¿El discurso de la Justicia?

Aunque la actualidad del discurso de una autoridad institucional acostumbra a durar la jornada en que se pronuncia, en esta ocasión las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial tuvieron un superior impacto. Pasan los días, y ahí siguen causando eco. Pese a que, probablemente, fueron calculadas para no tener esa repercusión apelando, en términos amplios, al respeto a la institucionalidad, ha causado estupor en no pocas personas que la presidenta no fuera de algún modo sensible, no a algunos de los fallos más sorprendentes –y ha habido varios– de los tribunales en el último año, sino a las disfunciones que propiciaron esos fallos polémicos y que incluso criticase con bastante extensión en su discurso a quienes lanzaron, con más o menos elegancia, objeciones a esa labor.

Se podrá decir que la presidenta debía defender genéricamente al poder judicial y cerrar filas, pero no es exactamente así. Cerrar filas es propio de un ejército en guerra, y no de algo tan equilibrado, ecuánime y pacífico como debe ser el conjunto de jueces de un país. Por otra parte, defender a un colectivo no pasa por mirar para otro lado cuando se produce una conducta absolutamente incalificable de un juzgador, sino que consiste en propiciar que se activen todos los mecanismos para que la disfunción sea corregida. No hacerlo da alas a todos los que aplauden al infractor y da una imagen pésima de la Justicia ante la sociedad. Me entristecen extraordinariamente las críticas a los jueces, incluso cuando son acertadas, porque revelan que existe un problema allá donde, en puridad, no debiera haber ninguno. La Justicia es lo último que nos queda a la ciudadanía cuando falla todo lo demás. Y si algunos jueces se comportan en su quehacer evidenciando que no les gusta el gobierno de la nación, o bien que odian a la oposición o detestan cualquier otra opción política, están faltando a su misión principal. No es concebible la ecuanimidad en el juez que ha tomado partido públicamente, o incluso a través de sus resoluciones judiciales, y que hasta se enorgullece de ello en privado con sus allegados, o no tanto.

El hecho es que han sucedido demasiadas cosas como para que, precisamente el día en que se pronuncia el discurso ante el jefe del Estado, no se dé cuenta ante la ciudadanía, no solo de lo que ha ido bien, sino también de las disfunciones. En este curso pasado se ha investigado a la esposa del presidente del Gobierno en unos términos que todavía estremecen, sobre todo por la cantidad insólita de veces que tuvo que ser corregido el instructor por la Audiencia Provincial de Madrid, llegando dicho juez hasta el inconcebible extremo de prohibir a Begoña Gómez salir del territorio nacional por riesgo de fuga, lo que fue calificado literalmente como un “disparate” por no pocos juristas de reconocido prestigio. Se ha condenado al hermano del presidente por un delito que un sinfín de penalistas, de cualquier tendencia, no ven. Se ha condenado a un fiscal general del Estado tras una instrucción en la que se emplearon excepcionalísimos y desproporcionados medios de investigación para, finalmente, no acabar descubriendo nada a través de los mismos y pronunciar una sentencia en la que se le condena porque “él o alguien de su entorno”, habría filtrado datos de una investigación que ya eran públicos, y todo tras unos desafortunados comentarios off the record de dos de los magistrados que pronunciaron la condena, y que escuchó toda España. Todo ello sin descuidar un buen número de atropellos a la independencia judicial, jamás corregidos por el Consejo General del Poder Judicial, perpetrados por no pocos jueces que se dedican a opinar en las redes en términos incendiarios, grotescos, ofensivos, o simplemente sesgados, sobre los más variados temas políticos, o acerca de pronunciamientos judiciales con impacto también político.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue padeciendo los retrasos increíbles de la Justicia, citándose en algún caso a las partes para comparecer dentro de cuatro años, cuando los protagonistas del litigio pueden ya estar muertos, o a otra cosa, para su suerte. Se está aplicando a trompicones la ley de eutanasia porque la ideología de algunos colectivos ha prolongado la extensión de agonías absolutamente contrarias a la voluntad del legislador, concediendo legitimación para discutir esos procesos a quien jamás se la dio el legislador. Se ha perseguido, en democracia, a humoristas que han acabado obviamente absueltos por denuncias que hubieran debido ser inadmitidas de plano, desde un principio, y todo ello tras las molestias e inquietud propias de la investigación; hasta alguno ha pasado una noche en el calabozo.

Por su parte, los abogados sufren, asimismo, constantes discrepancias de criterio en trámites idénticos por interpretaciones sorprendentes y contradictorias de Letrados de la Administración de Justicia y de Jueces, de manera que realmente ya no saben lo que hacer y desean, no pocos de ellos, que llegue por fin la inteligencia artificial a la justicia y, al menos, gracias a sus parametrizaciones, se unifiquen de una santa vez los criterios para que uno sepa qué va a encontrarse cuando acude a los tribunales, y también para que le pueda hacer a su cliente una previsión mínimamente razonable de cómo va a acabar su caso, sin tener que estar pendiente de sorpresivos cambios de criterio o hasta de arbitrariedades provocadas por el exceso de trabajo, así como el consecuente hastío y superficialidad en el enjuiciamiento que provoca tener que navegar entre una marea incontenible de asuntos, resolviendo como se puede y al ritmo que se puede.

Cuesta creer que nada de ello estuviera, no en la cabeza de la presidenta, que a buen seguro lo estaba, sino más bien en el acervo argumental que debe exhibir la institución, es decir, la presidencia, en ocasiones tan señaladas, más que nada para que la ciudadanía no se quede pensando que a nadie –con poder para cambiar las cosas– le importan los desastres enumerados. Y todo ello sin poner en cuestión, por descontado, el criterio de cada juez, sino simplemente apelando a que se corrijan lo que no son sino evidentes disfunciones completamente inaceptables para cualquier observador.

Ojalá el próximo discurso, sea el de apertura del año judicial o sea el que fuere, recoja la realidad de lo que se está viviendo y se apunte a soluciones, y no se ocupe el espacio más extenso del discurso para lanzar reprimendas a los mensajeros. Si a la ciudadanía y sus representantes ya no les va a quedar ni la libertad de expresión…