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Noticia servida automáticamente por la Agencia Europa Press

ELA considera la Ley Foral de Vivienda una “oportunidad perdida” y pide garantizar el “derecho subjetivo a la vivienda”

EP

PAMPLONA —

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PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

ELA ha considerado que la Ley Foral 20/2022 para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible en Navarra es “otra oportunidad perdida” para “fomentar un cambio de modelo y garantizar que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna”.

El sindicato ha afirmado en una nota que “la raíz del problema de la vivienda es que, aunque sea un derecho universal, desde hace décadas ha sido concebida como un bien con el que especular y sacar rendimiento económico”. “Es por ello que la mayor parte del parque de viviendas lo es en régimen de compra-venta, siendo el alquiler muy reducido”, ha apuntado.

La organización ha opinado que hay una “falta de ambición para mejorar la situación de la vivienda”. “Han sido necesarias décadas para que las viviendas protegidas en Navarra tengan un carácter indefinido. Esto ha provocado la privatización de más de la mitad de viviendas públicas, lo que es un despilfarro de una gran cantidad de recursos públicos”, ha resaltado el sindicato, que ha añadido que “con todo, se sigue poniendo fecha de caducidad a las viviendas de alquiler social”.

Igualmente, ha dudado que la limitación de los alquileres en las zonas tensionadas “vaya a tener un gran impacto”. “Estas medidas sólo van a afectar a unos pocas viviendas en comparación con el parque de alquiler y en ningún caso se habla de una disminución del precio de la vivienda, sino de un mantenimiento de unos precios que están en máximos históricos”, ha remarcado.

En cuanto al “alquiler asequible”, ha señalado que “todo dependerá de la voluntad de la administración de turno, ya que será la encargada de establecer si se aplica o no”. “Si a la poca ambición de la ley se le suma una escasa dotación presupuestaria, los problemas estructurales en vivienda van a permanecer”, ha reprochado.

Así las cosas, ELA ha apostado por “garantizar el derecho subjetivo a la vivienda mediante el fomento del alquiler social, la paralización de los desahucios, la limitación del precio del alquiler y de las viviendas de uso turístico”.