“El sargento ha ascendido a brigada por antigüedad, ha seguido con normalidad su vida militar y familiar mientras la víctima estaba hundida y, encima, trabaja a pocos kilómetros de ella; la pena es que la compañera que sufrió las violaciones ha tardado siete años en verle sentado en el banquillo”, reivindica al otro lado del teléfono Alicia Sánchez, secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).
Se refiere así Sánchez a los cuatro años de acoso, miedo, vejaciones y violaciones reiteradas que sufrió una agente del Instituto Armado en el cuartel de Molina de Segura, en la Región de Murcia, desde 2011 hasta 2015. El Tribunal Militar de Cartagena ha condenado a 19 años de prisión al sargento O. M.G. –quien sigue en libertad al no ser firme la condena– por abusar sexualmente de su subordinada, dejarla embarazada y obligarla después a abortar.
La acusación particular pedía 22 años de cárcel frente a los 15 de la Fiscalía, por acosar y violar a la víctima cuando él era su superior en el cuartel de la Guardia Civil de Molina de Segura. “El violador ha recurrido la sentencia, y no sabemos si se resolverá ya este año, pero es difícil que consiga un cambio sustancial en una condena con una pena tan alta”, explica a elDiario.es Región de Murcia la secretaria de Igualdad de la AUGC, que ha acompañado y sostenido a la víctima en todo el proceso.
“A la compañera le falló el sistema, y cuando recurrió a la vía judicial ya no podía más; la Guardia Civil como institución la victimizó y le dio la espalda, la única vía que quedaba era acudir a los juzgados”, cuenta Alicia Sánchez, quien recuerda que “el violador siguió (y sigue) trabajando, aun sabiendo ya toda la comandancia lo que había hecho porque en 2016 denunciamos públicamente el caso”. La víctima, de 52 años, está de baja desde 2015 por depresión, estrés postraumático y deterioro físico y mental.
Desde la Guardia Civil señalan que atendiendo tanto al procedimiento penal como disciplinario, “no se puede apartar a un agente hasta que no hay una sentencia firme, pero sí que se le puede apartar de un destino en función del delito, tal y como recoge nuestro reglamento”. “Él también está de baja, pidió traslado a otra localidad -no colindante con la anterior- y se le concedió. No se puede hacer nada más hasta que no haya sentencia firme”.
Por su parte, el Tribunal Militar sí que ha acordado la retirada de arma y pasaporte en espera de que se resuelva el proceso.
“A casa derecha y sin jueguecitos”
En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, quedan probados reiterados episodios de tocamientos y besos en contra de la voluntad de la víctima, tanto en el vestuario del cuartel como en su domicilio, así como penetraciones vaginales y bucales. Según la sentencia, el procesado, en ocasiones, seguía a la víctima a su casa al acabar el servicio; y, en el caso de que cambiara de ruta, le increpaba “a casa derecha y sin jueguecitos”.
Cuando la víctima no atendía a sus deseos, le reventaba el telefonillo “y ella le pedía que se fuese, que iba a despertar a su hijo (que tenía 11 años) y a sus vecinos”. Cuando la víctima le abría la puerta, “el sargento la violaba y rápidamente se largaba”. En abril de 2013, la obligó a salir de patrulla con él al volante. La condujo hasta un descampado, “se desabrochó el pantalón, agarró a su subordinada por la cabeza e intentó obligarla a que le practicase una felación. Como ella se resistió, el hombre le golpeó la cabeza con el volante y le mordió el cuello”.
En julio de 2012 la víctima se dio cuenta de que se había quedado embarazada y se lo comunicó al sargento, quien estaba casado y ya era padre, y le forzó a abortar. “Saca eso de ahí, no me vas a joder la vida, entérate bien”, le dijo.
Protocolo garantista
Desde la AUGC piden unos protocolos contra casos de violación que sean garantistas y tomen como referencia los de la administración general del Estado. “Llevamos años pidiendo que se adapten”, dice Alicia Sánchez. Por ejemplo, mientras que los protocolos de la administración general exigen que se resuelva el caso en diez días, la Guardia Civil alarga ese plazo a un mes, “y no obligan a apartar al acosador, como trato de favor se le ofrece a la víctima otro puesto y resuelve el general de zona”.
La secretaria de Igualdad de la AUGC apunta que “tenemos víctimas que han pedido activar el protocolo y no se ha considerado acoso, entonces solo les queda cogerse una baja y al incorporarse, muchas veces se les deniega el cambio a otra unidad; los protocolos no funcionan, jugamos en su campo con sus propias reglas y solo conocemos la punta del iceberg”.
Entre 2019 y 2022 solo te tiene constancia a nivel nacional de 87 denuncias por acoso laboral y/o sexual en el Cuerpo, de los que 29 denunciantes son mujeres y 58 hombres. Solo 14 mujeres denunciaron por acoso sexual, “pero sabemos que son muchas más”, explica Alicia Sánchez, quien señala que otra de sus reclamaciones es que cuando se inicia una investigación interna “la víctima pueda ir acompañada, hasta ahora tenía que ir sola, y ahora puede acudir con alguien de la Guardia Civil, pero el objetivo es que pueda entrar al interrogatorio con su defensa”.
“Es la primera sentencia del panorama jurídico militar que reconoce con esa limpieza los hechos y la tortura sexual a la que fue sometida”, valora la socialista Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista de Murcia y de Femenino Plural, colectivos que han estado apoyando a la Asociación Unificada de la Guardia Civil para visibilizar este caso.
Ayudar a crear conciencia social y colectiva
“Ahora, con el recurso, cabe la posibilidad de que se le rebaje la pena pero queríamos que se conociera, que ayude a crear conciencia colectiva y social de todo lo que ha tenido que pasar la víctima”, señala Gloria Alarcón, que dirige desde 2017 el Centro de Estudios Universitarios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Murcia (UMU), a cuyas aulas ha llevado a análisis esta sentencia.
“Estamos ante una sentencia histórica, que una compañera haya ganado en los tribunales significa que hay esperanza para todas”, apunta Teresa Franco, exmilitar y exconcejala socialista del Ayuntamiento de Murcia, que denunció al que fue su capitán por faltas de respeto, vejaciones y trato discriminatorio.
Durante los cuatro años que duró su calvario sufrió 6 arrestos disciplinarios, que la privaron durante 33 días de libertad. El mando quedó absuelto, a pesar de que durante el proceso en el Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, el fiscal reconoció que el capitán llevó acabo acciones que deberían haber sido “objeto penal” de “un reproche disciplinario”.
“A las mujeres militares, y las guardias civiles, cuando tenemos problemas de acoso, en todos los niveles (laboral y sexual) no nos creen, el sistema es muy hermético. Además, consideran que somos quienes manchamos el nombre de la institución con 'nuestras denuncias falsas' para arruinar las vidas de los pobres mandos; por eso esta sentencia es esperanzadora”.