitrariedad. Según Pérez-Olivares, “es necesario incidir en el mecanismo perverso de la causa, en la que los hechos atribuidos se equipararon directamente con hechos probados, sin garantía judicial alguna”.

Julia Conesa (19 años) vivía con su madre y sus hermanas en el número 5 de la calle Galería de Robles, donde ejercían la profesión de costureras. En 1937 se afilió a las JSU y durante la contienda fue una de las mujeres empleadas en el cobro de tranvías. A ella –a su emotiva carta de despedida–, se debe la frase inmortal “que mi nombre no se borre de la historia”.

Blanca Brisac era música y de buena familia. De 29 años, vivía junto a su marido –condenado a muerte en el mismo proceso– en el número 1 de la calle de San Andrés. Era la única del grupo que no era militante de las JSU.

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El caso de Blanca Brisac, explica Alejandro Pérez Olivares, tiene diferencias con el Julia Conesa, ya que ésta militó activamente mientras que Blanca heredó el delito atribuido a su marido. “Se trata de un grado distinto de la represión femenina dentro del franquismo y muy significativo de su naturaleza”.

La placa que en memoria de Banca y de Julia colocará el Ayuntamiento viene a sumarse al proceso memorístico sobre el periodo que está impulsando el gobierno municipal de Ahora Madrid, que avanza con paso entrecortado. Esta semana supimos que, tras el parón ocasionado por los litigios con la Fundación Francisco Franco, hay vía libre para el cambio de denominación de calles con nombres asociados al franquismo, y que este ya ha comenzado en algunos distritos. En nuestro barrio llegará cuando la Plaza de Juan Pujol adopte el nombre popular de plaza del Rastrillo.

Por otra parte, el Comisionado de Memoria Histórica ha propuesto que no aparezcan en el Memorial de las víctimas aprobado para el Cementerio de la Almudena los nombres de las personas fusiladas en la posguerra, como se iba a hacer en un primer momento (se ha aventurado la posibilidad de que aparezcan vinculados con un código QR) y que se levante, paralelamente, otro dedicado a las víctimas de la violencia en Madrid entre 1936 y 1939. El listado de víctimas ejecutadas en las tapias del cementerio proviene del informe encargado por el Ayuntamiento al equipo del historiador Fernando Hernández Holgado, que cifra el número de fusilados en 2.934 entre los años 1939 y 1944, y que abre nuevas vías para la investigación de la represión, según Pérez Olivares. La polémica surgió porque desde el PP y Cs se adujo en el Pleno que entre los homenajeados habría unos tres centenares de personas con delitos de sangre, siempre según los procesos judiciales del primer franquismo. Diversos colectivos memorialistas han protestado por la decisión del órgano consultivo, pidiendo su dimisión.

Precisamente, en relación al alcance de la política de recuperación de la memoria, Alejandro Pérez-Olivares cree que es necesario ir más allá en un aspecto que toca de lleno al caso de Las Trece Rosas: “Deberíamos dar batalla por la anulación de aquellos procesos, no ha habido ruptura con la justicia militar que operó. Son juicios que no han sido declarados ilegales, algo que debería hacerse y que la actual Ley de Memoria Histórica no contempla”.