La desfachatez de nuestro servicio de autobuses

Hay una palabra que los gobiernos del Partido Popular utilizan con enorme facilidad cuando hablan de servicios públicos, “eficacia”

La pronuncian para justificar privatizaciones, concesiones y contratos millonarios. Como si la eficiencia tuviera necesariamente un propietario privado y gestionar directamente un servicio público fuera una especie de pecado administrativo.

La huelga del transporte que estos días afecta a Murcia y Cartagena debería servirnos para algo más que para calcular cuánto tardamos en coger el autobús. Debería obligarnos a preguntarnos ¿qué modelo de transporte público estamos construyendo?

Porque los conductores de autobús no atienden a meros clientes. Atienden a ciudadanos con derechos.

Los trabajadores reclaman poder conocer sus horarios y descansos con suficiente antelación, organizar su vida y conciliar. Mientras empresas y sindicatos son incapaces de alcanzar un acuerdo, miles de ciudadanos sufren las consecuencias. La respuesta será la de siempre, “La huelga perjudica a los ciudadanos”.

Por supuesto que una huelga provoca molestias. Pero resulta curioso que quienes más se indignan por ellas sean muchas veces los mismos que aceptan sin demasiadas preguntas que servicios esenciales financiados con dinero público sean gestionados como negocios privados. Y, ahí está el verdadero debate.

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto sobre la mesa un contrato de 731,5 millones de euros para diez años. Una cantidad semejante debería provocar, una pregunta. ¿Por qué no se ha planteado seriamente la creación de una empresa pública municipal de transporte?

No digo que la gestión pública sea automáticamente más barata. Digo algo mucho más elemental: con 731,5 M€ comprometidos durante una década, lo mínimo exigible es comparar alternativas. Gestión privada frente a gestión pública.

Mismos autobuses. Mismas líneas. Mismas frecuencias. Mismos trabajadores. Mantenimiento, combustible, tecnología e inversiones. Y después de ver números encima de la mesa. ¿Cuánto cuesta cada modelo? ¿Cuánto dinero público recibe? ¿Cuánto acaba en beneficio empresarial? ¿Cuánto costaría una gestión directa?

Que me lo demuestren con datos, porque el PP tiene todo el derecho a defender la iniciativa privada. Forma parte de su ideología. Lo que no puede hacer es convertir esa preferencia ideológica en una verdad económica incuestionable.

La gestión privada no es sinónimo automático de eficiencia. Y la gestión pública tampoco de ineficiencia. Lo sensato sería comparar.

Pero en la Región de Murcia llevamos demasiado tiempo aceptando un modelo en el que se privatiza la gestión y se entrega a empresas privadas una actividad que seguimos pagando entre todos.

Y cuando llegan los problemas, vuelve a aparecer la Administración para poner más dinero, garantizar servicios mínimos, corregir deficiencias o solucionar aquello que, según nos dijeron, el mercado iba a gestionar mejor.

Curiosa concepción de la eficiencia, el beneficio se privatiza y el coste de los problemas se socializa. Mientras tanto, cuando los trabajadores protestan, se les acusa de perjudicar al ciudadano.

Pero un transporte público de calidad necesita también buenos profesionales, conductores con salarios dignos, descansos adecuados y horarios previsibles. La calidad del servicio y la calidad del empleo no son cuestiones separadas.

No podemos exigir autobuses puntuales mientras aceptamos condiciones laborales que dificultan la vida de quienes los conducen.

Y la huelga debería incomodar políticamente a los gobiernos responsables del servicio. No porque los trabajadores estén equivocados por hacer huelga. Al contrario, el derecho de huelga existe precisamente porque, cuando la negociación fracasa, los trabajadores necesitan una herramienta para defender sus derechos.

El problema es haber construido un modelo en el que un servicio esencial depende de intereses empresariales mientras las administraciones públicas continúan poniendo el dinero. El problema del PP no es defender la iniciativa privada, su problema comienza cuando confunde lo público con aquello que puede convertirse en negocio.

Cuando ve una residencia de mayores y piensa en una concesión. Cuando ve un autobús y piensa en un contrato. Cuando ve un servicio sanitario y piensa en una externalización. Eso no es gestionar lo público. Es renunciar a la capacidad de gestionar directamente aquello que pertenece a todos.

Porque un autobús no es solamente un vehículo. Es lo que permite a una persona mayor acudir al médico, a un estudiante llegar a clase, a un trabajador acudir a su puesto de trabajo o a una familia prescindir de un segundo vehículo.

Eso es valor público. Y eso también debería formar parte de la ecuación cuando hablamos de eficiencia. Así que, ¿Queremos un transporte público al servicio de los ciudadanos o un negocio privado financiado con dinero público?

Porque gobernar lo público no debería consistir en buscar quién puede hacer negocio con ello, sino en garantizar derechos.

Y eso se llama servicio público.