¿Qué haría el PP con la Seguridad Social?
Durante varias décadas, desde el inicio de nuestra actual democracia, en las campañas electorales los partidos políticos presentaban un documento que se llamaba programa electoral, a través del cual exponían las medidas que adoptarían en las diversas materias. Se presentaba y difundía de forma amplia como una forma de compromiso público ante la ciudadanía, al tiempo que los medios de comunicación los comentaban con profusión, con comparativas entre las diversas propuestas de cada candidatura. Todo esto ha desaparecido por completo: primero, por una actitud recelosa y descreída de la población, ante los reiterados incumplimientos de lo prometido; segundo, por una progresiva relegación a la marginalidad de los programas electorales por parte de los partidos políticos, hasta el punto que los diversos candidatos dejan de mencionarlos en sus declaraciones públicas e incluso es muy probable que ni siquiera sepan que dicen sus documentos, si es que existen.
Y, sin embargo, habría que recuperar la importante función que deben tener los programas electorales, porque constituyen la garantía de que en la campaña electoral se debate sobre los contenidos de las diferentes políticas públicas, con conocimiento real de la posición de cada uno y no por vía de interpretaciones de declaraciones públicas, que al final se las lleva el viento. La ausencia de los programas que permitan un debate de contenidos no es sólo resultado de la pereza de los partidos, sino de una intencionada voluntad de evitar que se hable sobre los asuntos de fondo de las políticas públicas que van a adoptar y, de este modo, sentirse más libres de futuro. Especialmente importante desde esta perspectiva son los programas electorales o documentos políticos de los partidos políticos que se encuentran en la oposición, dado que respecto de quienes están en el Gobierno se tiene constancia fiel de lo que han hecho durante las dos últimas legislaturas y se presupone que su actuación lo va a ser en la misma línea.
Esto es precisamente lo que está sucediendo con el debate que se ha producido en los últimos tiempos en torno a las declaraciones contradictorias de miembros del Partido Popular acerca de cuáles son sus intenciones respecto de las pensiones públicas. A nadie se le ha ocurrido comprobar si el Partido Popular tiene a estas alturas programa para las próximas elecciones generales y, en su caso, qué dice sobre el futuro de la Seguridad Social. Por mucho que he buscado, no lo he localizado. Incluso si existe algo, es bastante probable que sus máximos dirigentes si se les pregunta lo desconozcan, dado que no han hecho ninguna referencia a la existencia de documento alguno. Y, sin embargo, el Partido Popular elaboró una importante ponencia política para su Congreso Nacional de julio de 2025, que es aconsejable traer al debate público, porque es la forma más consistente de ponerle ante su espejo. Eso sí, esa ponencia política dice poco, mencionando las pensiones de pasada. Más aún, lo hace de forma incomprensible dentro de un apartado sobre la política institucional, donde se viene a afirmar que las instituciones democráticas “han sido violentadas”, lo que poca relación parece que tenga con la Seguridad Social. En todo caso, lo que se afirma en ese documento de forma contundente es que “el inmovilismo no es la solución” y que “España tiene la obligación de acometer reformas estructurales para garantizar los servicios públicos”, mencionando entre ellos a “las pensiones”; si bien de nuevo confusamente, con apelación a la “competitividad de la economía”, que no se sabe si con eso se está dando a entender que se consideran muy elevadas las cotizaciones a la Seguridad Social y ello repercute negativamente sobre la competitividad de las empresas. Los hechos al final son lo que cuenta y conviene recordar que el Partido Popular votó en contra del establecimiento de la cotización adicional temporal a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
En todo caso, si el Partido Popular afirma que se tienen que realizar reformas “estructurales” será porque se piensa que el sistema público de Seguridad Social presenta graves problemas y dificultades. Ello es lo que queda, por mucho que posteriormente diferentes portavoces del Partido Popular, incluido el propio Núñez Feijóo, se hayan corregido, afirmando que van a garantizar la revalorización anual de las pensiones conforme a la inflación y la sostenibilidad de las pensiones públicas. Sin embargo, ello no lo han volcado en ningún documento público propio de un programa electoral, que al final es lo que queda reflejado en firme. En este tipo de declaraciones lo que más cuenta y lo que más debe calar son las declaraciones públicas iniciales expresadas por propia iniciativa y sin condicionante previo, que son las que se expresan de manera más libre. Y éstas han sido que el sistema público va “a petar”, que va a “colapsar”, que el Airef ha valorado que el actual sistema público de pensiones no resulta sostenible (cosa que, por cierto, sin poder entrar en detalles no es en modo alguno correcto).
Es decir, se tira la piedra y se esconde la mano, dando a entender que el modelo actual no funciona, pero sin llegar a decir qué medidas se pretenden adoptar. A veces las palabras las carga el diablo, porque incluso en las últimas declaraciones que pretenden tranquilizar a los pensionistas, porque perciben que tienen el riesgo de perder una importante bolsa de electores, afirman que pretenden crear un sistema público “viable”, con lo que de nuevo subliminalmente se viene a indicar el actual no lo es. Por tanto, se confirma que piensan que va a ser necesario adoptar “reformas estructurales” que, cuando no se dicen cuáles van a ser, uno se teme que lo sea reduciendo el gasto en pensiones públicas, dado que es claro que no son partidarios de actuar sobre las cotizaciones y, si son coherentes, lo lógico sería que eliminasen la cotización establecida por el mecanismo de equilibrio intergeneracional (MEI).
El Partido Popular, para reforzar su corrección pública en las últimas declaraciones, afirma que la defensa pública de las pensiones es un valor “innegociable”, lo que se presenta como un mensaje dirigido al contraste con las posiciones de Vox. Las posiciones de Vox sí que son mucho más claras y contundentes, en el sentido de reforzar los sistemas privados de pensiones, como medida complementaria a la reducción de la tasa de cobertura de las pensiones públicas: reducir la cuantía de las cotizaciones sociales y recortar la cuantía de las pensiones públicas para beneficiar el negocio privado. El problema para el Partido Popular es que se parte de que, si obtienen unos buenos resultados electorales, gobernarán y negociarán las medidas de Gobierno con Vox y es difícilmente creíble que la Seguridad Social sea innegociable. Basta con remitirse a las negociaciones para conformar los Gobiernos autonómicos de coalición entre PP y Vox: lo que inicialmente se presentaba como innegociable al final lo acabó siendo. Y estas negociaciones al final pueden constituir una fácil excusa para desdecirse de lo que en estos momentos están afirmando en relación con la defensa del actual modelo de Seguridad Social pública, cuando en el fondo ellos mismos sólo lo comparten por motivos estrictamente electorales.
Al final, blanco y en botella, por mucho que se intente ocultar en campaña electoral.