Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre), socios del PSN en el Gobierno de Navarra, han elevado el tono con los socialistas tras conocerse el informe de la Intervención General que decreta un reparo suspensivo al modificado del contrato de la obra de desdoblamiento del túnel de Belate y que incluía un sobrecoste de 8,5 millones de euros, y exigirán a María Chivite “responsabilidades políticas” en una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo programático de Gobierno que los socios celebrarán la tarde de este lunes. EH Bildu, socio presupuestario de Chivite, también ha reclamado una reunión con el PSN.
Tanto Gero Bai como Contigo/Zurekin han evitado hablar de dimisiones en el Departamento de Obras Públicas, cartera del PSN liderada por Óscar Chivite, familiar de la presidenta, pero han emplazado a la líder el Ejecutivo foral a que les dé explicaciones por la “disparidad” entre la justificación que les dio en verano el consejero al sobrecoste y la que recoge el interventor general en su informe de reparo, que cuestiona la justificación técnica de tres de las quince unidades objeto del modificado. Se trata en concreto del polvorín y de los suplementos de la excavación y del sostenimiento, unidades que suponen el 69,71% del incremento propuesto.
“Exigimos firmeza a la presidenta y que tome las medidas técnicas y políticas oportunas”, ha señalado el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona. “Es evidente que ha habido personas que han tenido responsabilidades y será la presidenta la que deberá tomar decisiones”, ha añadido el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán. Por parte de EH Bildu también ha reclamado a Chivite que actúe “en consecuencia”.
Desde el PSN restan importancia a las discrepancias verbalizadas por sus socios de Gobierno y descartan que exista una fractura en el seno del Ejecutivo. Aseguran que escucharán a sus socios y que acatarán el informe de reparo de Intervención y han evitado hablar de dimisiones.
La obra del desdoblamiento del túnel de Belate fue adjudicada por 62,8 millones de euros a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso vinculada a Santos Cerdán. El consejero de Cohesión territorial anunció en verano un sobrecoste de 8,5 millones de euros presentado por Acciona y Osés -Servinabar fue excluida de la UTE tras conocerse su presunta vinculación con Santos Cerdán- que respondía a cuestiones técnicas. El pasado viernes Intervención emitió un informe de reparo suspensivo al sobrecoste cuestionando la justificación técnica de tres de las quince unidades objeto del modificado.
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