La Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Centro denuncia “informaciones erróneas difundidas interesadamente por las plataformas de vivienda turística”, ante la aprobación el miércoles del Plan Especial de Hospedaje (PEH) del Ayuntamiento de Madrid, que regula el alojamiento vacacional. Mediante nota de prensa ha querido “aclarar algunas cuestiones fundamentales sobre las viviendas de uso turístico (VUT)”, al tiempo que considera que “resulta inadmisible” que el PEH vaya a permitir “una actividad no legal como la VUT en edificios residenciales hasta 90 días al año”.
La Coordinadora, que reúne a ACIBU (Universidad), Austrias, Cavas (Latina), Chueca, Barrio Letras, AVECLA y AVEPLAMA, indica: “El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM97), vigente desde 1997, ya exige entrada independiente para todas las actividades terciaria de hospedaje en edificios residenciales del centro de Madrid. Por lo tanto, el PEH no introduce ninguna restricción novedosa. La VUT supone en la mayoría de los casos una grave alteración de la legalidad urbanística al tratar de imponer el uso urbanístico terciario de ‘hospedaje’ en edificios calificados como residenciales, en un claro fraude de ley. Lo que ha sucedido, es que el ayuntamiento de Madrid ha renunciado durante años a la gestión inspectora-sancionadora de esta actividad y de ahí la enorme burbuja de VUT que se ha creado”
El tirón de orejas al nuevo plan del Ayuntamiento llega al abordar la cuestión de los 90 días anuales en los que éste permitirá el uso turísitico de una vivienda. “El uso urbanístico residencial de nuestros edificios lo es los 365 días del año. No es que el PGOU deje de aplicarse y tener efecto, como cualquier otra ley, durante un determinado número de días al año. Por tanto, la propuesta del PEH de permitir una actividad no legal como la VUT en edificios residenciales hasta 90 días al año es absolutamente inadmisible. Y lo es además porque las actividades económicas lo son desde el primer día. Internet no es más que otro canal de oferta -vender servicios a través de internet no lo hace ”colaborativo“ ni menos actividad económica. Esta propuesta ya ha sido implantada en otras grandes ciudades y se ha demostrado que es imposible de controlar”.
A los argumentos legales con los que las plataformas VUT defienden las viviendas turísticas la Coordinadora los tacha de “sesgados”. “Las plataformas VUT reclaman en los tribunales libre competencia ante el resto de competidores del sector de hospedaje, dejando claro que pertenecen a ese sector. Por tanto, para que exista la libre competencia que reclaman, han de cumplir las mismas obligaciones; principalmente la legalidad urbanística de no instalar su actividad terciaria ‘hospedaje’ en suelo residencial, como tampoco puede hacerlo su competencia. Apelan sistemáticamente a la normativa Europea -Directiva EU 2006/123 de servicios en el mercado interior– de manera interesada; ya que justamente esta Directiva queda excluida de su aplicación ‘en el ámbito de la ordenación del territorio y el urbanismo...’”.
“Los propietarios de viviendas en edificios con uso residencial tienen derecho a preservar el uso urbanístico de sus edificios. Por tanto, la implantación de actividades terciarias de ‘hospedaje’ VUT en edificios residenciales supone una alteración de la Seguridad Jurídica que protege nuestras inversiones; una suerte de expropiación forzosa de nuestros legítimos derechos. El derecho a la inviolabilidad del domicilio, reconocido en el artículo 18 de la Constitución y sustentado sobre el derecho a la privacidad y disfrute de una vida privada y familiar en la vivienda, es un derecho fundamental y, por tanto, tiene mayor rango de protección que el derecho a la libertad de empresa al que apelan las plataformas VUT para usurpar nuestra legalidad. Más aún cuando existen opciones de rendimiento económico como alquiler que son menos gravosas para los derechos fundamentales”.
A partir de abril, la mayoría de viviendas turísticas que operan en Madrid dentro de plataformas como Airbnb, Booking o Homeaway -hasta un 95%- serán ilegales, según el PEH. Sin embargo, al Ayuntamiento le va a costar hacer cumplir la ley y es de prever que muchas de las distintas órdenes de cierre que se vayan dictando a medida que las inspecciones certifiquen el desarrollo de una actividad no permitida en tal o cual edificio residencial acaben siendo recurridas en los tribunales. Las inminentes elecciones municipales aportan una dosis extra de incertidumbre con respecto a este tema, máxime cuando los grupos políticos importantes que ahora están en la oposición no se han pronunciado abiertamente sobre esta materia.