La iniciativa tenía por objeto tomar como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para practicar las deducciones prevista a pensiones de viudedad y pensiones de jubilación contributivas.
La proposición ha contado con el voto a favor de UPN, PSN y PPN, mientras que Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han votado en contra.
UPN planteaba aplicar la diferencia entre el SMI (en lugar de las cantidades actualmente estipuladas) y las pensiones percibidas. A su vez, se propugnaba la modificación de determinados requisitos actualmente exigidos para la aplicación de la minoración, de modo que se estableciera un único límite de rentas y solamente a nivel individual.
A ese respecto, se defendía la supresión de la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, se abogaba por no computar las rentas exentas (a efectos de computar el resto de rentas), se proponía como único límite de las rentas el SMI y, en el caso de que el beneficiario formara parte de una unidad familiar, se pretendía la omisión de los requisitos exigidos para la percepción de la deducción.
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han esgrimido razones competenciales y de progresividad fiscal para justificar su rechazo a la toma en consideración de la ley.